A la espera del veto. El Congreso tendrá la úlitma palabra sobre la ley de financiamiento educativo.
Los bloques que acompañaron al presidente con el veto a la movilidad jubilatoria dilatan la toma de posición. El peso de los Gobernadores en la discusión.
La foto y el asado con los “87 héroes” que blindaron el veto presidencial a la movilidad jubilatoria está lejos de repetirse. La decisión por parte del Ejecutivo de rechazar la ley de financiamiento educativo para las universidades sigue firme, pero las dudas sobre el acompañamiento que tendrá la medida adoptada por el presidente crecen.
“Las universidades no son lo mismo que los jubilados”, repiten en el seno del bloque del PRO y de la UCR. Pese a las diferencias que se exponen en el recinto, en este caso el diagnóstico es compartido. La referencia no tiene que ver con el carácter social de cada uno de los grupos, sino con su peso dentro de las estructuras políticas y su capacidad de movilización.
En ese marco, por ejemplo, la posibilidad de acompañar o no el veto presidencial no logra consenso dentro del bloque PRO. Según pudo confirmar El Observador de los 38 legisladores que componen el bloque amarillo hay por lo menos una tercera parte que no están dispuestos a acompañar. “La definición se terminará de tomar en la reunión de bloque”, explicó uno de los diputados alineados con la conducción de Cristian Ritondo, pese a que reconoció las diferentes posiciones que conviven en el espacio.
La discusión por el presupuesto 2025 abre una ventana para la negociación, pero aún no hay nada concreto, por lo menos no que convenza a los legisladores díscolos de la bancada amarilla.
En la UCR el debate interno también es fuerte. La apuesta de los sectores más cercanos al Gobierno también tiene que ver con el presupuesto. “El presupuesto se va a llevar todas las discusiones. Siempre pasa la mismo sobre final de año”, explica una experimentada legisladora de la UCR y agrega: “Ahí también va a entrar lo de las universidades. Por una cuestión de tiempos es difícil que se trate por separado.”
El presidente tiene tiempo hasta el 3 de octubre para vetar la norma. En caso contrario quedará firme. En la Casa Rosada aseguran desde el miércoles pasado que el decreto ya está redactado y se encuentra a la espera de la firma del presidente Javier Milei. No hay explicaciones sobre la demora.
Más allá de los tiempos y las especulaciones, lo cierto es que hoy el oficialismo no cuenta con los votos necesarios para sostener el veto en el Congreso. A la indecisión del PRO y la fragilidad del bloque radical se le suma la postura de los bloques provinciales que responden a los gobernadores.
En el caso de los gobernadores la mirada está puesta en la política local. Los rectores de las universidades del interior del país son actores que despliegan parte de su poderío en los años electorales. Más allá del respaldo social que tienen las universidades en todo el país, el peso político hace que la postura de los gobernadores sea mucho más cautelosa que con el veto a los jubilados.
Más allá de como se comienza a configurar el panorama dentro de la Cámara de Diputados a la espera del veto presidencial, en el oficialismo no dan la batalla por perdida. Por ahora sólo resta esperar.
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