Percibió 25.652.160,99 millones de pesos (un 76,01% sobre el costo de producción final consignado en el contrato) proveniente del presupuesto del ex Ministerio de Planificación Federal, encabezado por Julio De Vido, para el financiamiento de la producción de la telenovela “Mamá Corazón”, según la acusación que será leída en la primera jornada del debate oral.
Se trató de una “adjudicación directa, infringiendo la normativa vigente en materia de contrataciones públicas e incumpliendo la cláusula 4o del Convenio ACUDGDyME N° 1226/15 celebrado entre dicha casa de estudios y el ex MINPLAN con fecha 17 de julio de 2015”, agrega el requerimiento de elevación a juicio.
Además, según un informe de auditoría elaborado por la SIGEN en abril de 2017, en dicho instrumento se habrían incluido cláusulas “arbitrarias o leoninas” que determinaron la reserva de derechos de propiedad intelectual inherentes al autor, otorgando á la casa productora la exclusividad de comercialización internacional por un período de 60 meses, prorrogables por otro plazo idéntico.
Se dejaba “expresamente señalado que la UNSAM y el BACUA no participarían de la comercialización internacional ni podrían reclamar la participación económica o jurídica de lo producido de la venta internacional”.
“Es decir, que en definitiva la nombrada financió con fondos públicos la realización de una novela cuya comercialización internacional se reservó para su propia productora” y ante ello se encontró “comprometido el interés público”, explica la acusación formulada en la etapa de instrucción del caso.
Cómo será el juicio oral
Como Andrea del Boca anunció con alivio en sus redes sociales el año pasado, el Tribunal Oral Federal 7 comenzará a juzgarla junto a ex funcionarios del kirchnerismo acusados por supuestos delitos con el financiamiento estatal de su novela que hasta el momento no ha sido emitida.
Del Boca compartirá banquillo de acusados con el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex rector de la Universidad Nacional de San Martín Carlos Ruta y la ex titular del INCA Liliana Mazure, entre otros procesados.
El juicio también acaparará la atención porque desfilarán como testigos actores y figuras del espectáculo, entre ellos Fabián Mazzei, Marcelo Mazzarelo y Fernando Dente. En total se ha convocado a 97 personas.
La investigación estuvo a cargo del juez federal Sebastián Ramos y el fiscal Pollicita y los procesamientos quedaron confirmados por los jueces Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun, de la Cámara Federal porteña.
Andrea del Boca está procesada como supuesta “partícipe necesaria” de defraudación por administración fraudulenta y De Vido como presunto “autor” del delito.
El Tribunal estará integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli y el equipo fiscal estará encabezado por la fiscal federal Fabiana León.
El Tribunal Oral Federal 7 es el único del fuero que no tiene sede en Comodoro Py 2002 y los despachos de los magistrados están en el Palacio de Justicia de la ciudad de Buenos Aires.
Contexto
De acuerdo a la investigación judicial entre 2011 y 2015 se firmaron convenios mediante la Universidad de San Martín que otorgaron de manera “discrecional” poco más de 36 millones de pesos privada “a+A Group SRL” para la telenovela “Mamá Corazón” y a la cooperativa de trabajo “Tostaki Ltda” para la miniserie “El Pacto”. Ambos hechos llegan ahora a juicio.
Qué dijo la actriz en su defensa
En los tribunales federales de Retiro, cuando concurrió a su declaración indagatoria, Del Boca dejó un escrito sin responder preguntas.
En el descargo hizo referencia a su trayectoria profesional y destacó que en 2011 decidió junto a su familia crear la productora.
Sobre la novela “Mamá Corazón”, explicó que desde 2014 su productora se encontraba trabajando en el desarrollo de una comedia acerca de las vicisitudes de una madre viuda y su hija adolescente.
Mientras escribía los primeros guiones se implementó el Convenio de Cooperación para el Desarrollo de Proyectos de Contenidos Audiovisuales celebrado entre el Ex MINPLAN y la UNSAM, presentaron el potencial proyecto por considerar que la productora cumplía con la idoneidad técnica y artística requerida.
En virtud de ello, la propuesta fue elevada al Ex MINPLAN; en julio de 2015 fue aceptada y el 22 de ese mismo mes y año la productora firmó un contrato de locación de obra con la UNSAM, a partir de lo cual se comenzó a trabajar en la pre producción de la novela.
Los sueldos de los actores se pagaron por intermedio de la Asociación Argentina de Actores y un productor delegado designado por la Universidad de San Martín y el ex Ministerio de Planificación verificaba que el proyecto se fuese desarrollando conforme lo estipulado y recién luego se desembolsaba dinero para cada tramo de la producción.
Con relación a su participación en los hechos investigados, argumentó que su productora no había sido creada a fin de participar en el proyecto de la UNSAM del año 2015 y reiteró que esa no había sido su primera producción así como también que la novela se encontraba en un grado de avance compatible con el dinero recibido.
Señaló que los peritos intervinientes no encontraron irregularidades en la contabilidad y aseguró que su productora no tuvo injerencia en la decisión del Ex MINPLAN de llevar a cabo los programas, ni mucho menos de instrumentarlos por medio de la UNSAM, sino que la contratación de su productora se fundamentaba en el conocimiento y experiencia que poseía en la realización de telenovelas.
En una ampliación de su descargo, remarcó luego que “no era funcionaria pública y que, en razón de ello, no tenía la capacidad para asignar o reasignar fondos públicos; que no había participado de ningún fraude y que no existía la posibilidad de que ella hubiera instigado a los funcionarios públicos que intervinieron en el proceso de adjudicación de los fondos para la realización de la novela ‘Mamá Corazón’ o de utilizarlos como instrumentos para que lo hicieran; y que el proyecto mencionado carecía de todo tipo de connotación política”.
En cuanto a los derechos de propiedad de la obra, “afirmó que habían sido íntegramente cedidos al BACUA en octubre de 2015 en virtud del contrato de locación de obra suscripto entre la productora y la UNSAM; que el informe de la SIGEN estaba plagado de errores y que, en lo particular, la empresa había cedido todos los derechos, incluidos los de comercialización internacional”, según el dictamen de elevación a juicio fiscal.
Si bien “originalmente se había acordado que su productora recibiría los derechos de comercialización por el término de cinco años -prorrogables por el mismo plazo- y que transcurrido dicho período volverían a manos del Estado, finalmente decidieron que no lo harían, tal como se desprendía de la declaración jurada” que presentó en la causa, concluye la reseña de sus descargos.
La acusación
En la acusación se remarca que “no se encuentra en tela de juicio la realización o no del proyecto, sino que el propósito de la maniobra consistía en que la obra fuera terminada para que pudiera ser comercializada en el extranjero y, de esa forma, la empresa obtuviera un mayor rédito económico”.
“En suma, más allá de que Andrea Del Boca no formaba parte de ninguno de los organismos públicos involucrados y, por lo tanto, no participó de la tramitación de las actuaciones administrativas en las cuales se evidenciaron las irregularidades e inconsistencias” que se investigan, “la nombrada desarrolló un rol fundamental e indispensable en su carácter de representante de la productora “a+A Group S.R.L.” a la cual se destinaron parte de los fondos públicos comprometidos en el Convenio N° 1226/2015, sin cuya connivencia el plan criminal no habría podido ser concretado”.
Cómo sigue
El próximo jueves 6 de marzo el Tribunal iniciará el debate oral con la lectura de los requerimientos de elevación a juicio, luego se dará lugar al planteo de cuestiones preliminares si las hubiera.
Finalizada esta etapa comenzarán las declaraciones indagatorias de los acusados.
