Los gremios docentes rechazan el arancelamiento para extranjeros de las universidades y los hospitales
La Federación de Docentes Universitarios advirtió sobre la inconstitucionalidad de la medida que pretende llevar adelante el Gobierno.
El Gobierno anunció este martes, mediante su vocero Manuel Adorni, la intención de avanzar con el arancelamiento de las universidades y los hospitales para los extranjeros no residentes. La respuesta de los gremios docentes no tardó en llegar. Tan sólo 24 horas más tarde, la Federación de Docentes Universitarios (FEDUBA) expresó su rechazo y advirtió sobre la inconstitucionalidad de la medida.
El gremio centró su rechazo en lo discriminatoria que sería una medida de esta naturaleza, que además consideraron ilegal.
FEDUBA calificó la iniciativa como una estrategia política que busca dividir a la sociedad, fomentando enfrentamientos y promoviendo un discurso individualista. “Se pretende instalar un sentido común del ‘sálvese quien pueda’, contrario a los valores de igualdad y solidaridad que caracterizan a las instituciones públicas argentinas”, señalaron.
El comunicado resalta que la sociedad argentina ha demostrado históricamente su defensa de la educación superior gratuita, el conocimiento crítico y los derechos adquiridos. Para la federación, estas propuestas “no se condicen con los deseos y realizaciones de las grandes mayorías populares”.
Los números sobre el arancelamiento a las universidades
Más allá de la postura de los gremios y los argumentos, las encuestas que circulan en diversos escritorios del poder señalan que la medida tiene un apoyo transversal que va más allá del núcleo duro de votantes de La Libertad Avanza o el PRO.
Hace poco menos de un mes, la consultora OPINAI publicó un estudio en la que se muestra que una medida como la que tomó el gobierno contaría con un apoyo de por lo menos el 80% de la sociedad.
Según el estudio de opinión el 77% de los encuestados se manifestaron a favor de cobrarle una cuota a los no residentes en el país de nacionalidad extranjera que estudien en las universidades públicas del país.
La cifra de aprobación asciende al 80% en total cuando la consulta fue acerca de cobrarle a los extranjeros no residentes por el uso de los servicios de salud pública.