El Súper RIGI no avanza.
La Libertad Avanza desayunó este miércoles nuevos y sorpresivos reclamos para incorporar en el Súper RIGI, por lo que no se pudo dictaminar aún.
El oficialismo volvió a encontrarse con un obstáculo en el Senado para avanzar con el Súper RIGI. Pese a las negociaciones encabezadas por Patricia Bullrich, distintos bloques aliados amanecieron con nuevos planteos y el plenario de comisiones no logró este miércoles emitir dictamen.
Los acuerdos tejidos ayer, hoy aparecieron deshilachados y el oficialismo se enteró horas antes de la reunión. El radical Maximiliano Abad, el peronista disidente Carlos “Camau” Espínola y el jefe del bloque PRO, Martín Goerling, reclamaron cambios en el régimen de proveedores nacionales: pidieron establecer que un proveedor nacional pueda ser elegido aun cuando su oferta sea hasta un 15% más cara que la de un proveedor extranjero
"Lo pidieron individualmente y va en contra de nuestra idea. Tenemos que hablarlo con el Ministerio de Economía, pero no lo veo tan fácil", reconoció Bullrich. Entonces, lanzó: "Si el Súper RIGI tiene tanto problema, nos quedamos con el RIGI y listo". Esta frase no fue improvisada; la repitió por lo menos tres veces con la voz cansada, debido a la cantidad de idas y vueltas entre los despachos de los dialoguistas y el Gobierno, que poco quiere ceder.
La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de Diputados, quedó nuevamente trabada por los reclamos de los bloques aliados. Nación ya había aceptado incorporar dos cambios aunque eso significara que volviera a Diputados para su revisión. Este miércoles, el PRO, la UCR y sectores del peronismo no kirchnerista exigieron mayores precisiones para garantizar la participación de proveedores nacionales en los grandes proyectos de inversión.
"En realidad, si es por ellos preferirían hasta un 30% de diferencia de precio, pero saben que ya es tirar mucho de la cuerda. Al Gobierno no le hace ninguna gracia, ya no lo ven atractivo al proyecto así", mencionó una fuente que frecuenta los pasillos del Palacio Legislativo y siguió en silencio el debate. La iniciativa se lanzó para su firma, pero hasta no incorporar este 15% en disputa no se levantarán las lapiceras.
El oficialismo viene teniendo gestos con sus aliados para mantener firme la relación. Un ejemplo es permitir que avancen proyectos como el Régimen de Incentivo a las Inversiones Regionales (RIIR) del radical Eduardo Vischi, o la regulación del mercado del carbono, impulsado principalmente por salteños y misioneros.
Uno de los artículos más discutidos del proyecto establece que las inversiones alcanzadas por el régimen deberán asumir un compromiso de contratación de proveedores locales equivalente, como mínimo, al 20% del monto destinado a proveedores. El senador libertario que preside la comisión de Presupuesto, Agustín Monteverde, leyó este cambio aceptado pero, aún así, encendió las alarmas porque los aliados consideran que podría favoreciendo la importación. Pidieron, de este modo, reescribir el punto.
Asimismo, exigieron que esa obligación no quede concentrada exclusivamente en servicios y mano de obra local, sino que también contemple la adquisición de bienes y equipos producidos en el país.
El otro punto de discusión que el oficialismo aceptó está relacionado con los data centers, o centros de datos. El planteo de los aliados es que los grandes proyectos que demanden volúmenes extraordinarios de energía tengan que avanzar con sistemas propios de generación o abastecimiento eléctrico, de manera de evitar que su incorporación a la red termine sobrecargando la infraestructura existente.
El oficialismo todavía mantiene la intención de llevar el Súper RIGI al recinto durante septiembre. La fecha tentativa ya no es el jueves 10, y quizás tampoco el 17. Primero deberá conseguir el dictamen y cerrar definitivamente el texto con los bloques que podrían acompañarlo.
Por ahora, el proyecto que el Gobierno quería acelerar para atraer inversiones por más de US$1.000 millones volvió a quedar atrapado entre la negociación parlamentaria y la firmeza de Caputo. No es el único, pues cuestiones como los biocombustibles también son un tema trabado que deberá aceptar las propuestas de -más precisamente- radicales y peronistas.
El Presidente utilizará ese argumento en la cadena nacional del jueves. El Gobierno buscará "subirse" a la pelea entre Estados Unidos e Inglaterra.
El Gobierno, a modo de agradecimiento, le está abriendo paso a iniciativas de sus aliados parlamentarios. Las tres propuestas del PRO que se aprobarán este año.
Acuerdo en negociación. YPF busca que TotalEnergies sea el comprador (offtaker) del combustible de aviación sostenible que produciría en la refinería de San Lorenzo, Santa Fe.
U$S 500 millones de inversión. El proyecto busca transformar la refinería en una biorrefinería para producir SAF y HVO, y sería presentado al RIGI.
Cambio de escala. El proyecto incluye a Santa Fe Bio, sociedad que YPF comparte en partes iguales con Essential Energy Holdings. La incorporación de TotalEnergies podría acelerar la inversión y ampliar la capacidad de producción.
Una apuesta exportadora. TotalEnergies es uno de los principales productores europeos de SAF y proyecta producir más de 500.000 toneladas anuales en 2028. El proyecto de San Lorenzo podría posicionar a Argentina en un mercado de combustible sostenible para aviación con demanda creciente.
Periodista y director de El Observador 107.9
