La firma del convenio con Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos
Guillermo Francos firmó convenios para el traspaso de obras públicas con los gobernadores de Entre Ríos, Jujuy y Chaco
Los gobernadores Rogelio Frigerio, Carlos Sadir y Leandro Zdero representaron a sus provincias en estos encuentros
Guillermo Francos, jefe de Gabinete, y Lisandro Catalán, el secretario del Interior, mantuvieron esta mañana diversas reuniones en Casa Rosada con los gobernadores de Jujuy, Entre Ríos y Chaco. El propósito de estos encuentros fue la firma de convenios para el traspaso de 80 obras públicas desde la Nación hacia las provincias.
En este contexto, Guillermo Francos explicó que, en colaboración con el Ministerio de Economía, la Secretaría de Obras Públicas y los gobernadores, se acordó la distribución de responsabilidades en relación con la continuación de ciertas obras. Algunas de estas obras seguirán bajo la responsabilidad del Gobierno Nacional, mientras que otras estarán a cargo de las provincias.
El saludo de Leandro Zdero, gobernador de Chaco, con Guillermo Francos
La autonomía y responsabilidad de los estados provinciales son aspectos fundamentales para el Gobierno, y esto se alinea con un compromiso de campaña asumido por el presidente Javier Milei. Durante los últimos meses, se han mantenido conversaciones con los mandatarios provinciales para avanzar en esta dirección.
Primeros convenios de traspasos
Los convenios de traspaso de obras firmados son los primeros entre el Gobierno nacional y las administraciones provinciales. Esto ocurre en un contexto de emergencia pública y fiscal en el país. Estos acuerdos establecen un marco para la distribución de responsabilidades financieras y de ejecución entre la Nación y las provincias, con el objetivo de optimizar la gestión y el desarrollo de las obras públicas en curso.
Guillermo Francos y Carlos Sadir, gobernador de Jujuy
Entre las obras transferidas, se destacan la construcción de Centros de Desarrollo Infantil (CDI), la terminación de hospitales, proyectos hídricos, saneamiento y mejoras urbanas, así como la construcción y mantenimiento de rutas y caminos.
Guillermo Francos subrayó la importancia de que las provincias asuman la responsabilidad de las obras que se desarrollan en su territorio. "Durante mucho tiempo, el manejo unitario del Estado centralizaba las decisiones, pero ahora se está avanzando hacia un sistema federal más sólido", aseguró.
El referente de Camioneros convocó a las regionales de la CGT para darle impulso a la manifestación contra la ley bases que se llevará a cabo frente al Senado.
Pese a las diferencias con el actual presidente mexicano, Andrés López Obrador, y el oficialismo gobernante, Cancillería cumplió con las formalidades del caso
Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.
Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.
Nuevo centro comercial en Recoleta. Prevé abrir sus puertas en los próximos meses en el predio del ex Buenos Aires Design, contando con 30.000 metros cuadrados, 110 locales y 30 propuestas gastronómicas.
Llegada de etiquetas inéditas al país. Firmas internacionales como Stella McCartney, Off-White, Golden Goose, Palm Angels, Scotch & Soda, Dsquared2 y Mandarina Duck tendrán por primera vez locales en la Argentina.
Moda automotriz y un esperado regreso. Maserati estrenará un espacio exclusivo destinado a su línea de indumentaria y accesorios, mientras que la firma francesa de trajes de baño Vilebrequin volverá a operar en el país.
Impulso importador y capitales nacionales. La llegada de estas grandes marcas globales se da en el marco de la reciente apertura de importaciones, dentro de un proyecto financiado por el grupo argentino Hatzlaja.