El presidente de la Asamblea Nacional instó a la Casa Rosada a "respetar los principios que se establecen para el derecho de asilo y la no injerencia en los asuntos políticos del país en donde están representados". La respuesta de la canciller Mondino
El jefe del comando de campaña del presidente venezolano Nicolás Maduro y presidente de la Asamblea Nacional de mayoría chavista, Jorge Rodríguez, denunció el jueves que los opositores acogidos en la embajada argentina en Caracas estarían vinculados con una presunta trama para generar violencia, aunque no presentó pruebas para respaldar las acusaciones, en medio de una tensa campaña hacia las elecciones presidenciales de julio.
“Es inaceptable, es inconcebible que, desde la embajada argentina, la señora Magalli Meda (ex jefa de campaña de la opositora María Corina Machado) está coordinando la violencia”, dijo Rodríguez en declaraciones a la prensa. Aseguró además que desde el edificio diplomático se dan instrucciones para organizar manifestaciones, entre “otras acciones violentas” antes y después de las elecciones del 28 de julio, día de los comicios.
En marzo, la fiscalía general de Venezuela ordenó la aprehensión de nueve opositores. Seis de ellos se refugiaron en la casa del embajador argentino en Caracas tras ser acusados por el gobierno de cometer actos de violencia para desestabilizarlo. Entre quienes están en la sede diplomática se encuentran la ex jefa de campaña y mano derecha de la opositora María Corina Machado y otros militantes de Vente Venezuela, la organización política fundada por Machado, además de un político vinculado al también opositor Juan Guaidó.
Los señalamientos del gobierno venezolano llegan casi en simultáneo con el discurso de la canciller Diana Mondino en la Organización de Estados Americanos (OEA), en donde la funcionaria dijo, en referencia al acogimiento de los colaboradores de Machado en la sede diplomática, que “no debería haber medias tintas”. “Se debe denunciar y actuar”, afirmó.
Mondino señaló además que la Argentina “ha solicitado reiteradamente al gobierno de Venezuela el otorgamiento de correspondientes salvoconductos para permitir la salida del país de todos los asilados”. “Aún no hemos tenido respuesta favorable de las autoridades venezolanas. Continuaremos peticionando”, dijo la canciller.
En los últimos seis meses, casi cuatro decenas de personas han sido detenidas acusadas de distintas presuntas tramas conspirativas.
El gobierno de Javier Milei concedió a seis opositores venezolanos la condición de asilados políticos. Desde entonces, los gobiernos de Caracas y Buenos Aires han estado negociando sus salvoconductos para salir del país.
“Nosotros aquí conminamos a la embajada argentina en Venezuela acerca de si va a respetar los principios que se establecen para el derecho de asilo y la no injerencia en los asuntos políticos del país en donde están representados”, manifestó Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de mayoría oficialista, sin presentar pruebas ni dar más precisiones.
“El pueblo de Venezuela puede estar tranquilo” que “esos planes los vamos a desmontar”, agregó, en referencia a las supuestas intenciones de los opositores de generar violencia.
En los últimos seis meses, el gobierno de Maduro ha denunciado varias conspiraciones en su contra, así como contra miembros de su círculo íntimo y supuestos planes para atacar instalaciones civiles y militares, con el objetivo, según el gobierno, de desestabilizar el país.
Además de la detención de opositores, el proceso electoral ha sido cuestionado por el bloqueo a la postulación de María Corina Machado, quien fue inhabilitada para ejercer cargos públicos por 15 años justo cuando anunció su candidatura presidencial unitaria de la oposición en unas primarias. Machado ganó las primarias con más del 90% de los votos en octubre pasado. Sin embargo, tras una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el gobierno, que ratificó su inhabilitación política, Machado no pudo registrar su candidatura, pese a no haber sido sometida a juicio alguno.
En Venezuela, la inhabilitación política es una pena accesoria que se aplica cuando existe una sentencia judicial firme por un hecho punible, determinando que hubo abuso de poder o del cargo, entre otros casos. Los críticos de los gobiernos de Maduro y su predecesor, el fallecido Hugo Chávez, denuncian que la inhabilitación ha sido usada como un arma política contra opositores.
En marzo, Machado nombró a su sustituta, la exacadémica Corina Yoris, quien también fue vetada. Cuatro días más tarde, la coalición opositora eligió e inscribió al exdiplomático Edmundo González, de 74 años, respaldado por Machado, quien continúa recorriendo el país para promover su candidatura. Según varias encuestas, González lleva una amplia ventaja en la intención de voto.
De acuerdo con organizaciones no gubernamentales, más de una decena de dirigentes del partido político de Machado, Vente Venezuela, han sido detenidos.
El Foro Penal, una organización no gubernamental de defensa de derechos humanos y asistencia legal, ha denunciado una serie de detenciones en el país sudamericano. La organización registraba hasta el 17 de junio 282 presos políticos, de los cuales 137 no han sido declarados culpables.
El entendimiento fue firmado por el secretario general de la entidad gremial, Armando Cavalieri, y representantes de las tres cámaras empresariales.
