El jefe comunal otorgó un aumento del 10 por ciento a los trabajadores municipales.
La amenaza a Guillermo Montenegro del Sindicato de Trabajadores Municipales de Mar del Plata
“A matar o morir”, lanzaron los gremialistas no conformes con el cierre de la paritaria con el gobierno de Montenegro.
El intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, decretó un 10% de aumento para el sector e impugnó el nuevo convenio colectivo de trabajo que permitía la creación de más de 18 tipos de licencias, algo que provocó la reacción del gremio local de trabajadores municipales.
La respuesta de parte de los gremialistas en un comunicado
“El lunes comienza un plan de lucha a matar o morir”, fue la advertencia que le dieron al dirigente local, con quien intentaron llevar a cabo numerosas negociaciones en las últimas semanas para acordar un aumento de sueldos. Todas resultaron frustradas: desde el gremio pedían una actualización del 35% que equipare la pérdida salarial ante el avance inflacionario mientras que el gobierno municipal remarcó que el incremento debía ser acorde a las posibilidades económicas financieras de la comuna.
El enfrentamiento comenzó en horas de la mañana, cuando el jefe comunal le otorgó por decreto un 10% de aumento para los empleados estatales que no fue bien recibido por el sector e impugnó el convenio colectivo de trabajo por el que el STM pretendía que las vacantes fueran hereditarias.
A través del Decreto 1175/24 publicado con la firma de Montenegro y el secretario de Legal, Técnica y Hacienda, Mauro Martinelli, se oficializó un aumento menor. En el Artículo 1° del documento se establece el otorgamiento de “una recomposición equivalente al 10% para los agentes que presten servicios en la Administración Central y Entes Descentralizados”, aunque no está especificado si se aplicará a partir de los haberes de mayo.
La Municipalidad interpuso un recurso de revocatoria con jerárquico en subsidio para impugnar el acuerdo del convenio colectivo de trabajo, que se impulsó con el ministerio del área en el 2017, y que fue registrado siete años después. La iniciativa generó polémica en el ámbito provincial porque plantea ampliar el régimen de vacaciones a 30 días, la recategorización obligatoria por jubilación y la creación de más de 18 tipos de licencias.
En el documento presentado, las autoridades señalaron que el convenio al municipio “le causa agravio la registración inconsulta y sorpresiva del proyecto de Convenio Colectivo elaborado por la anterior gestión comunal, cuyo trámite de registración fue omitido en los términos previstos por el art. 58, Ley N° 14.656 y que, por tanto, debe considerarse tácitamente desistido al no instarse el trámite por más de siete años por ninguno de los participantes”.
El intendente de General Pueyrredón se reunirá con el ministro del Interior, Guillermo Francos, junto al gobernador de Chubut. Afirmó la falta de consulta sobre esta iniciativa que modifica de manera significativa el Régimen Federal de Pesca
Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.
Sesión con quórum justo. La oposición convocó a sesionar este miércoles para emplazar y dictaminar proyectos sobre endeudamiento familiar y discapacidad. Necesitan reunir 129 presentes y estiman alcanzar los 130 diputados.
Estrategia libertaria. El oficialismo abrió las comisiones solicitadas y se comprometió a apoyar las iniciativas, si no generan déficit fiscal; aunque no sería suficiente para frenar la sesión.
Rol clave de los gobernadores. Diputados de Tucumán y Catamarca dijeron que darán quórum, pero la incógnita pasa por los de Salta y Misiones, sumados a posturas ambiguas dentro de Provincias Unidas.
Mensaje político a Milei. El peronismo y sus aliados buscan demostrar fortaleza frente al Ejecutivo, pese a los intentos de La Libertad Avanza por destrabar el conflicto.
¿Respuesta del Gobierno? No se descartan anuncios del Gobierno hoy, tras la mesa política, para intentar desarticular la convocatoria.
