Este miércoles a las 11.00, la sala IV de la Cámara Federal de Casación resolverá si le confirma la pena a seis años de prisión por la causa Vialidad, la agrava a 12 años de cárcel o la absuelve
El martes 6 de diciembre de 2022 desde su despacho en el Senado de la Nación, la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner escuchó el dictado de la primera condena en su contra al término del juicio oral en la causa Vialidad: seis años de prisión.
Este miércoles a las 11.00 en la sala de audiencias B de la planta baja de Comodoro Py 2002 -la misma en la cual se leyó ese veredicto hace casi dos años- la sala IV de la Cámara Federal de Casación hará público su fallo en relación a las apelaciones de esa decisión: resolverá si confirma esa pena, la agrava a 12 años de cárcel como reclama la fiscalía o la absuelve en sintonía con el pedido la defensa, consignó la revista Quorum.
Durante esta causa se debatió el direccionamiento del 80 por ciento de la obra pública vial nacional en Santa Cruz a favor de empresas del también condenado Lázaro Báez entre 2003 y 2015 como parte de una “maniobra” de integrantes “de las más altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional” para asegurarse un “beneficio económico”, según la acusación fiscal.
El Tribunal Oral Federal 2 impuso también inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.
La decisión está en manos de los camaristas Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña.
El juicio por el direccionamiento de la obra vial pública nacional a favor del también condenado empresario Lázaro Báez, dueño de “Austral Construcciones”, se inició en 2019, atravesó la pandemia del Covid 19, se suspendió cuatro meses y fue uno de los primeros en retomarse con un sistema semi virtual que siguió hasta el final.
Duró tres años, tuvo 117 audiencias y declararon 114 testigos.
El eje de la sentencia pasó por la condena unánime de los jueces Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu en relación al delito de “administración fraudulenta” agravada por ser en perjuicio de la administración pública para la ex Presidenta, Lázaro Báez, el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y el ex secretario de Obra Pública José López.
Pero había otra figura penal impulsada por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, la asociación ilícita, que podía duplicar la pena impuesta.
En ese sentido no hubo acuerdo y por dos a uno con disidencia de Basso se absolvió a todos los acusados por este delito.
Este aspecto despierta una de las mayores expectativas vinculadas a la sentencia que se leerá este miércoles 13 de noviembre.
En las audiencias ante Casación para fundamentar las apelaciones, el fiscal ante esa instancia Mario Villar mantuvo la pretensión de los fiscales de juicio y reclamó condenar a 12 años de prisión a la ex Presidenta y sumar la figura de asociación ilícita.
Otro aspecto pasará por la confirmación -o no- de la absolución que se dictó en el juicio al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido.
La decisión se conocerá en un edificio con seguridad reforzada y doble vallado ante los anuncios de actos convocados por organizaciones en apoyo a la ex Presidenta y en denuncia del supuesto “lawfare” judicial en su contra.
Lo que resuelva el miércoles el máximo tribunal penal federal del país será apelable ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo cual las eventuales penas a prisión no comenzarán a cumplirse en lo inmediato.
El primer paso será la presentación de un recurso extraordinario por parte de quienes no estén conformes, que evaluará la misma sala de Casación. Si se concede el expediente pasará al máximo tribunal del país.
Si se rechaza, a las partes les quedará ir en queja directa a la Corte y ese tribunal, sin plazos, evaluará si abre esa instancia o la desestima. Recién entonces podrá considerarse firme la condena y comenzar a ejecutarse.
Los condenados en el juicio son Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, José Francisco López, Nelson Periotti, Mauricio Collareda, Juan Carlos Villafañe, Raúl Osvaldo Daruich, Raúl Gilberto Pavesi y José Raúl Santibáñez, a penas de entre tres y seis años de prisión por el desvío de fondos e irregularidades en la asignación de la obra pública en esa provincia del sur argentino.
El TOF2 absolvió a Julio De Vido, Abel Fatala y Héctor René Garro.
Los jueces ordenaron además el decomiso de $84.835.227.378,04 (casi 85 mil millones de pesos).
Los camaristas señalaron que “el planteo recusatorio resulta improcedente para habilitar el apartamiento pretendido, toda vez que se sustenta en cuestiones ajenas a los hechos de este proceso”.
El entendimiento fue firmado por el secretario general de la entidad gremial, Armando Cavalieri, y representantes de las tres cámaras empresariales.
