La movilización en defensa de las universidades públicas, la más grande que enfrentó Milei desde su asunción.
Los sindicatos de docentes y no docentes se suman a la movilización de la CGT este jueves 18 de diciembre.
La comunidad educativa vuelve a la calle. Las universidades abandonan la cautela y se posicionan en el epicentro de la confrontación política. Los gremios de docentes (FEDUN) y no docentes (FATUN) del sistema universitario argentino anunciaron su adhesión total a la marcha convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) para este jueves 18 de diciembre.
El escenario que empieza a desplegarse dentro de los gremios y que mañana se estampará en las calles parece comenzar a delinear el paisaje de un 2026 que tendrá como hilo conductor el conflicto social.
En el caso puntual de la movilización de este jueves. La protesta articula dos frentes de conflicto cruciales: el rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional y la defensa urgente del financiamiento educativo, cuya ley específica enfrenta una amenaza directa en el Congreso.
En ese marco, la decisión del Ejecutivo de incluir la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y la Ley de Financiamiento Educativo en el dictamen del presupuesto encendió la mecha de un conflicto que está latente desde la asunción de Javier Milei.
Los gremios universitarios, que históricamente canalizan sus demandas a través de paros y recursos judiciales, adoptan ahora la calle como herramienta de máxima presión. La convocatoria busca enviar un "claro mensaje" a los legisladores.
La FATUN señaló, mediante un comunicado, que el pueblo trabajador debe obligar a los representantes en el Congreso a "que comprendan que su voto no será gratuito" en caso de que decidan apoyar una reforma regresiva o absurda en términos económicos y productivos. Esta advertencia no solo apunta a los cambios en el Estatuto del Periodista o la Ley de Teletrabajo, sino también a la amenaza sobre los derechos laborales históricos que el gobierno busca "barrer".
La FEDUN, por su parte, convoca a marchar explícitamente "contra la reforma laboral que quiere barrer con derechos históricos y en defensa del trabajo, el salario y la producción nacional". Los gremios advierten que la aprobación de la reforma retrotrae los derechos a "un siglo atrás", convirtiendo la posibilidad de alcanzar salarios dignos y un bienestar económico sustentable en una "quimera" para los trabajadores.
La movilización, que se presume masiva, le pondrá el marco a un discusión que ya se comenzó a dar en el Congreso y cuya temperatura irá subiendo con el correr de los debates.
Los gremios entienden que la derogación implícita de una ley educativa crucial en la discusión presupuestaria vincula directamente el reclamo gremial docente con el debate central de las cuentas públicas en el Congreso. En ese marco, aclaran que: “El reclamo ya no es solo por la aplicación del presupuesto actual, sino por la defensa de un marco legal que el oficialismo busca desmantelar en la Ley de Leyes”.
Todos los caminos conducen a la justicia. Los gremios tienen claro, y de la misma forma lo entiende la conducción de la CGT, que a la par de la presión callejera y la disputa presupuestaria, ya comienzan a definir su estrategia legal. En ese marco, la reforma, que no solo afecta a los estatutos laborales históricos como el del Periodista o el Viajante de Comercio, sino que también deroga la Ley de Teletrabajo y otras trece normas que regulan la jornada laboral, enfrenta deberá ser revalidada inexorablemente en Tribunales.
El pulso entre el gobierno y los trabajadores universitarios, amplificado por la CGT, en el marco del debate por una nueva regulación del trabajo se convierte en un enfrentamiento multidimensional de pronóstico reservado. En el Congreso, el oficialismo intenta forzar la aprobación de un paquete que recorta la financiación educativa y desregula el mercado laboral. En la calle, la CGT recibe el apoyo de sectores clave (como la CGT Azul y Blanca, gastronómicos, ferroviarios y UTA) junto con los gremios de la educación superior, elevando el tono de la protesta social. Y en los tribunales, los sindicatos aceleran sus acciones legales para frenar tanto el ahogo financiero como la regresión en los derechos. En síntesis, un combo caliente que atravesará la discusión política durante le verano.
En ese marco, la movilización de este jueves simboliza la confluencia de todas las batallas que propone el oficialismo. Así mismo, será el termómetro que puede marcar la temperatura promedio del 2026.
El entendimiento fue firmado por el secretario general de la entidad gremial, Armando Cavalieri, y representantes de las tres cámaras empresariales.
