Milei ordenó acelerar el proceso de privatización de 59 empresas estatales.
El Presidente busca reducir la intervención estatal con un plan que incluye la privatización, concesión o cierre de compañías en un proceso que podría completarse en menos de un año.
El presidente Javier Milei ordenó acelerar el proceso de privatización de 59 empresas estatales, en un esfuerzo por reducir la intervención nacional en áreas estratégicas de la economía y eliminar lo que su gobierno considera "fuentes de ingresos para políticos corruptos".
Entre las empresas bajo análisis figuran: Aerolíneas Argentinas, Intercargo, ARSAT, AySA, ENARSA, Fabricaciones Militares, Banco Nación y Banco Hipotecario.
Estas compañías podrían ser privatizadas, transformadas o cerradas, según se determine su viabilidad y atractivo para inversores.
El proceso está siendo liderado por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, dirigida por Diego Martín Chaher, con un equipo de 30 profesionales que ya están evaluando el futuro de cada empresa.
La política de privatización de Milei no es nueva en Argentina, pero sí es la más ambiciosa en décadas. Se plantea como una solución para modernizar y hacer más eficiente el aparato estatal, basándose en la premisa de que muchas empresas, aunque actualmente rentables, corren el riesgo de volverse deficitarias si permanecen bajo control público. El gobierno determinó tres fases para el proceso de privatización: definición, preparación y ejecución, las cuales se espera que se completen en un plazo de 6 a 8 meses.
Una de las empresas más delicadas en este plan es Aerolíneas Argentinas. Si bien no se prevé una privatización total a corto plazo, ya se evalúan posibles transferencias de áreas específicas, como los servicios de tierra o parte de la flota. Además, se inició un diálogo con la provincia de Córdoba, interesada en la flota de Embraer para crear una aerolínea provincial.
Por otro lado, ARSAT busca privatizar hasta el 49% de su capital para 2025, mientras que AySA podría atraer a un operador internacional que gestione la empresa y, potencialmente, abra su capital en la Bolsa.
El gobierno planteó seis posibles destinos para las empresas estatales: privatización mediante una Oferta Pública Inicial (IPO), concesión, transformación, cesión a las provincias, cierre o asociación con socios estratégicos. Cada empresa se evaluará caso por caso, considerando su viabilidad económica y las oportunidades de negocio para inversores privados.
El equipo del Presidente sostiene que las privatizaciones no solo evitarán futuros déficits, sino que también generarán importantes ingresos al Estado a través de la venta de activos y la apertura de capital. Aunque el proceso enfrenta desafíos, especialmente en sectores sensibles como el de Aerolíneas Argentinas, las autoridades confían en que la gestión privada traerá eficiencia y modernización a las empresas, optimizando recursos y reduciendo el gasto estatal en subsidios. Se espera que las decisiones finales sobre el futuro de estas 59 empresas sean anunciadas progresivamente en los próximos meses.
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