Hugo "el Pollo" Carvajal, ex jefe de inteligencia militar de Hugo Chávez
Guido Antonini Wilson
Nicolás Maduro y Jorge Taiana
Hugo Carvajal, exjefe de inteligencia de Hugo Chávez, está a punto de declarar ante la justicia estadounidense sobre cómo Venezuela financió campañas políticas en la región, incluida la de Cristina Kirchner en 2007.
Hugo Armando Carvajal Barrios, conocido como "el Pollo", exjefe de la inteligencia militar venezolana, se declaró culpable el pasado 25 de junio de cuatro cargos relacionados con narcotráfico y narcoterrorismo ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Ahora, a días de su sentencia programada para el 29 de octubre, el exmilitar está colaborando con las autoridades estadounidenses y, según reveló la periodista Teresa Gómez del diario español The Objective, promete entregar documentación sobre una cuestión sensible: el posible financiamiento ilegal de distintos partidos de izquierda en países de América Latina a cargo del régimen de Hugo Chávez en Venezuela. Entre ellos y en particular, la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner en 2007.
La información, publicada originalmente por Gómez en The Objective, fue analizada en un segmento del canal La Nación+ por la periodista Cristina Pérez y Agustín Antonetti, de la Fundación Libertad, quienes dialogaron en vivo con la española. Según Gómez, Carvajal no sólo está dispuesto a testimoniar sobre el financiamiento político internacional del chavismo, sino que está recabando pruebas documentales para respaldar sus declaraciones. "Me consta que el Pollo Carvajal incluso está actualmente en comunicación directa con la persona encargada de entregar ese millón de euros hasta en 21 ocasiones para los Kirchner", afirmó Gómez durante la entrevista televisiva.
El caso cobra especial relevancia en Argentina a pocos días de las elecciones legislativas, dado que Jorge Taiana, canciller durante la época en que ocurrieron los hechos investigados, es actualmente candidato a diputado nacional por Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires.
El escándalo estalló el 4 de agosto de 2007, cuando Guido Antonini Wilson aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery en un vuelo privado facturado a la empresa Enarsa con 800.550 dólares en efectivo. El caso derivó en la condena de Claudio Uberti, funcionario cercano a Julio De Vido, a 4 años y 6 meses de prisión, junto con agentes aduaneros involucrados, aunque figuras como el propio De Vido y Ricardo Echegaray, entonces titular de la AFIP, no fueron alcanzados.
Pero según documentos confidenciales de la declaración de Carvajal ante la Audiencia Nacional española en 2021, a los que tuvo acceso The Objective, ese vuelo interceptado era apenas la punta del iceberg. "Lo que no se supo es que ese era su vuelo número 21, con 20 entregas previas de 1 millón de dólares cada una completadas sin problemas, ya que pagaban a funcionarios del aeropuerto argentino que los dejaban pasar sin ningún inconveniente", afirma el documento. Si el testimonio es preciso, se trataría de 21 millones de dólares trasladados desde Venezuela hacia Argentina.
Teresa Gómez reveló además un detalle inédito sobre por qué fue interceptado justamente el vuelo 21. Según explicó en La Nación+, "un directivo de PDVSA que trabajaba para el SEBIN (el servicio secreto venezolano) y que estaba a las órdenes del Pollo Carvajal tuvo un retraso a la hora de entregar ese dinero" debido a un problema personal con su pareja. Ese imprevisto hizo que Antonini Wilson llegara sin el apoyo logístico habitual, permitiendo la detección del efectivo.
Cristina Pérez consultó con fuentes de la DEA sobre el proceso de colaboración de Carvajal y explicó en el programa: "El hecho de que la sentencia no salió y todos los movimientos que tiene este caso indican que es un activo colaborador. Si es colaborador, la colaboración se lleva adelante en reuniones con especialistas que van recabando información y se produce antes de la sentencia. En esas entrevistas sí o sí tiene que proveer información válida e información que tenga pruebas".
El propio Antonini Wilson, quien colaboró con el FBI, declaró ante autoridades estadounidenses que el dinero estaba destinado a la campaña de Cristina Kirchner. En un video de su testimonio, fue explícito: "El dinero era de PDVSA, de Venezuela. ¿Y hacia dónde iba el dinero? El dinero iba para la campaña presidencial de la actual presidente Cristina de Kirchner". También confirmó haber estado en la Casa Rosada después de que el dinero fuera incautado. Dos meses después del escándalo, el 28 de octubre de 2007, Cristina Kirchner fue elegida presidenta por primera vez.
Jorge Taiana, canciller tanto durante el gobierno de Néstor Kirchner como en el de Cristina Kirchner, tuvo un papel central en el manejo político del escándalo. Según recordó Antonetti, Taiana pidió la extradición de Antonini Wilson desde Estados Unidos, pedido que no prosperó porque el empresario ya colaboraba con el FBI. Además, Taiana caracterizó el caso como "una operación de inteligencia de los Estados Unidos para romper las relaciones con Venezuela y Argentina".
La figura de Taiana cobra relevancia actual porque es candidato a diputado por Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires y porque hace pocos días afirmó que Venezuela "no tiene una dictadura" sino "un sistema democrático que me parece que tiene una serie de fallas y tiene cierto carácter autoritario en algunos casos", una postura que contrasta con el reconocimiento internacional del régimen de Nicolás Maduro como dictadura y con el reconocimiento con el Premio Nobel de la Paz a la activista opositora María Corina Machado.
Según la declaración de Carvajal ante la justicia española, a la que tuvo acceso The Objective, el exjefe de inteligencia afirmó: "El Gobierno venezolano ha financiado ilegalmente movimientos políticos de izquierda en el mundo durante al menos 15 años". La lista de supuestos beneficiarios incluye, además de los Kirchner, a Evo Morales en Bolivia, Lula da Silva en Brasil, Fernando Lugo en Paraguay, Ollanta Humala en Perú, Manuel Zelaya en Honduras, Gustavo Petro en Colombia, el Movimiento Cinco Estrellas en Italia y Podemos en España.
Según explicó Gómez, Carvajal espera una condena de aproximadamente 20 años de prisión, aunque calcula cumplir entre 3 y 4 años gracias a su colaboración. La sentencia del 29 de octubre dirá si efectivamente Carvajal obtuvo una reducción de pena por su colaboración y si las autoridades estadounidenses consideran que la información aportada tiene suficiente solidez probatoria. De confirmarse, el caso podría reabrir investigaciones judiciales en Argentina y otros países sobre el financiamiento ilegal de campañas políticas con fondos del régimen chavista.
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