Con esta resolución, el Estado tiene la obligación de garantizar la continuidad de los servicios hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión.
La Justicia prohíbe al Gobierno eliminar los programas sobre violencia de género
Un fallo dictado por la Sala A de Feria de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal y le ordena al Estado que “se abstenga de efectuar reducción de recursos humanos y de infraestructura institucional en la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género y de los Centros de Acceso a la Justicia”.
Una resolución de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal le ordenó al Gobierno Nacional que “se abstenga de efectuar reducción de recursos humanos y de infraestructura institucional en la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género y de los Centros de Acceso a la Justicia”.
Según informó la revista Quorum, la Sala A de Feria respaldó así la presentación realizada en junio del año pasado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Ni Una Menos (NUM), la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), Mujeres por Mujeres (MxM) y la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM).
El argumento central de la Cámara es que el Estado no acreditó que las reestructuraciones garantizarían un “piso mínimo obligatorio” establecido por la Ley 26.485, normativa clave en la protección de los derechos de las mujeres frente a la violencia.
Contexto
En su demanda, las organizaciones advirtieron sobre el impacto negativo de posibles recortes o cierres de programas que protegen a las mujeres en situación de vulnerabilidad. En particular, señalaron la amenaza de clausura de los 81 CAJ distribuidos en el país, cuya función principal es garantizar acceso a la justicia en contextos de desigualdad.
El conflicto se intensificó en julio de 2024, cuando estas asociaciones denunciaron que contratos del personal de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género no fueron renovados. A partir de allí, solicitaron que se declarase la inconstitucionalidad de las medidas que implicaran una disminución en la cobertura de servicios esenciales.
El Estado, por su parte, defendió las reformas alegando que las reestructuraciones estaban respaldadas por un decreto (735/2024) que integraba la Subsecretaría al Ministerio de Justicia y mejoraba la eficiencia administrativa. Sin embargo, el Tribunal consideró insuficiente esta explicación y resaltó “la falta de pruebas que demostraran el cumplimiento de las obligaciones mínimas”.
Cómo sigue
Con el fallo de la Cámara, el Estado tiene la obligación de garantizar la continuidad de los servicios hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión. No obstante, el litigio sigue abierto: el Poder Ejecutivo apeló, señalando que la medida implica una invasión a sus facultades para organizar la administración pública.
El caso también reaviva el debate sobre la prioridad de las políticas de género en la agenda estatal y el impacto de los recortes presupuestarios en sectores vulnerables. Como indicó la sentencia, estas decisiones no solo afectan derechos fundamentales, sino que ponen en riesgo la calidad y el alcance de los servicios que deben garantizarse por ley.
El ministro de Justicia de la Nación compartió en sus redes sociales un fragmento del discurso de Donald Trump en el que anuncia que terminará “con las políticas gubernamentales de ingeniería social basadas en la raza y el género”. Para el funcionario nacional, lo que dijo el presidente norteamericano “es lo mismo” que sostienen “desde el primer día de gestión”.
Investigación judicial. El juez Ariel Lijo ordenó reconstruir el patrimonio de Claudio "Chiqui" Tapia por presunto enriquecimiento ilícito. Dispuso acceder a sus declaraciones juradas, vehículos, cuentas comitentes y movimientos bancarios.
Transferencias en la mira. La Justicia solicitó informes sobre pagos del Sindicato de Camioneros y la AFA a cuentas del dirigente. Además, libró un exhorto a Suiza para que la FIFA detalle tres giros que suman unos US$190.000 entre 2018 y 2020.
Levantamiento de secretos. El magistrado dispuso levantar el secreto fiscal, bancario y financiero de Paola Moyano, ex esposa del titular de la AFA. También consultó a la ARCA si ambos ingresaron al último régimen de blanqueo de capitales.
Debate. El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces comienza abrirá el tercer proceso judicial por corrupción contra la expresidenta Cristina Kirchner, además de tener por primera vez en el banquillo de los acusados al diputado Máximo Kirchner.
Inicio. La primera audiencia está prevista para este viernes en la Sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, a la que ambos asistirán de manera virtual.
Lavado de dinero y asociación ilícita. La investigación se centra en un mecanismo que habría usado la firma hotelera e inmobiliaria para blanquear retornos provenientes de la obra pública.
Acusados y testigos. Las causas tienen 19 acusados, entre ellos Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa. En total, ambas causas reunían más de 300 testigos, pero las partes acordaron reducir la lista para darle celeridad al debate.
Debate. El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces comienza abrirá el tercer proceso judicial por corrupción contra la expresidenta Cristina Kirchner, además de tener por primera vez en el banquillo de los acusados al diputado Máximo Kirchner.
Inicio. La primera audiencia está prevista para este viernes en la Sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, a la que ambos asistirán de manera virtual.
Lavado de dinero y asociación ilícita. La investigación se centra en un mecanismo que habría usado la firma hotelera e inmobiliaria para blanquear retornos provenientes de la obra pública.
Acusados y testigos. Las causas tienen 19 acusados, entre ellos Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa. En total, ambas causas reunían más de 300 testigos, pero las partes acordaron reducir la lista para darle celeridad al debate.
Indagatorias y bienes inhibidos. A pedido de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, el juez Ariel Lijo citó para el 29 de octubre a los hermanos Jonathan y Emanuel Kovalivker. En total convocó a 36 imputados, que declararán hasta el 26 de noviembre, y decretó la inhibición general de bienes de todos los involucrados para evitar que los activos se vuelvan inalcanzables para el Estado.
Una droguería que actuaba como “dueña” de la agencia. Según los fiscales, la Suizo Argentina recibía información anticipada, controlaba las compulsas, fijaba precios con sobreprecios y usaba a Génesis S.A. como firma interpuesta. También habría dado órdenes sobre a qué firmas pagar y a quién designar o despedir dentro de la ANDIS.
Más de $137.000 millones en compras. Entre mayo de 2024 y agosto de 2025, la droguería obtuvo órdenes de compra por esa cifra, que los fiscales atribuyen a competencias simuladas y valores arbitrarios. Lijo también amplió la indagatoria de tres ya procesados por asociación ilícita: Atchabahian, Calvete y Arnaudo.
La versión de la empresa. Suizo Argentina rechazó las imputaciones y los sobreprecios y cuestionó las pruebas incorporadas a la causa, que calificó como un relato armado con mensajes y audios de personas que, según la compañía, en algunos casos nunca tuvieron vínculo con ella. Sostuvo que la ANDIS era uno de más de 10.000 clientes y que el 95% de su facturación proviene del sector privado, y afirmó que “la inocencia es total”.
