La justicia suspendió el decreto que disolvió Vialidad Nacional
La Justicia suspendió el decreto que disolvió la Dirección Nacional de Vialidad
La justicia suspendió el decreto que disolvió Vialidad Nacional, a raíz de una medida cautelar presentada por el sindicato de los trabajadores del organismo.
El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín, a cargo de la jueza Martina Forns, suspendió de manera cautelar el Decreto 461/2025, firmado por el presidente Javier Milei el pasado 8 de julio, que disponía la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). La decisión se produjo en respuesta a una acción judicial presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional Casa Central de la provincia de Buenos Aires (SEVINA), que cuestionaba la legalidad y los efectos sobre los derechos laborales de los empleados del organismo.
El fallo establece que el Poder Ejecutivo deberá abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo relacionado con el decreto, como traslados, reubicaciones, cesantías o modificaciones en la estructura del organismo, durante un periodo de seis meses. Este es un nuevo revés judicial para el gobierno, que había impulsado la reestructuración de varios organismos públicos, entre ellos la DNV, con el objetivo de reducir el gasto y mejorar la eficiencia.
Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación del Estado e ideólogo de las reformas del Estado, incluido este decreto suspendido, se expresó en X ante la noticia. "Esto es lo que se vota en Octubre: si apoyas a un gobierno que quiere terminar con la corrupción, o si apoyas a un sistema que busca perpetuarla. La voz última la tiene el pueblo argentino", dijo.
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La jueza Forns justificó su decisión en los derechos laborales de los empleados de la DNV, destacando que el decreto violaba normas fundamentales como el principio de estabilidad laboral y la irrenunciabilidad de los derechos establecidos en la Ley de Contrato de Trabajo y las convenciones colectivas. Además, la magistrada consideró que el artículo 33 del decreto, que subordina las decisiones sobre el personal a la discreción de la Secretaría de Transformación del Estado, vulneraba el marco legal que protege a los trabajadores.
"El sector de los trabajadores de Vialidad Nacional es socialmente vulnerable, y la reestructuración podría generar despidos masivos o cambios unilaterales en sus condiciones laborales, lo cual justifica la suspensión", señaló Forns. La medida cautelar busca evitar daños irreparables y preservar el estatus quo hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
Reacciones y contexto de la disolución de Vialidad Nacional
La decisión judicial fue celebrada por el Sindicato SEVINA, que expresó en un comunicado que el fallo representa un respaldo a su lucha por la estabilidad laboral y la continuidad de la DNV. "Esta medida es un respaldo legal a nuestra lucha en defensa de la legalidad, la estabilidad laboral y la continuidad institucional", afirmaron.
A principios de julio, el gobierno de Javier Milei había anunciado la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, junto con otros organismos como la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con el argumento de mejorar la eficiencia del Estado. Según el gobierno, las funciones de estos organismos serían absorbidas por el Ministerio de Economía.
El decreto 461/2025, que formalizó la disolución de Vialidad, fue publicado en el Boletín Oficial el 8 de julio. Sin embargo, el sindicato y diversos sectores laborales rechazan la reestructuración, argumentando que vulnera los derechos de los trabajadores y podría llevar a despidos masivos o alteraciones en sus condiciones laborales. La decisión de la jueza Forns suspende la aplicación de estas disposiciones hasta que se resuelva el fondo del asunto.
Los mandatarios provinciales no kirchneristas molestos con la pelea entre Karina Milei y Santiago Caputo. El Gobierno busca blindar el veto a jubilaciones.
Investigación judicial. El juez Ariel Lijo ordenó reconstruir el patrimonio de Claudio "Chiqui" Tapia por presunto enriquecimiento ilícito. Dispuso acceder a sus declaraciones juradas, vehículos, cuentas comitentes y movimientos bancarios.
Transferencias en la mira. La Justicia solicitó informes sobre pagos del Sindicato de Camioneros y la AFA a cuentas del dirigente. Además, libró un exhorto a Suiza para que la FIFA detalle tres giros que suman unos US$190.000 entre 2018 y 2020.
Levantamiento de secretos. El magistrado dispuso levantar el secreto fiscal, bancario y financiero de Paola Moyano, ex esposa del titular de la AFA. También consultó a la ARCA si ambos ingresaron al último régimen de blanqueo de capitales.
Debate. El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces comienza abrirá el tercer proceso judicial por corrupción contra la expresidenta Cristina Kirchner, además de tener por primera vez en el banquillo de los acusados al diputado Máximo Kirchner.
Inicio. La primera audiencia está prevista para este viernes en la Sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, a la que ambos asistirán de manera virtual.
Lavado de dinero y asociación ilícita. La investigación se centra en un mecanismo que habría usado la firma hotelera e inmobiliaria para blanquear retornos provenientes de la obra pública.
Acusados y testigos. Las causas tienen 19 acusados, entre ellos Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa. En total, ambas causas reunían más de 300 testigos, pero las partes acordaron reducir la lista para darle celeridad al debate.
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