La UTA define su adhesión al paro de transporte convocado por la CGT para el 30 de octubre
El jefe de ese gremio, Roberto Fernández, aclaró que nunca dijo que su sector no se sumaría.
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) analizará este viernes su eventual adhesión al paro que los gremios que integran la Mesa Nacional del Transporte convocaron para el próximo miércoles 30 de octubre en rechazo a las políticas del Gobierno.
En declaraciones radiales, en las últimas horas, el jefe de ese gremio, Roberto Fernández, que sostuvo que “en ningún momento dijimos que no nos íbamos a sumar a la medida de fuerza. No dijimos ni que sí ni que no”.
En esa línea, el dirigente gremial dijo que aún no marcaron su posición porque están en medio de "una conciliación obligatoria", pero que realizarán un cónclave mañana para definir si se suman a la huelga.
"Estamos con problemas nuestros, con una conciliación obligatoria. El viernes tenemos una reunión, vamos a conversar con los muchachos y nos vamos a adherir si los compañeros quieren. Primero están los nuestros", manifestó el jefe de la UTA.
El gremio de colectiveros que comanda Fernández está en medio de una conciliación obligatoria que vence el próximo 28 de octubre, y luego de esa fecha los choferes podrían sumarse al paro de transporte.
El triunviro de la CGT, Pablo Moyano y el secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, encabezaron el martes último una reunión de sindicatos del transporte en la que se ratificó el paro anunciado para el miércoles de la semana próxima, y que afectará a camiones, trenes, subtes, aviones y barcos.
El paro es contra "el ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei, el aumento de los boletos tras la quita de subsidios, el intento de privatización de Aerolíneas Argentinas, el ataque a los jubilados y en rechazo al aumento de la pobreza".
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- Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
- Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
- Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
- El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
- Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.
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