Luego de la decisión tras la sentencia de la Cámara de Casación contra Cristina Kirchner, el Gobierno avanza con la quita de privilegios a otros ex funcionarios condenados, incluyendo la pensión de Amado Boudou, ex vicepresidente y ministro de Economía, entre otros cargos
¿Qué llevó al Gobierno a revisar las jubilaciones de privilegio de exfuncionarios?
El Gobierno decidió intervenir en los beneficios de pensión y jubilación de privilegio para exfuncionarios condenados luego de confirmarse la sentencia contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. La medida responde a la intención de no destinar fondos públicos a exfuncionarios involucrados en actos de corrupción, argumentando que estos beneficios contradicen la naturaleza de “honor y mérito” exigida para recibir la asignación.
¿Qué establece la Ley 24.018 sobre los beneficios de privilegio para exmandatarios?
La Ley 24.018, que otorga pensiones y jubilaciones a expresidentes, exvicepresidentes y otros funcionarios, especifica que estos beneficios se otorgan de manera “extraordinaria” como reconocimiento a la integridad y mérito en el desempeño público. Como no son prestaciones contributivas —es decir, no provienen de aportes directos de los beneficiarios—, su continuidad está sujeta a la conducta pública de quienes lo perciben. En casos de condenas judiciales, el Poder Ejecutivo considera que los implicados pierden el derecho a estos privilegios.
¿Cuál es la situación de Amado Boudou y cómo se aplicará la medida en su caso?
Amado Boudou, quien fue vicepresidente entre 2011 y 2015 y ministro de Economía, fue condenado en 2020 a 5 años y 10 meses de prisión por el caso Ciccone, que involucra delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con su función. A pesar de estar bajo prisión domiciliaria, Boudou percibe actualmente una pensión vitalicia de aproximadamente $6,8 millones mensuales, beneficio que el Gobierno ahora planea retirar por incumplir con los principios de la Ley 24.018.
¿Qué otras jubilaciones podrían verse afectadas por esta nueva normativa?
Además de Boudou y Fernández de Kirchner, el Gobierno está evaluando la situación de otros exfuncionarios condenados por delitos de corrupción. Entre ellos, figura Zulema Yoma, exesposa del expresidente Carlos Menem, quien también percibe una pensión. Menem, condenado en 2015 a 4 años y 6 meses por pagos indebidos a funcionarios, podría ser otro caso que el Gobierno revise, dado que el fallo contra él es definitivo.
¿Qué dijo el Gobierno respecto a las posibles repercusiones legales de esta medida?
El vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo que esta decisión busca restaurar “sentido común y cordura” en la gestión pública y anticipó que el Gobierno está preparado para afrontar las apelaciones legales que pudieran surgir de los afectados. El propio presidente Javier Milei respaldó la medida con la frase “El que las hace, las paga”, en una publicación en la red social X, dejando en claro que el Estado no financiará pensiones a exfuncionarios condenados.
¿Cuál es el trasfondo de la causa Ciccone y cómo impactó en la carrera de Boudou?
La causa Ciccone, que involucra la compra de la imprenta Ciccone Calcográfica por parte de la empresa pantalla The Old Fund, terminó con la condena de Boudou por corrupción y la orden de su detención. La Corte Suprema de Justicia confirmó su sentencia en 2020, luego de rechazar varios recursos presentados por el exvicepresidente. El caso significó la inhabilitación de Boudou para ejercer cargos públicos de por vida y marcó un antecedente importante en el contexto de juicios a funcionarios de alto nivel en Argentina.
En los próximos días, el Ministerio de Capital Humano avanzará con la verificación y anulación de las jubilaciones de privilegio de los exfuncionarios con condenas definitivas, comenzando con la de Amado Boudou. Es posible que otros exfuncionarios que se encuentren en situación similar también pierdan estos beneficios, y se espera que, en caso de presentarse apelaciones judiciales, el Gobierno defienda esta decisión alegando el cumplimiento de la Ley 24.018.
El Ejecutivo busca que esta medida establezca un nuevo estándar en la asignación de recursos públicos, mostrando que aquellos condenados por corrupción no recibirán beneficios vitalicios pagados por el Estado. Los resultados de esta decisión y sus eventuales desafíos en los tribunales determinarán si el retiro de pensiones a exfuncionarios se convierte en una política permanente en Argentina.
La administración de Javier Milei comunicó este jueves la medida y se basa en el doble conforme que dio Casación a la condena en la causa Vialidad.
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