La iniciativa de La Libertad Avanza modifica los convenios colectivos, los "paros encubiertos" en asambleas, pena los bloqueos y limita indemnizaciones.
La reforma laboral que busca aprobar el presidente Javier Milei tiene cuatro puntos centrales que potencian la decisión de La Libertad Avanza (LLA) de ir al choque contra los sindicatos. El proyecto, al que tuvo acceso El Observador, contempla forzar la renegociación de los convenios colectivos, subir las multas a los bloqueos, regular las asambleas y limitar indemnizaciones.
En la Casa Rosada lo describen como una de las piezas más delicadas del paquete legislativo. No sólo por el impacto directo en el mercado de trabajo, sino porque ordena varias obsesiones del oficialismo: recortar el margen de maniobra de la CGT, enviar una señal de previsibilidad a las empresas y, al mismo tiempo, retomar por vía legislativa parte de lo que el DNU 70/2023 no pudo consolidar en la Justicia.
El trabajo técnico quedó bajo la órbita del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que en los últimos días empezó a bajar línea a diputados y senadores libertarios sobre el contenido del texto. La instrucción fue clara: entender cada artículo antes de que la discusión se traslade al recinto, para evitar sorpresas en un tema que cruza intereses sindicales, empresariales y políticos.
El primer eje es el fin de la ultraactividad de los convenios colectivos. Hoy, cuando un convenio vence, sus cláusulas se mantienen vigentes hasta que se firma uno nuevo. Ese principio le dio al sindicalismo una red de contención en cada negociación: aun sin acuerdo, el piso de derechos se preservaba.
La reforma propone cortar esa continuidad automática. Los convenios que lleguen a su vencimiento dejarán de aplicarse y obligarán a las partes a reabrir la discusión. En Balcarce 50 sostienen que es la única forma de “descongelar” marcos que quedaron atados a una economía que ya no existe, con estructuras salariales y condiciones de trabajo que no reflejan la realidad de muchos sectores.
La CGT lo ve en sentido inverso: sin ultraactividad, el poder de presión se traslada a las empresas, que pueden especular con el vencimiento para forzar cambios más flexibles. El Gobierno asume el costo político, pero considera que si ese punto no pasa, el resto de la reforma pierde densidad.
El segundo punto convierte en infracción grave los bloqueos sindicales a empresas. Se trata de una práctica que el oficialismo y las cámaras empresarias vienen calificando como “extorsiva” y que, hasta ahora, se movía en una zona gris entre el derecho a la protesta y la afectación directa de la actividad económica.
Con el nuevo encuadre, los bloqueos dejan de ser leídos sólo como una modalidad de conflicto y pasan a integrar un catálogo de conductas pasibles de sanción más severa, tanto para quienes los ejecuten como para las organizaciones que los promuevan. La señal es directa a la CGT y a los gremios con mayor capacidad de movilización en plantas y centros logísticos.
En el Gobierno repiten que la huelga sigue garantizada, pero que no todo puede quedar amparado bajo esa figura. Los sindicatos, en cambio, interpretan que es un intento por desarmar una de las herramientas más efectivas para negociar en situaciones límite.
El tercer eje entra en el terreno más técnico, pero no menos sensible: el de las indemnizaciones. El proyecto establece nuevos límites y parámetros para su cálculo, con la meta de terminar con lo que el oficialismo denomina “la industria del juicio” y, en particular, con la “indexación sobre indexación” que infla los montos finales.
La idea es fijar una base más acotada y evitar que se acumulen recargos y multas sobre conceptos ya actualizados. Para las empresas, en especial las pymes, se trata de una demanda histórica: sostienen que la incertidumbre sobre los costos de un conflicto laboral frena contrataciones y fomenta la informalidad.
Parte de estas modificaciones ya habían sido ensayadas en el DNU 70/2023, pero quedaron frenadas por fallos judiciales. Sturzenegger y su equipo ahora las reformulan en formato de ley, con el argumento de que un respaldo parlamentario robusto dificultará las cautelares y amparos que preparan estudios vinculados al mundo sindical.
El cuarto punto se mete con un terreno que el Gobierno considera poco regulado: las asambleas internas y los llamados “paros encubiertos”. El proyecto fija límites más claros sobre el tiempo, la forma y la frecuencia de esas asambleas dentro de los lugares de trabajo, con el objetivo declarado de evitar que se transformen en parálisis prolongadas sin una declaración formal de huelga.
En las conversaciones internas se menciona el caso de los pilotos que, a través de asambleas informativas, lograron dejar aviones en tierra sin activar un paro clásico. Para el oficialismo, ese tipo de estrategias distorsiona el equilibrio entre el derecho a organizarse y el derecho a trabajar de quienes no adhieren.
El sindicalismo lo leerá como una intervención directa sobre la vida cotidiana de los gremios en las empresas. Cada restricción en ese plano será presentada como un intento de reducir la capacidad de presión y el margen de organización. Los bloques de La Libertad Avanza ya empezaron a desmenuzar el texto con la vista puesta en el calendario parlamentario. La expectativa en la Casa Rosada es que la reforma laboral se discuta en paralelo con el resto del paquete económico, aprovechando la inercia de un eventual acuerdo en Presupuesto y tributos para sumar votos entre los dialoguistas.
En el oficialismo hablan de un “núcleo duro” del proyecto que no están dispuestos a ceder —con la ultraactividad y los bloqueos en el centro— y de otros artículos donde podrían admitir modificaciones para conseguir una mayoría estable. Del otro lado, la CGT y el kirchnerismo preparan un frente común para convertir la reforma en el eje de la próxima gran confrontación con Milei.
El Presidente, sin embargo, está convencido de que ese choque le sirve para ordenar su propio discurso: aparecer empujando cambios estructurales frente a un dispositivo sindical que se resiste. La forma en que se terminen de escribir estos cuatro puntos dirá mucho sobre hasta dónde llega, en los hechos, la promesa de “revolución” laboral de La Libertad Avanza.
Sin apertura de diálogo por parte del Gobierno, la CGT endurece su postura de cara al debate por la modificación de la normativa laboral.
Sin diálogo concreto, más allá del Consejo de Mayo, la central obrera salió a marcar la cancha.
El Gobierno cambió el temario de sesiones extraordinarias que se conocerá la semana que viene. La negociación con la CGT y con la oposición.
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Los bancos rechazan que las billeteras digitales paguen salarios y jubilaciones. Las fintech responden que buscan mantener un privilegio de 30 años.
El entendimiento fue firmado por el secretario general de la entidad gremial, Armando Cavalieri, y representantes de las tres cámaras empresariales.
Co-founder y Executive Director at Ingenia
