Juicio por YPF: Burford Capital pidió declarar en desacato a la Argentina y el Gobierno respondió
Los acreedores en la causa YPF aseguran que el Gobierno incumplió en la entrega de información y piden que se aplique una multa de US$1 millón por día.
Los fondos demandantes en el juicio por la estatización de YPF, respaldados por Burford Capital, exigieron a la Justicia de los Estados Unidos que declare en desacato a la Argentina, al considerar que el país incumplió órdenes judiciales. Además, exigen una multa de US$1.000.000 diario mientras persista el incumplimiento. El Gobierno emitió un comunicado y responderá oficialmente en febrero.
El reclamo de Burford Capital fue realizado en los tribunales de Nueva York ante la jueza Loretta Preska, en medio del proceso de discovery para intentar cobrar parte de la sentencia que condenó al país a pagar 16.100.000 millones de dólares por la expropiación de YPF en 2012.
Para justificar su reclamo, los demandantes solicitaron a Preska que la Justicia declare "alter ego", es decir que son "lo mismo" que el Estado argentino a organismos como los bancos Central y Nación, Aerolíneas y la propia YPF.
Con ello, buscan que la jueza incorpore canales no oficiales de comunicación como mensajes de WhatsApp o correos electrónicos que respalden la teoría de que YPF y otros organismos actúan como alter ego estatal.
Además, pidieron que la Argentina sea declarada en desacato por considerar que el país incumplió deliberadamente una orden judicial, por la cual exigen también la aplicación de una multa coercitiva de, al menos, un mollón de dólares por día mientras se mantenga el incumplimiento.
La respuesta Argentina
En un comunicado, la Procuración del Tesoro señaló que la Argentina cumplió plena y ampliamente con el proceso de discovery, incluso mediante la entrega de más de 113.000 páginas de documentos y el testimonio de diversos funcionarios. Además, que la moción constituye otro intento del financiador de litigios Burford Capital de hostigar mediante solicitudes de discovery “intrusivas y desproporcionadas”.
Desde la defensa argentina señalaron además que el pedido de sanciones debe leerse "en el contexto de los avances recientes logrados por la Argentina en el plano judicial, que han deteriorado la posición procesal de Burford".
Entre esos antecedentes, mencionaron la audiencia de apelación de la sentencia condenatoria por 16.100 millones de dólares, que derivó en una caída superior al 20% en el valor de las acciones del fondo, el stay otorgado por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito sobre la orden de entrega de las acciones de YPF, el respaldo expreso de Estados Unidos, Israel y más de una decena de países y organizaciones internacionales, y el rechazo del reconocimiento de la sentencia en la justicia irlandesa.
"A Burford se le van limitando las herramientas procesales para mejorar su posición y recurre ahora a un planteo de desacato, aun cuando la Argentina está cumpliendo con el discovery. Se trata de una estrategia de hostigamiento para presionar al país y forzar una negociación desde una posición que ya no tiene”, expresa el comunicado.
El próximo paso para la defensa argentina será responder de manera oficial el 19 de febrero, mientras los demandantes presentarán su contrarréplica el 5 de marzo.
La compulsa forma parte de Argentina LNG y contempla la compra de los tubos para los ductos que llevarán el gas de Vaca Muerta hasta Río Negro. La provisión está valuada en unos U$S 2.000 millones.
Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.
Nuevo centro comercial en Recoleta. Prevé abrir sus puertas en los próximos meses en el predio del ex Buenos Aires Design, contando con 30.000 metros cuadrados, 110 locales y 30 propuestas gastronómicas.
Llegada de etiquetas inéditas al país. Firmas internacionales como Stella McCartney, Off-White, Golden Goose, Palm Angels, Scotch & Soda, Dsquared2 y Mandarina Duck tendrán por primera vez locales en la Argentina.
Moda automotriz y un esperado regreso. Maserati estrenará un espacio exclusivo destinado a su línea de indumentaria y accesorios, mientras que la firma francesa de trajes de baño Vilebrequin volverá a operar en el país.
Impulso importador y capitales nacionales. La llegada de estas grandes marcas globales se da en el marco de la reciente apertura de importaciones, dentro de un proyecto financiado por el grupo argentino Hatzlaja.