La oposición volverá a intentar desembarcar con la agenda de reclamos sociales al recinto de la Cámara de Diputados. En este caso la iniciativa es del bloque que responde a Facundo Manes, Democracia para Siempre, y busca avanzar, entre otras cosas, con los proyectos que declaran la emergencia para el Garrahan y aumentan el financiamiento de las universidades nacionales.
Será el segundo intento por parte del bloque radical disidente en llevar estos temas al recinto. A principios del mes de junio la oposición no juntó el número necesario para abrir el debate.
El cambio de clima en la relación entre el Ejecutivo nacional y los gobernadores deja la posibilidad abierta a que las propuestas avancen. Desde la oposición apuestan a repetir lo que sucedió en la última sesión cuando la Cámara baja le dio media sanción al aumento para los jubilados y a la ley de emergencia en discapacidad.
El debate por el financiamiento de las universidades
La intención de la oposición es avanzar con el proyecto de ley de Sostenimiento del Financiamiento Universitario. En este caso, la propuesta se complementa con la declaración de emergencia presupuestaria para el sistema universitario para el ejercicio 2025.
Dentro del esquema que plantean los diputados enfrentados con el Gobierno, la recomposición salarial para el personal docente en todos los niveles educativos, incluyendo la formación docente y técnica, es parte central.
Los que impulsan la sesión sostienen el período en base a las estadísticas oficiales que marcan que las universidades nacionales enfrentaron un recorte presupuestario del 30% en 2024, y los salarios reales de los docentes experimentaron una caída del 23% para diciembre de 2023.
La otra norma de alto impacto mediático es la propuesta para declarar al Hospital Garrahan como hospital de referencia nacional en atención pediátrica de alta complejidad y, en ese marco, declarar la emergencia sanitaria en el área de salud pediátrica y de las residencias médicas a nivel nacional.
Cambios en la ley de DNU
La reforma de los DNU es otra de las normas que intentará aprobar la oposición. El proyecto establece un plazo de 90 días para su tratamiento en el Congreso y la posibilidad de su caída definitiva con el rechazo de una sola Cámara.
En la actualidad no hay plazos para su tratamiento y un DNU necesita el rechazo de ambas Cámaras para dejar de tener vigencia.
El Ejecutivo ya se pronunció en contra de la modificación de esta norma. En ese caso desde la Casa Rosada argumentan que "no es justo cambiar las reglas en mitad del partido".
La búsqueda del quórum
La principal incógnita de la sesión reside en si la oposición logrará reunir los 129 diputados necesarios para abrir el recinto. Las negociaciones con los gobernadores por los fondos para las provincias, que se desarrollan en paralelo a la actividad parlamentaria, generan dudas tanto en el Gobierno como en la oposición.
Sin embargo, en la oposición hay cierto optimismo. Los magros resultados electorales del oficialismo nacional en las provincias parece darle algo más de margen a los gobernadores para jugar dentro del Congreso. Pero más allá de las especulaciones, el final de las negociaciones por ahora sigue en el terreno de lo incierto.
Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.
Nuevo centro comercial en Recoleta. Prevé abrir sus puertas en los próximos meses en el predio del ex Buenos Aires Design, contando con 30.000 metros cuadrados, 110 locales y 30 propuestas gastronómicas.
Llegada de etiquetas inéditas al país. Firmas internacionales como Stella McCartney, Off-White, Golden Goose, Palm Angels, Scotch & Soda, Dsquared2 y Mandarina Duck tendrán por primera vez locales en la Argentina.
Moda automotriz y un esperado regreso. Maserati estrenará un espacio exclusivo destinado a su línea de indumentaria y accesorios, mientras que la firma francesa de trajes de baño Vilebrequin volverá a operar en el país.
Impulso importador y capitales nacionales. La llegada de estas grandes marcas globales se da en el marco de la reciente apertura de importaciones, dentro de un proyecto financiado por el grupo argentino Hatzlaja.