El Gobierno anunció este martes, mediante su vocero Manuel Adorni, la intención de avanzar con elarancelamiento de las universidades y los hospitales para los extranjeros no residentes. La respuesta de los gremios docentes no tardó en llegar. Tan sólo 24 horas más tarde, la Federación de Docentes Universitarios (FEDUBA) expresó su rechazo y advirtió sobre la inconstitucionalidad de la medida.
El gremio centró su rechazo en lo discriminatoria que sería una medida de esta naturaleza, que además consideraron ilegal.
FEDUBA calificó la iniciativa como una estrategia política que busca dividir a la sociedad, fomentando enfrentamientos y promoviendo un discurso individualista. “Se pretende instalar un sentido común del ‘sálvese quien pueda’, contrario a los valores de igualdad y solidaridad que caracterizan a las instituciones públicas argentinas”, señalaron.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue el encargado de anunciar la intención del Gobierno de avanzar en el arancelamiento de universidades y hospitales.
El comunicado resalta que la sociedad argentina ha demostrado históricamente su defensa de la educación superior gratuita, el conocimiento crítico y los derechos adquiridos. Para la federación, estas propuestas “no se condicen con los deseos y realizaciones de las grandes mayorías populares”.
Los números sobre el arancelamiento a las universidades
Más allá de la postura de los gremios y los argumentos, las encuestas que circulan en diversos escritorios del poder señalan que la medida tiene un apoyo transversal que va más allá del núcleo duro de votantes de La Libertad Avanza o el PRO.
Hace poco menos de un mes, la consultora OPINAI publicó un estudio en la que se muestra que una medida como la que tomó el gobierno contaría con un apoyo de por lo menos el 80% de la sociedad.
Según el estudio de opinión el 77% de los encuestados se manifestaron a favor de cobrarle una cuota a los no residentes en el país de nacionalidad extranjera que estudien en las universidades públicas del país.
La cifra de aprobación asciende al 80% en total cuando la consulta fue acerca de cobrarle a los extranjeros no residentes por el uso de los servicios de salud pública.
Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.
Sesión con quórum justo. La oposición convocó a sesionar este miércoles para emplazar y dictaminar proyectos sobre endeudamiento familiar y discapacidad. Necesitan reunir 129 presentes y estiman alcanzar los 130 diputados.
Estrategia libertaria. El oficialismo abrió las comisiones solicitadas y se comprometió a apoyar las iniciativas, si no generan déficit fiscal; aunque no sería suficiente para frenar la sesión.
Rol clave de los gobernadores. Diputados de Tucumán y Catamarca dijeron que darán quórum, pero la incógnita pasa por los de Salta y Misiones, sumados a posturas ambiguas dentro de Provincias Unidas.
Mensaje político a Milei. El peronismo y sus aliados buscan demostrar fortaleza frente al Ejecutivo, pese a los intentos de La Libertad Avanza por destrabar el conflicto.
¿Respuesta del Gobierno? No se descartan anuncios del Gobierno hoy, tras la mesa política, para intentar desarticular la convocatoria.