La justicia suspendió el decreto que disolvió Vialidad Nacional
La Justicia suspendió el decreto que disolvió la Dirección Nacional de Vialidad
La justicia suspendió el decreto que disolvió Vialidad Nacional, a raíz de una medida cautelar presentada por el sindicato de los trabajadores del organismo.
El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín, a cargo de la jueza Martina Forns, suspendió de manera cautelar el Decreto 461/2025, firmado por el presidente Javier Milei el pasado 8 de julio, que disponía la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). La decisión se produjo en respuesta a una acción judicial presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional Casa Central de la provincia de Buenos Aires (SEVINA), que cuestionaba la legalidad y los efectos sobre los derechos laborales de los empleados del organismo.
El fallo establece que el Poder Ejecutivo deberá abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo relacionado con el decreto, como traslados, reubicaciones, cesantías o modificaciones en la estructura del organismo, durante un periodo de seis meses. Este es un nuevo revés judicial para el gobierno, que había impulsado la reestructuración de varios organismos públicos, entre ellos la DNV, con el objetivo de reducir el gasto y mejorar la eficiencia.
Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación del Estado e ideólogo de las reformas del Estado, incluido este decreto suspendido, se expresó en X ante la noticia. "Esto es lo que se vota en Octubre: si apoyas a un gobierno que quiere terminar con la corrupción, o si apoyas a un sistema que busca perpetuarla. La voz última la tiene el pueblo argentino", dijo.
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La jueza Forns justificó su decisión en los derechos laborales de los empleados de la DNV, destacando que el decreto violaba normas fundamentales como el principio de estabilidad laboral y la irrenunciabilidad de los derechos establecidos en la Ley de Contrato de Trabajo y las convenciones colectivas. Además, la magistrada consideró que el artículo 33 del decreto, que subordina las decisiones sobre el personal a la discreción de la Secretaría de Transformación del Estado, vulneraba el marco legal que protege a los trabajadores.
"El sector de los trabajadores de Vialidad Nacional es socialmente vulnerable, y la reestructuración podría generar despidos masivos o cambios unilaterales en sus condiciones laborales, lo cual justifica la suspensión", señaló Forns. La medida cautelar busca evitar daños irreparables y preservar el estatus quo hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
Reacciones y contexto de la disolución de Vialidad Nacional
La decisión judicial fue celebrada por el Sindicato SEVINA, que expresó en un comunicado que el fallo representa un respaldo a su lucha por la estabilidad laboral y la continuidad de la DNV. "Esta medida es un respaldo legal a nuestra lucha en defensa de la legalidad, la estabilidad laboral y la continuidad institucional", afirmaron.
A principios de julio, el gobierno de Javier Milei había anunciado la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, junto con otros organismos como la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con el argumento de mejorar la eficiencia del Estado. Según el gobierno, las funciones de estos organismos serían absorbidas por el Ministerio de Economía.
El decreto 461/2025, que formalizó la disolución de Vialidad, fue publicado en el Boletín Oficial el 8 de julio. Sin embargo, el sindicato y diversos sectores laborales rechazan la reestructuración, argumentando que vulnera los derechos de los trabajadores y podría llevar a despidos masivos o alteraciones en sus condiciones laborales. La decisión de la jueza Forns suspende la aplicación de estas disposiciones hasta que se resuelva el fondo del asunto.
Los mandatarios provinciales no kirchneristas molestos con la pelea entre Karina Milei y Santiago Caputo. El Gobierno busca blindar el veto a jubilaciones.
Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.