Los hechos, que dejaron al menos 37 detenidos mientras se debatía en el Senado el proyecto de ley de Reforma Laboral y generaron daños en infraestructura por un costo estimado de 270 millones de pesos, según cálculos de la Ciudad de Buenos Aires, podrían derivar en la imputación de otras 17 personas bajo la misma carátula penal.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó el jueves la denuncia contra cuatro manifestantes por “terrorismo”, quienes habrían participado activamente en los incidentes registrados el miércoles en las inmediaciones del Congreso de la Nación.
Los hechos, que dejaron al menos 37 detenidos mientras se debatía en el Senado el proyecto de ley de Reforma Laboral y generaron daños en infraestructura por un costo estimado de 270 millones de pesos, según cálculos de la Ciudad de Buenos Aires, podrían derivar en la imputación de otras 17 personas bajo la misma carátula penal.
"Dijimos que los íbamos a identificar", subrayó la titular de la cartera nacional, a través de un video publicado en redes sociales. Conforme a la información recabada por el trabajo conjunto entre la Justicia y la Polícía Federal Argentina (PFA), los apuntados serían cuatro: Matías Enzo Roldán, Federico Alberto Mazzagalli, Patricio Hernán Castellan y Denis Alejandro Figueredo.
"Se les acabó la impunidad. Vamos por todo. La hacen; las pagan", sentenció Monteoliva.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que "el Gobierno nacional ha denunciado por terrorismo a los responsables de los ataques". Y enfatizó a través de su cuenta de X que "atacar al Congreso de la Nación y agredir a las fuerzas de seguridad es un delito grave contra el orden constitucional".
En la denuncia presentada el jueves por el Ministerio de Seguridad ante la Justicia federal, se insta a investigar “el accionar ilícito” de los cuatro acusados, quienes habrían tenido como objetivo “generar un escenario de terror en la ciudadanía, atentar contra miembros, poderes y estructuras edilicias federales y locales y, con ello, deponer o inhibir el funcionamiento del Congreso de la Nación, además de vulnerar la integridad de las fuerzas federales de seguridad”.
"Entre los atentados descriptos, se evidenció la existencia de individuos y organizaciones que contaban con recipientes de combustible inflamable, explosivos incendiarios de confección casera, objetos contundentes y peligrosos que fueron lanzados contra miembros de las fuerzas federales de seguridad que se encontraban en el lugar, en cumplimiento de su deber", detalló el escrito firmado por el Director de Normativa de la cartera comandada por Monteoliva, Lisandro Franco.
Sancionada en 2011, la noramtiva modificó el Código Penal para agravar las penas en delitos cometidos con el propósito de aterrorizar a la población u obligar a autoridades a realizar un acto. Para ello, se incorporó la tipificación del financiamiento del terrorismo y endureciendo sanciones por asociación ilícita.
En su Artículo 41 el texto prevé al aumento del castigo en el doble del mínimo y el máximo a cualquier infracción tradicional (homicidio, lesiones, daños) si se tiene como finalidad dicho objetivo.
Respecto a los períodos de reclusión, varía según el grado de transgresión:
Presentada por el Gobierno Nacional, la iniciativa cosechó 42 votos afrimativos, frente a los 30 negativos.
La media sanción se logró en la madrugada de este jueves con 42 votos a favor y 30 en contra
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