La comida en las cárceles, una nueva polémica.
El Gobernador de Chubut cuestionó una resolución que ordena reforzar la alimentación de los presos de Trelew. El juez Marcelo Nieto Di Biase intimó al Poder Ejecutivo provincial a garantizar una mayor provisión de carne y proteínas.
La alimentación de los presos abrió un nuevo frente entre el gobierno de Ignacio Torres y la Justicia de Chubut. Esta vez, la discusión surgió a partir de una resolución judicial que ordenó al Ejecutivo provincial reforzar la comida que reciben las personas privadas de su libertad en establecimientos penitenciarios de Trelew, informó la Revista Quórum.
El juez Marcelo Nieto Di Biase dispuso que el Estado provincial, en un plazo de 72 horas, concrete la compra de una partida de carne destinada a reforzar las viandas de los detenidos. La decisión surgió a partir de un planteo relacionado con las condiciones de alimentación de los internos.
La medida provocó una dura reacción del gobernador Torres, quien cuestionó públicamente la disposición y la calificó como una expresión de lo que definió como un “garantismo berreta”.
El planteo judicial se originó en un hábeas corpus colectivo presentado por internos de un pabellón de un establecimiento penitenciario provincial. Desde la Defensa Pública se reclama desde marzo una mejora en la calidad de la comida que reciben los detenidos, particularmente en lo referido al aporte de proteínas.
La controversia, sin embargo, no se limita exclusivamente a la provisión de carne. El planteo contempla también la necesidad de garantizar una alimentación adecuada para las personas privadas de su libertad, incluidos aquellos detenidos que deben cumplir tratamientos médicos específicos.
Ante esta situación, desde el Ministerio de Justicia se informó que comenzó a elaborarse un expediente para adquirir carne y reforzar las comidas diarias destinadas a los detenidos alojados tanto en las unidades de la Alcaidía Policial como en el Instituto Penitenciario Provincial.
El Gobernador volvió a cuestionar públicamente la decisión judicial y planteó que existe una diferencia de criterio respecto de las prioridades que debe atender el Estado.
“Hay que terminar de una vez por todas con este garantismo berreta”, afirmó Torres, al considerar que determinados sectores de la Justicia parecen estar más preocupados por los derechos de los delincuentes que por los de los ciudadanos.
El mandatario también apuntó contra los jueces que, según su interpretación, adoptan decisiones que dificultan el funcionamiento del sistema penitenciario. De esta manera, llevó la controversia puntual por la alimentación de los detenidos hacia una discusión más amplia sobre la intervención judicial en las políticas penitenciarias y de seguridad.
Desde la perspectiva judicial, el punto de partida es diferente: el Estado tiene la obligación de garantizar condiciones dignas de detención, independientemente de la situación procesal o de la gravedad del delito atribuido a cada persona.
El caso vuelve así a poner sobre la mesa una discusión recurrente en materia penitenciaria: hasta dónde llega la responsabilidad estatal sobre las personas privadas de su libertad y cuál es el margen de intervención de los jueces cuando consideran que las condiciones de detención pueden afectar derechos fundamentales.
La controversia también expone dos posiciones frente al problema. Para el gobierno de Chubut, la prioridad debe estar puesta en las víctimas y en quienes cumplen con la ley. Desde el ámbito judicial, en cambio, se sostiene que el cumplimiento de una pena privativa de la libertad no implica la pérdida de los derechos fundamentales de las personas detenidas.
La discusión por la provisión de carne en las cárceles de Trelew terminó, de esta manera, abriendo un nuevo capítulo en la relación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial de Chubut, con un debate que excede la cuestión alimentaria y alcanza las responsabilidades de cada poder en la administración del sistema penitenciario.
Cada vez más el adentro (lo que pasa en las cárceles) está impactando en al afuera
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