La jueza Karina Andrade liberó a 114 personas detenidas el día de ayer tras una protesta en el Congreso
Los argumentos de la jueza Andrade tras liberar a los detenidos en la marcha de barras y jubilados en el Congreso
La jueza Karina Andrade liberó a 114 detenidos en las inmediaciones del Congreso por falta de información y en defensa de los derechos constitucionales.
Lo que importa sobre la liberación de detenidos tras la marcha de barras y jubilados
La jueza Karina Andrade liberó a 114 personas detenidas el día de ayer tras una protesta en el Congreso, basando su decisión en irregularidades en el proceso de detención.
Andrade cuestionó la falta de detalles sobre las detenciones, como la hora, el lugar y los delitos imputados, lo que contraviene los estándares internacionales de derechos humanos.
La magistrada defendió el derecho constitucional a la protesta y la libertad de expresión, indicando que no se pueden tornar estos derechos en ficciones a través de una mala aplicación de las leyes.
El Gobierno y funcionarios como el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, criticaron la decisión, citando la violencia ocurrida durante las protestas y los destrozos en la zona del Congreso.
El jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, subrayó los antecedentes penales de muchos de los detenidos y aseguró que la causa seguirá su curso.
Contexto
¿Por qué la jueza Karina Andrade liberó a los detenidos? La jueza Karina Andrade tomó la decisión de liberar a 114 personas detenidas en las inmediaciones del Congreso debido a la falta de información suministrada por las fuerzas de seguridad. En su fallo, Andrade destacó que no se especificaron detalles cruciales como el lugar de las detenciones, los delitos imputados y la hora exacta de los arrestos. La jueza explicó que la información proporcionada era "absolutamente deficitaria", lo que dificultaba el control de legalidad y razonabilidad de las detenciones.
¿Qué argumentó Andrade sobre la violación de derechos constitucionales? La jueza subrayó que en este caso estaban en juego derechos constitucionales fundamentales, como el derecho a la protesta, la libertad de expresión y la posibilidad de peticionar ante las autoridades. Destacó que, aunque estos derechos pueden ser limitados por las leyes, no pueden ser anulados de manera que pierdan su valor práctico. Citó el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2011, que establece que todas las detenciones deben estar debidamente registradas, con claridad sobre las causas y los detalles pertinentes.
¿Qué críticas surgieron a la decisión de Andrade? La decisión de la jueza generó una fuerte respuesta del Gobierno. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, expresó que resultaba "muy difícil combatir la violencia organizada" si se liberaban a los detenidos sin un análisis más exhaustivo. Además, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, criticó a los detenidos, señalando que muchos de ellos tenían antecedentes penales graves y prometió continuar la investigación.
¿Cómo se justifica la actuación de las fuerzas de seguridad? El Gobierno y la Policía justificaron las detenciones señalando la violencia ocurrida durante las protestas, en las que se registraron imágenes de patrulleros incendiados y destrozos en la zona del Congreso. Sin embargo, Andrade argumentó que, aunque los informes de las fuerzas de seguridad mencionaban delitos como resistencia a la autoridad, no se presentó evidencia concreta de delitos graves como portación de armas o daños a bienes públicos.
¿Qué rol juega el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Andrade recordó que la Corte Interamericana había establecido en un fallo anterior que cualquier detención debe ser debidamente documentada, con una justificación clara y accesible para el juez correspondiente. La falta de estos detalles en los informes de las fuerzas de seguridad fue uno de los pilares en los que basó su fallo.
¿Qué sucede ahora con los detenidos? A pesar de liberar a los detenidos, la jueza aclaró que su decisión no implicaba un juicio sobre la legalidad de los hechos ocurridos durante la protesta. Los detenidos serán investigados en el marco de una causa penal para determinar si participaron en los incidentes, y las autoridades seguirán recolectando pruebas, como imágenes, para esclarecer los hechos. Además, la causa continuará con la investigación de quienes no fueron detenidos pero también habrían sido responsables de los destrozos.
Cómo sigue
La causa penal sobre los incidentes ocurridos en el Congreso continuará, con la investigación enfocada en los responsables de los actos de violencia, como la quema de patrulleros y el daño a bienes públicos. Aunque los 114 detenidos fueron liberados, deberán enfrentar investigaciones sobre su posible responsabilidad en los hechos. Las fuerzas de seguridad seguirán colaborando con la fiscalía, aportando pruebas y elementos de juicio, mientras que la jueza Andrade no emitió una opinión definitiva sobre la aplicación de la ley en cuanto al fondo de la causa.
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Debate. El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces comienza abrirá el tercer proceso judicial por corrupción contra la expresidenta Cristina Kirchner, además de tener por primera vez en el banquillo de los acusados al diputado Máximo Kirchner.
Inicio. La primera audiencia está prevista para este viernes en la Sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, a la que ambos asistirán de manera virtual.
Lavado de dinero y asociación ilícita. La investigación se centra en un mecanismo que habría usado la firma hotelera e inmobiliaria para blanquear retornos provenientes de la obra pública.
Acusados y testigos. Las causas tienen 19 acusados, entre ellos Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa. En total, ambas causas reunían más de 300 testigos, pero las partes acordaron reducir la lista para darle celeridad al debate.
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Indagatorias y bienes inhibidos. A pedido de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, el juez Ariel Lijo citó para el 29 de octubre a los hermanos Jonathan y Emanuel Kovalivker. En total convocó a 36 imputados, que declararán hasta el 26 de noviembre, y decretó la inhibición general de bienes de todos los involucrados para evitar que los activos se vuelvan inalcanzables para el Estado.
Una droguería que actuaba como “dueña” de la agencia. Según los fiscales, la Suizo Argentina recibía información anticipada, controlaba las compulsas, fijaba precios con sobreprecios y usaba a Génesis S.A. como firma interpuesta. También habría dado órdenes sobre a qué firmas pagar y a quién designar o despedir dentro de la ANDIS.
Más de $137.000 millones en compras. Entre mayo de 2024 y agosto de 2025, la droguería obtuvo órdenes de compra por esa cifra, que los fiscales atribuyen a competencias simuladas y valores arbitrarios. Lijo también amplió la indagatoria de tres ya procesados por asociación ilícita: Atchabahian, Calvete y Arnaudo.
La versión de la empresa. Suizo Argentina rechazó las imputaciones y los sobreprecios y cuestionó las pruebas incorporadas a la causa, que calificó como un relato armado con mensajes y audios de personas que, según la compañía, en algunos casos nunca tuvieron vínculo con ella. Sostuvo que la ANDIS era uno de más de 10.000 clientes y que el 95% de su facturación proviene del sector privado, y afirmó que “la inocencia es total”.
