La Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires tomó la decisión ante la «gravedad de los hechos» que denotarían un «incumplimiento de deberes» de la jueza Julieta Makintach
Los ministros del máximo tribunal bonaerense advirtieron que de lo evaluado hasta ahora sobre lo ocurrido se desprende «cuanto menos, una conducta alejadad de la sobriedad, la mesura y la corrección exigibles a todo servidor de este poder del Estado», advirtió la resolución a la que tuvo acceso la Revista Quórum.
La resolución, firmada por la presidenta Hilda Kogan, el vicepresidente Sergio Gabriel Torres y el ministro Daniel Fernando Soria, indica que la medida entra en vigor desde el momento de su emisión y tendrá vigencia hasta agosto próximo.
El tribunal fundamentó la suspensión en las “características inusitadas” de la participación de la jueza en un video documental referido al proceso penal, “a cuyo desarrollo debía destinar su excluyente atención”. En ese sentido, el dictamen señala que la magistrada incurrió en una conducta “alejada de la sobriedad, la mesura y la corrección exigibles a todo servidor de este poder del Estado”. Añade que esta actitud es “inconciliable con el decoro y la prudencia que impone el apego a la juridicidad” y contrasta “abiertamente con el desempeño responsable de la jurisdicción”.
La medida también dispone que se remita la causa al Procurador General para que evalúe el accionar de Makintach en el marco de la Ley N° 13.661, que regula el enjuiciamiento de magistrados.
La suspensión se da a raíz de una actuación de oficio iniciada por la Secretaría de Control Disciplinario del Tribunal, que recopiló pruebas para evaluar el desempeño de la jueza en la causa denominada “Averiguación de ilícito”, radicada en la UFI N° 1 del departamento judicial de San Isidro.
Makintach quedó en el centro de la polémica tras la difusión de varios videos en los que se la ve caminando por los tribunales de San Isidro seguida por un camarógrafo y hablando públicamente sobre el caso. Se detectó la presencia de al menos dos personas no autorizadas para presenciar los alegatos y realizar grabaciones dentro de la sala de juicio, lo que vulnera las normas procesales.
En un primer momento, la jueza negó cualquier vínculo con la productora responsable del documental, que además involucraba a su hermano. Sin embargo, las pruebas obtenidas por la fiscalía resultaron concluyentes para apartarla del proceso y proceder a su suspensión.
El letrado se refirió en detalle a las anomalías que provocaron el apartamiento de la jueza. Reclamó reiniciar el proceso con un tribunal nuevo y juicio por jurados
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