La oposición en Diputados avanza con un proyecto de ley que restringe el uso de los decretos de necesidad y urgencia y elimina su convalidación tácita, una herramienta clave del Gobierno.
La oposición en la Cámara de Diputados apura el tratamiento de un proyecto de ley que limita significativamente el uso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) por parte del presidente Javier Milei.
El proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado, elimina la convalidación tácita de los DNU y exige que sean aprobados expresamente por ambas cámaras para que sigan vigentes.
La iniciativa prohíbe los “decretos ómnibus”, y establece que los DNU deben versar sobre una única materia.
Además de esta medida, los diputados opositores también apuraron un emplazamiento para interpelar a funcionarios clave del gobierno, incluida Karina Milei, por un el presunto caso de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
¿Cuáles son los principales cambios que propone el nuevo proyecto de ley?
El proyecto impulsado por la oposición busca modificar sustancialmente el régimen de los DNU. En primer lugar, elimina la convalidación tácita, exigiendo que los decretos sean aprobados explícitamente por ambas cámaras del Congreso en un plazo de 90 días corridos desde su publicación. Si este plazo no se cumple, el DNU pierde su vigencia automáticamente. En segundo lugar, establece que si una de las dos cámaras rechaza el DNU, este queda derogado, aunque los derechos adquiridos durante su vigencia se mantendrían. Finalmente, la iniciativa prohíbe el dictado de “decretos ómnibus” que abarquen múltiples temas, obligando a que cada decreto se centre en una única materia para su tratamiento individual.
¿Por qué se considera que esta iniciativa es un “golpe” para el gobierno de Milei?
La aprobación de este proyecto se percibe como un revés significativo para el gobierno, ya que restringiría una de sus principales herramientas de gestión: el presidente Javier Milei inauguró su mandato con un DNU de gran alcance, el 70/2023, o mejor conocido como Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina, que buscaba desregular y modificar diversas áreas de la economía. El proyecto de ley, al eliminar la convalidación tácita y prohibir los decretos de múltiples temas, limitaría en gran medida la capacidad del Poder Ejecutivo para gobernar sin el aval del Poder Legislativo.
Además del DNU, ¿qué otros temas busca apurar la oposición en el Congreso?
La oposición en la Cámara de Diputados también aprobó un emplazamiento para interpelar a varios funcionarios, entre ellos la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Salud, Mario Lugones; y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. La razón de este pedido es el presunto pago de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El objetivo de esta medida es exigir explicaciones al Poder Ejecutivo acerca del escándalo que salpicó a la gestión este último mes.
Los diputados opositores han emplazado a las comisiones pertinentes para que emitan el dictamen sobre el proyecto de ley el 30 de septiembre. Una vez que este paso se complete, la oposición buscará llevar la iniciativa al recinto para su votación. Dado que el proyecto ya tiene media sanción del Senado, si se aprueba en Diputados, se convertirá en ley, que el presidente Javier Milei podría vetar. La oposición busca apurar los tiempos de su aprobación porque el 30 de noviembre finalizan las sesiones ordinarias en el Congreso, lo que limitaría su capacidad para insistir en la ley hasta marzo del año siguiente en caso de un veto presidencial. De manera paralela, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Salud deberán emitir un dictamen el 23 de septiembre sobre los proyectos para interpelar a los funcionarios del gobierno, lo que podría derivar en un pedido formal de explicaciones en el recinto.
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