La Corte Suprema convoca a una audiencia entre Jorge Macri y Luis Caputo por la coparticipación
La Corte Suprema convoca a una audiencia entre Jorge Macri y Luis Caputo por la coparticipación
La Corte Suprema de Justicia llamó a una audiencia para el 22 de agosto, en la que participarán el ministro de Economía y el jefe de Gobierno de la Ciudad.
La Corte Suprema de Justicia llamó a una audiencia para el 22 de agosto, en la que participarán el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, como parte del litigio por el conflicto de coparticipación entre Ciudad y Nación surgido bajo el gobierno de Alberto Fernández.
Infobae pudo confirmar que el encuentro, que no contará con la presencia de los magistrados del tribunal, será dirigido por Alejandro Rodríguez, secretario de Originarios de la Corte Suprema, y se llevará a cabo el 22 de agosto de 2024, a las 11 de la mañana.
Este conflicto se remonta a septiembre de 2020, cuando el gobierno porteño, entonces bajo el liderazgo de Horacio Rodríguez Larreta, demandó al Estado Nacional de Alberto Fernández. La demanda argumentaba que el decreto 735/20, que reducía los fondos de coparticipación para la ciudad, era inconstitucional.
La Ciudad exige que se restablezca su derecho a recibir el 3,5% de la coparticipación, tal como fue estipulado en el “Consenso Fiscal” y refrendado por la ley 27.429 y el decreto 257/18, además de la devolución de los fondos retenidos, junto con los intereses correspondientes. Según las autoridades porteñas, la Casa Rosada no podía “modificar unilateralmente” los fondos coparticipables, ya que estos siempre fueron definidos mediante acuerdos entre la Ciudad y el Estado Nacional, que requieren ratificación legislativa.
A finales de 2022, la Corte Suprema emitió una medida cautelar a favor de la Ciudad de Buenos Aires, ordenando al Estado Nacional entregar el 2,95% de los fondos de coparticipación, una cifra reducida por un decreto del presidente Alberto Fernández y posteriormente por una ley del Congreso. Sin embargo, el Gobierno Nacional, encabezado ahora por Javier Milei, inició un proceso de juicio político contra los jueces de la Corte y no acató el fallo.
El conflicto de la coparticipación
El gobierno de Jorge Macri aguardó avances en las negociaciones bajo la administración Milei. En una reunión el 19 de julio entre Caputo, Macri, la subsecretaria de Coordinación Fiscal provincial Valeria Sánchez y el ministro de Hacienda porteño Gustavo Arengo, Macri declaró: “A partir del 1° de agosto se empezará a cumplir la cautelar de la Corte”.
No obstante, las autoridades porteñas expresaron su descontento con la forma en que se cumplió ese compromiso. Señalaron tres cuestiones clave: la diferencia de porcentaje se paga semanalmente en lugar de diariamente como dictaminó la Corte; el monto extra no se transfiere como parte de la coparticipación total sino como una asignación aparte; y no se presentó ningún plan para la devolución de unos USD 4.000 millones retenidos previamente.
El jueves pasado, la Procuración porteña envió una nota a la Corte Suprema reclamando que la Nación sigue incumpliendo y reiterando el pedido urgente de cumplir con el “goteo” diario del 2,95% de los fondos coparticipables. El viernes, Nación realizó otra transferencia de 20 mil millones de pesos de manera “discrecional, unilateral e inconsulta”.
Ante este panorama, la Corte Suprema convocó a ambas partes a una audiencia de mediación, similar a las realizadas durante los gobiernos de Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta. Los jueces de la Corte no participarán en estas discusiones, como ocurrió en las anteriores audiencias.
Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.
Sesión con quórum justo. La oposición convocó a sesionar este miércoles para emplazar y dictaminar proyectos sobre endeudamiento familiar y discapacidad. Necesitan reunir 129 presentes y estiman alcanzar los 130 diputados.
Estrategia libertaria. El oficialismo abrió las comisiones solicitadas y se comprometió a apoyar las iniciativas, si no generan déficit fiscal; aunque no sería suficiente para frenar la sesión.
Rol clave de los gobernadores. Diputados de Tucumán y Catamarca dijeron que darán quórum, pero la incógnita pasa por los de Salta y Misiones, sumados a posturas ambiguas dentro de Provincias Unidas.
Mensaje político a Milei. El peronismo y sus aliados buscan demostrar fortaleza frente al Ejecutivo, pese a los intentos de La Libertad Avanza por destrabar el conflicto.
¿Respuesta del Gobierno? No se descartan anuncios del Gobierno hoy, tras la mesa política, para intentar desarticular la convocatoria.
