Política

Informe: desde Cristina Kirchner a Guillermo Moreno, los 16 condenados del kirchnerismo por la Justicia (2003-2015)

La lista incluye al binomio presidencial, gobernadores y funcionarios de todo tipo de rangos. Cuáles fueron las causas y qué delitos se les comprobaron

Eugenio Palopoli

Este miércoles el Tribunal Oral Federal N°2 (TOF2) condenó a Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio, a tres años de prisión condicional y seis años de inhabilitación para cargos públicos por la acusación en la causa que investigó la manipulación de los datos del INDEC en 2006 y 2007, durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner.

De este modo, Moreno se convirtió en el 16° político kirchnerista condenado por la Justicia en causas relacionadas con el ejercicio de una magistratura nacional, provincial o municipal (presidente o vice, gobernador, intendente) o funcionario público de rangos significativos, como ministros, secretarios de Estado o directores de organismos públicos. Hay también casos especiales —y no menos relevantes— como el del empresario Lázaro Báez o la militante Milagro Sala.

En todos estos casos, las condenas abarcan actuaciones en los tres primeros gobiernos kirchneristas: el de Néstor Kirchner (2003-2007) y los dos de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011 y 2011-2015), siendo ella misma una de las condenadas y con varias otros procesos pendientes de resolución.

A continuación, un repaso exhaustivo de cada uno de ellos, con el detalle de las causas y los delitos por los que cada uno de ellos recibió una condena de un tribunal:

Tipo de causa: corrupción y malversación de fondos públicos

Lázaro Báez

Empresario cercano al kirchnerismo y dueño de Austral Construcciones, fue condenado a 12 años de prisión por lavado de dinero en la causa conocida como "Ruta del dinero K". La investigación, liderada por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan, reveló que Báez encabezaba una estructura compleja para blanquear fondos provenientes de la obra pública adjudicada durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Se descubrieron operaciones ilegales que incluían el uso de facturas truchas y la creación de empresas fantasmas para justificar millonarios movimientos de dinero. Además, su relación con los Kirchner fue clave en el esquema de corrupción. El juicio incluyó la famosa imagen de su hijo contando dinero en la financiera SGI, conocida como "La Rosadita".

Julio De Vido

Ex ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, fue condenado a 5 años y 8 meses de prisión por su responsabilidad en la tragedia de Once y por administración fraudulenta. La tragedia de Once, ocurrida en 2012, dejó un saldo de 51 muertos y más de 700 heridos tras el choque de un tren en la estación de Once, en Buenos Aires.

De Vido fue acusado de no haber controlado adecuadamente la concesión ferroviaria a la empresa TBA, permitiendo un estado de deterioro y falta de mantenimiento que derivó en el accidente. Durante su gestión, se identificaron numerosas irregularidades en la administración de fondos destinados a obras públicas y concesiones de servicios. La falta de controles adecuados y la desviación de fondos hacia empresas vinculadas a su entorno fueron parte de las acusaciones que enfrentó. Además de la tragedia de Once, De Vido ha sido procesado en otras causas por corrupción, incluyendo la compra de gas licuado y sobreprecios en la obra pública.

José López

Ex secretario de Obras Públicas, fue condenado a 6 años de prisión por enriquecimiento ilícito. Fue sorprendido intentando ocultar bolsos con 9 millones de dólares en un convento. López era responsable de asignar fondos para obras públicas y su caso expuso graves irregularidades y corrupción en su gestión.

Ricardo Jaime

Ex secretario de Transporte, fue condenado a 8 años de prisión por recibir coimas y su responsabilidad en la tragedia de Once. Sus condenas abarcan múltiples causas, incluyendo corrupción en la compra de trenes y administración fraudulenta, consolidándolo como uno de los funcionarios más corruptos del período kirchnerista.

Juan Pablo Schiavi

Ex secretario de Transporte, fue condenado a 8 años de prisión por su responsabilidad en la tragedia de Once. Se lo encontró culpable de administración fraudulenta y estrago culposo, al no haber tomado medidas para evitar el deterioro del servicio ferroviario que derivó en el fatal accidente.

Romina Picolotti

Ex secretaria de Ambiente, fue condenada a 3 años de prisión en suspenso por malversación de fondos públicos. Se la acusó de utilizar dinero del Estado para gastos personales, como viajes y comidas, reflejando un uso indebido de los recursos asignados a su función.

Nelson Guillermo Periotti

Ex director de Vialidad Nacional, fue condenado por administración fraudulenta en la causa de corrupción en la obra pública, conocida como "Vialidad". Se le atribuyó la malversación de fondos públicos y la adjudicación irregular de obras a empresas vinculadas al kirchnerismo, especialmente a Lázaro Báez.

Juan Carlos Villafañe

Ex intendente de Santa Cruz, fue condenado en la causa "Vialidad" por malversación de fondos públicos relacionados con la obra pública adjudicada a Lázaro Báez. Su actuación incluyó la aprobación de proyectos con sobreprecios y deficiencias, implicando un grave perjuicio para el Estado.

Tipo de causa: lavado de dinero y enriquecimiento ilícito

Amado Boudou

Ex vicepresidente de la Nación, ministro de Economía y director de la ANSeS, fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública en el "Caso Ciccone". Este caso reveló que Boudou, aprovechando su cargo, intervino para adquirir la imprenta Ciccone Calcográfica (autorizada a imprimir papel moneda y documentos oficiales) a través de terceros, con el objetivo de beneficiarse económicamente. La condena incluyó inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

Ricardo Echegaray

Ex titular de la AFIP, fue condenado por encubrimiento agravado y violación de deberes de funcionario público en el marco del "Caso Ciccone". Se lo acusó de proteger las operaciones irregulares que permitieron la adquisición de la imprenta por parte de Boudou y sus socios. Echegaray utilizó su posición para obstruir investigaciones y facilitar la maniobra, lo que comprometió la transparencia de la administración fiscal y la confianza en las instituciones públicas.

Tipo de causa: asociación ilícita y fraude

Cristina Fernández de Kirchner

Durante su mandato como presidenta de Argentina, se la acusó de administración fraudulenta en relación con la adjudicación de contratos de obras públicas en la provincia de Santa Cruz. La investigación se centró en la empresa Austral Construcciones, propiedad de Lázaro Báez, un empresario cercano al kirchnerismo. Se alegó que los contratos se direccionaron a esta empresa de manera irregular, beneficiando a Báez y desviando fondos públicos.

Fue condenada a 6 años de prisión por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 en la causa conocida como “Vialidad”. La sentencia la inhabilitó de por vida para ocupar cargos públicos, aunque fue absuelta del cargo de ser jefa de una asociación ilícita. De todos modos, esta condena se convirtió sin dudas en un hito en la historia judicial argentina.

Asimismo, la ex presidenta enfrenta otras causas judiciales importantes. Entre ellas se destacan "Los Sauces" y "Hotesur", por lavado de dinero a través de negocios hoteleros familiares. También está imputada en el caso "Dólar futuro" por presunto perjuicio al Estado, y en la causa "Obra pública" por corrupción en la adjudicación de contratos.

Tipo de causa: violencia y usurpación de propiedad

Milagro Sala

Líder de la organización Tupac Amaru, enfrenta varios procesos judiciales. En 2019, fue condenada a 13 años de prisión por corrupción, asociación ilícita y fraude. La condena se debió a su implicación en la malversación de fondos destinados a la construcción de viviendas sociales en Jujuy, donde se la acusó de desviar recursos y beneficiarse personalmente. Además de esta sentencia, Sala está involucrada en otras causas por delitos como abuso de poder, amenazas y violencia, que continúan en diferentes etapas del proceso judicial.

Tipo de causa: violencia de género y abuso

José Alperovich

Ex gobernador de Tucumán y senador nacional, enfrenta varias causas judiciales. En 2020, fue condenado a 4 años de prisión por corrupción en la causa "Los Intendentes", que investiga el desvío de fondos públicos destinados a obras públicas durante su gestión. La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán.

Sin embargo, el caso más relevante es la condena por abuso sexual: en 2024, fue hallado culpable de violar a su sobrina, una denuncia que data de 2019. La sentencia incluyó una pena de 9 años de prisión.

Tipo de causa: irregularidades en la gestión pública

Sergio Uribarri

Ex gobernador de Entre Ríos, enfrenta varias causas judiciales. En 2022, fue condenado a 8 años de prisión por corrupción en la causa "Causa de los Sobresueldos". La sentencia, dictada por el Tribunal Oral Federal de Paraná, se basa en el uso indebido de fondos públicos y el cobro de sobresueldos durante su gestión. Además, Uribarri está imputado en otras investigaciones por delitos similares y abuso de poder.

Felisa Miceli

Ex ministra de Economía, ha estado involucrada en varias causas judiciales. En 2007, fue condenada a 4 años de prisión por corrupción en la causa que investigó el hallazgo de una gran suma de dinero en efectivo en su despacho. La condena, dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal, se basó en los cargos de administración fraudulenta y abuso de poder, debido a la falta de justificación del origen de los fondos encontrados. Miceli también enfrentó una condena en 2015 por la causa del "robo del bolso", vinculada al mismo escándalo.

Malvinas: el Gobierno evalúa sumar la pesca al régimen de sanciones

Reunión de la mesa política del Gobierno por la cuestión Malvinas, con la participación de los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores
Presidencia
  • Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
  • Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
  • Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
  • El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
  • Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.

Motosierra en la mira: la oposición desafía a Milei en Diputados por deudas y discapacidad

Mañana se espera sesión en Diputados.
Victoria Urruspuru / El Observador
  • Sesión con quórum justo. La oposición convocó a sesionar este miércoles para emplazar y dictaminar proyectos sobre endeudamiento familiar y discapacidad. Necesitan reunir 129 presentes y estiman alcanzar los 130 diputados.
  • Estrategia libertaria. El oficialismo abrió las comisiones solicitadas y se comprometió a apoyar las iniciativas, si no generan déficit fiscal; aunque no sería suficiente para frenar la sesión.
  • Rol clave de los gobernadores. Diputados de Tucumán y Catamarca dijeron que darán quórum, pero la incógnita pasa por los de Salta y Misiones, sumados a posturas ambiguas dentro de Provincias Unidas.
  • Mensaje político a Milei. El peronismo y sus aliados buscan demostrar fortaleza frente al Ejecutivo, pese a los intentos de La Libertad Avanza por destrabar el conflicto.
  • ¿Respuesta del Gobierno? No se descartan anuncios del Gobierno hoy, tras la mesa política, para intentar desarticular la convocatoria.