La Justicia estadounidense investiga a Claudio Tapia.
La justicia de EEUU investiga a la AFA y cita a uno de sus dirigentes
El ente rector del fútbol argentino desmintió que deban comparecer Claudio Tapia y Pablo Toviggino y que les hayan incautados sus teléfonos celulares
La justicia estadounidense investiga a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y citó a declarar a uno de sus dirigentes, por la vinculación con Tourprodenter LLC, sociedad registrada en el Estado de Florida que actuó como agente comercial exclusivo del ente rector del fùtbol argentino para contratos de patrocinio, amistosos y derechos televisivos.
La AFA desmintió en un comunicado que fueran citados el presidente de la institución Claudio “Chiqui” Tapia y el tesorero Pablo Toviggino ni que se hayan incautado sus teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico.
Y refiere que la citación emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida se encuentra dirigida a un tercero, a quien se le requiere su comparecencia ante un Gran Jurado y la eventual presentación de documentación y comunicaciones vinculadas con distintas personas, entre ellas autoridades de la AFA.
“El documento en cuestión no dispone ninguna medida personal respecto del Presidente de la AFA ni de su Tesorero, no ordena su comparecencia, no les impone obligación procesal alguna y tampoco registra diligencia de secuestro o incautación de bienes de su propiedad”, señaló el escrito.
La investigación y los contratos de la AFA
La causa investiga el contrato que la AFA firmó con Tourprodenter LLC en 2021. La pesquisa también comprende a Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni, titular de Tourprodenter. El eje es la estructura financiera utilizada para administrar ingresos internacionales de la AFA, en una operatoria que, de acuerdo con la documentación analizada por las autoridades estadounidenses, involucra movimientos superiores a los U$S 300 millones.
El circuito del dinero bajo análisis
La investigación comenzó a cobrar impulso durante el Mundial, cuando fiscales federales especializados en delitos económicos iniciaron la reconstrucción del recorrido de los fondos vinculados con los contratos internacionales de la asociación. Uno de los primeros testimonios fue el del empresario Guillermo Tofoni, quien mantiene un litigio con la AFA y aportó documentación sobre el funcionamiento de esa estructura comercial.
Los investigadores detectaron operaciones distribuidas entre distintas entidades bancarias estadounidenses y una red de sociedades que recibieron transferencias millonarias. Parte del dinero permanecía apenas unas horas en las cuentas antes de ser reenviado a otros destinos, una modalidad que ahora es analizada para determinar el origen, recorrido y beneficiarios finales de los fondos.
Un nuevo avance de la causa
Hasta el momento, las medidas conocidas no implican imputaciones penales contra los involucrados. La investigación permanece en una etapa preliminar destinada a reunir pruebas y establecer si las operaciones analizadas configuran delitos bajo la legislación estadounidense.
En ese contexto, la incautación de teléfonos, computadoras y otros dispositivos representa un avance significativo para los investigadores. El contenido de esos equipos permitirá contrastar comunicaciones, documentos y registros digitales con la información bancaria y societaria ya incorporada al expediente, en una causa que ahora suma un nuevo capítulo con impacto directo sobre la conducción de la AFA.
El Tribunal Supremo de España suspendió en forma cautelar el voto por correo de quienes se hayan nacionalizado, o estén por hacerlo, a través de la Ley de Nietos. La medida comprende a muchos nacionalizados españoles en Uruguay y Argentina. Y busca evitar maniobras electorales con los votos desde el exterior.
El Tribunal Supremo de España suspendió en forma cautelar el voto por correo de quienes se hayan nacionalizado, o estén por hacerlo, a través de la Ley de Nietos. La medida comprende a muchos nacionalizados españoles en Uruguay y Argentina.
Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.
Nuevo centro comercial en Recoleta. Prevé abrir sus puertas en los próximos meses en el predio del ex Buenos Aires Design, contando con 30.000 metros cuadrados, 110 locales y 30 propuestas gastronómicas.
Llegada de etiquetas inéditas al país. Firmas internacionales como Stella McCartney, Off-White, Golden Goose, Palm Angels, Scotch & Soda, Dsquared2 y Mandarina Duck tendrán por primera vez locales en la Argentina.
Moda automotriz y un esperado regreso. Maserati estrenará un espacio exclusivo destinado a su línea de indumentaria y accesorios, mientras que la firma francesa de trajes de baño Vilebrequin volverá a operar en el país.
Impulso importador y capitales nacionales. La llegada de estas grandes marcas globales se da en el marco de la reciente apertura de importaciones, dentro de un proyecto financiado por el grupo argentino Hatzlaja.