Los mandatarios provinciales remarcaron en los diálogos que mantienen entre ellos, y que pudo reconstruir El Observador, la necesidad de que el país tenga un Presupuesto 2026 después de dos prórrogas consecutivas. "No es serio no tener Presupuesto nuevamente. Todos los gobernadores lo necesitamos. Pero tiene que haber una relación de confianza con el Gobierno", le dijo a ese medio uno de los gobernadores que protagonizó esas conversaciones.
Los gobernadores con la guardia alta por la reforma tributaria de Javier Milei
El temor de los gobernadores es que la letra chica de la reforma tributaria, también conocida como fiscal, genere un deterioro de sus respectivas arcas. Más aún cuando el propio Milei dejó trascender que intentará modificar diferentes regímenes como la coparticipación federal. El miedo que tienen los mandatarios provinciales es que la Casa Rosada utilice la presión social para que salga esa reforma con modificaciones no consensuadas.
La decisión de los gobernadores dialoguistas de empezar a poner ese tema sobre la mesa se enmarca dentro de la situación con la reforma laboral en donde comenzaron a escucharse quejas por la falta de consulta de parte de la Casa Rosada hacia ellos, al igual que con los empresarios, para saber qué cambios serían mejores para cada economía regional.
Los gobernadores levantan la guardia ante posibles "sorpresas" en la reforma tributaria de Javier Milei.
El Presupuesto 2026, la prioridad de Javier Milei y Diego Santilli
"El Presupuesto va a salir pero es necesario sentarnos a negociar las reformas para tener la certeza de que no nos va a perjudicar al final del día. Todavía hay mucha desconfianza por los fondos de estructuras que desarmaron que nunca transfirieron", precisó otro gobernador dialoguista en relación a lo que sucedió con los cargos jerárquicos en ARCA (anteriormente AFIP) que eran financiado con el 2% de los fondos coparticipables y cuando se suprimieron el Estado nacional no lo distribuyó.
La posibilidad de recurrir al financiamiento en el exterior para costear proyectos de obra pública era algo en lo que coincidieron la mayoría de los gobernadores que se reunieron con Santilli. La habilitación final para ese endeudamiento requiere de la habilitación del Ministerio de Economía, que históricamente se negó a dar el visto bueno cuando los ejecutivos provinciales eran de un signo político diferente al de la Casa Rosada. Pero esa no será la única carta sobre la mesa.
Los gobernadores levantan la guardia ante posibles "sorpresas" en la reforma tributaria de Javier Milei.
Las negociaciones de los gobernadores con Diego Santilli por el Presupuesto 2026
Dependiendo de cómo estén en cuanto a los votos en la Cámara de Diputados, el oficialismo podría incluir parte de las transferencias por las cajas previsionales no traspasadas al Ejecutivo Nacional. Se trata de las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Formosa, La Pampa, Misiones, Chaco, Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego. "Dependerá de la necesidad de los votos", le dijo a El Observador una fuente al tanto de las negociaciones.
La administración del presidente Javier Milei mantendrá como única condición el equilibrio fiscal del Presupuesto 2026. De acuerdo a los últimos cálculos que hizo el ministro de Economía, hay 2 puntos del PBI que se pueden repartir dentro de la ley de leyes. De allí saldrá una parte de la negociación a lo que se sumará la habilitación para el financiamiento. La estrategia del oficialismo es que el dictamen de mayoría se logre tener la primera semana con la nueva composición para así poder acelerar el tratamiento en el recinto.
El Presidente quiere que se sancionen el Presupuesto 2026 y las facultades delegadas en diciembre para empezar en enero con la discusión de la reforma.
Los mandatarios provinciales dudan ante la falta de "consulta" sobre qué cambios deben hacerse. Temen que termine en algo "lavado". Empresarios, igual.
El ministro del Interior acelera en el Congreso. Puso sobre la mesa la posibilidad de que el Gobierno allane el camino para la reelección de los mandatarios.
El ministro del Interior propondrá la autorización para el endeudamiento provincial como prenda de cambio por el proyecto de La Libertad Avanza. También evaluará las cajas previsionales no traspasadas.
Debate. El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces comienza abrirá el tercer proceso judicial por corrupción contra la expresidenta Cristina Kirchner, además de tener por primera vez en el banquillo de los acusados al diputado Máximo Kirchner.
Inicio. La primera audiencia está prevista para este viernes en la Sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, a la que ambos asistirán de manera virtual.
Lavado de dinero y asociación ilícita. La investigación se centra en un mecanismo que habría usado la firma hotelera e inmobiliaria para blanquear retornos provenientes de la obra pública.
Acusados y testigos. Las causas tienen 19 acusados, entre ellos Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa. En total, ambas causas reunían más de 300 testigos, pero las partes acordaron reducir la lista para darle celeridad al debate.
Indagatorias y bienes inhibidos. A pedido de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, el juez Ariel Lijo citó para el 29 de octubre a los hermanos Jonathan y Emanuel Kovalivker. En total convocó a 36 imputados, que declararán hasta el 26 de noviembre, y decretó la inhibición general de bienes de todos los involucrados para evitar que los activos se vuelvan inalcanzables para el Estado.
Una droguería que actuaba como “dueña” de la agencia. Según los fiscales, la Suizo Argentina recibía información anticipada, controlaba las compulsas, fijaba precios con sobreprecios y usaba a Génesis S.A. como firma interpuesta. También habría dado órdenes sobre a qué firmas pagar y a quién designar o despedir dentro de la ANDIS.
Más de $137.000 millones en compras. Entre mayo de 2024 y agosto de 2025, la droguería obtuvo órdenes de compra por esa cifra, que los fiscales atribuyen a competencias simuladas y valores arbitrarios. Lijo también amplió la indagatoria de tres ya procesados por asociación ilícita: Atchabahian, Calvete y Arnaudo.
La versión de la empresa. Suizo Argentina rechazó las imputaciones y los sobreprecios y cuestionó las pruebas incorporadas a la causa, que calificó como un relato armado con mensajes y audios de personas que, según la compañía, en algunos casos nunca tuvieron vínculo con ella. Sostuvo que la ANDIS era uno de más de 10.000 clientes y que el 95% de su facturación proviene del sector privado, y afirmó que “la inocencia es total”.