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"Los identificamos" | Qué dice la Ley Antiterrorista y qué penas podrián enfrentar los manifestantes que participaron de los hechos violentos en el Congreso

Los hechos, que dejaron al menos 37 detenidos mientras se debatía en el Senado el proyecto de ley de Reforma Laboral y generaron daños en infraestructura por un costo estimado de 270 millones de pesos, según cálculos de la Ciudad de Buenos Aires, podrían derivar en la imputación de otras 17 personas bajo la misma carátula penal.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó el jueves la denuncia contra cuatro manifestantes por “terrorismo”, quienes habrían participado activamente en los incidentes registrados el miércoles en las inmediaciones del Congreso de la Nación.

Los hechos, que dejaron al menos 37 detenidos mientras se debatía en el Senado el proyecto de ley de Reforma Laboral y generaron daños en infraestructura por un costo estimado de 270 millones de pesos, según cálculos de la Ciudad de Buenos Aires, podrían derivar en la imputación de otras 17 personas bajo la misma carátula penal.

"Dijimos que los íbamos a identificar", subrayó la titular de la cartera nacional, a través de un video publicado en redes sociales. Conforme a la información recabada por el trabajo conjunto entre la Justicia y la Polícía Federal Argentina (PFA), los apuntados serían cuatro: Matías Enzo Roldán, Federico Alberto Mazzagalli, Patricio Hernán Castellan y Denis Alejandro Figueredo.

"Se les acabó la impunidad. Vamos por todo. La hacen; las pagan", sentenció Monteoliva.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que "el Gobierno nacional ha denunciado por terrorismo a los responsables de los ataques". Y enfatizó a través de su cuenta de X que "atacar al Congreso de la Nación y agredir a las fuerzas de seguridad es un delito grave contra el orden constitucional".

¿Qué dice la Ley Antiterrorista y qué penas podrián enfrentar los manifestantes acusados que participar en los hechos violentos en el Congreso?

En la denuncia presentada el jueves por el Ministerio de Seguridad ante la Justicia federal, se insta a investigar “el accionar ilícito” de los cuatro acusados, quienes habrían tenido como objetivo “generar un escenario de terror en la ciudadanía, atentar contra miembros, poderes y estructuras edilicias federales y locales y, con ello, deponer o inhibir el funcionamiento del Congreso de la Nación, además de vulnerar la integridad de las fuerzas federales de seguridad”.

"Entre los atentados descriptos, se evidenció la existencia de individuos y organizaciones que contaban con recipientes de combustible inflamable, explosivos incendiarios de confección casera, objetos contundentes y peligrosos que fueron lanzados contra miembros de las fuerzas federales de seguridad que se encontraban en el lugar, en cumplimiento de su deber", detalló el escrito firmado por el Director de Normativa de la cartera comandada por Monteoliva, Lisandro Franco.

Fuente: @AleMonteoliva (Captura)

Sancionada en 2011, la noramtiva modificó el Código Penal para agravar las penas en delitos cometidos con el propósito de aterrorizar a la población u obligar a autoridades a realizar un acto. Para ello, se incorporó la tipificación del financiamiento del terrorismo y endureciendo sanciones por asociación ilícita.

En su Artículo 41 el texto prevé al aumento del castigo en el doble del mínimo y el máximo a cualquier infracción tradicional (homicidio, lesiones, daños) si se tiene como finalidad dicho objetivo.

Respecto a los períodos de reclusión, varía según el grado de transgresión:

  • Financiamiento del Terrorismo (Art. 306): castiga con prisión de 5 a 15 años a quien recolecte o entregue bienes o dinero para financiar delitos con finalidad terrorista, independientemente de si el delito se comete o no.
  • Asociaciones Ilícitas (Art. 213 ter): penas de 5 a 20 años de prisión para quienes formen parte de una asociación ilícita cuyo propósito sea aterrorizar a la población.
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Malvinas: el Gobierno evalúa sumar la pesca al régimen de sanciones

Presidencia
  • Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
  • Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
  • Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
  • El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
  • Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.

Marc Jacobs, Michael Kors y otras marcas desembarcan en el nuevo shopping OH! Buenos Aires

  • Nuevo centro comercial en Recoleta. Prevé abrir sus puertas en los próximos meses en el predio del ex Buenos Aires Design, contando con 30.000 metros cuadrados, 110 locales y 30 propuestas gastronómicas.

  • Llegada de etiquetas inéditas al país. Firmas internacionales como Stella McCartney, Off-White, Golden Goose, Palm Angels, Scotch & Soda, Dsquared2 y Mandarina Duck tendrán por primera vez locales en la Argentina.

  • Moda automotriz y un esperado regreso. Maserati estrenará un espacio exclusivo destinado a su línea de indumentaria y accesorios, mientras que la firma francesa de trajes de baño Vilebrequin volverá a operar en el país.

  • Impulso importador y capitales nacionales. La llegada de estas grandes marcas globales se da en el marco de la reciente apertura de importaciones, dentro de un proyecto financiado por el grupo argentino Hatzlaja.