Crece la tensión entre los sindicatos y el Gobierno por el reclamo de paritarias.
Los sindicatos denuncian cepo paritario y tensan aún más la relación con el Gobierno
Los dirigentes gremiales apuntan contra el ministro de Economía por la falta de la homologación de los aumentos de salario.
El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo está dispuesto a sostener el techo paritario. La orden es no homologar ningún acuerdo de aumento por encima de lo proyectado desde su cartera. Así como la UOM fue protagonista de este conflicto un año atrás, hoy los empleados de comercios aparecen en el centro de la escena. Crece la tensión con lossindicatos.
La novedad, desde la lógica política, tiene que ver con la decisión del Gobierno de dinamitar los puentes con los gremios más dialoguistas. Es decir, la decisión de mantener los salarios por debajo de los índices de inflación lleva al Gobierno a enfrentarse con gremios como la UTA o Comercio. Sindicatos que siempre se muestran proclives a la negociación con el oficialismo de turno.
El esquema que se plantea desde el ministerio de Economía para imponer el techo paritario no es nuevo. Pero este año tiene como protagonista al sindicato con más afilados de la Argentina, el sindicato de Comercio.
Ese marco, Armando Cavalieri, al igual que otros popes sindicales, flanqueado por la disputa interna y por el reclamo de sus propias bases, decidió romper el silencio.
Los números que preocupan al Gobierno
El conflicto comenzó cuando el sindicato que conduce Cavalieri y las Cámaras empresariales acordaron una suba de salarios del 5,4% acumulativo, distribuido en tres tramos: 1,9% en abril, 1,8% en mayo y 1,7% en junio. La cifra fue vetada por el Gobierno, que intenta imponer un techo del 1% mensual.
"¿Tener salarios que aumentan 1,5% o 1,7% es realmente un peligro para la estabilidad que busca Milei? Si es así, estamos en una situación muy delicada", analizó Cavalieri tras anoticiarse de la decisión del Gobierno.
Desde la secretaria de Trabajo intentaron convocar a una nueva reunión para rever porcentajes. El sindicato se negó. A partir de allí se abrió un nuevo capítulo del conflicto. Según denuncian los dirigentes sindicales, el propio Caputo le ordenó, por ejemplo, a las cadenas de supermercados no abonar el incremento acordado. Los empresarios hicieron caso y se amparan en la ley. No hay obligación de pagar si el Estado no homologa.
La UOM y el Correo casos testigo
Pero comercio no es el único caso. La UOM, que ahora ingresó en periodo de conciliación obligatoria, lidió todo el 2024 con ese mismo conflicto. La crisis en el sector, los despidos y las suspensiones, hicieron que la discusión pasara a un segundo plano.
Otro de los ejemplos recientes de que las directivas que se bajan desde Economía se imponen en la realidad concreta sin miramientos es la paritaria de correo. En este caso, los funcionarios resolvieron dar unilateralmente un incremento del 6,6% por el lapso de 5 meses para los empleados del Correo. Se trata de una recomposición que, con suerte, quedará en la mitad de lo que será la inflación del período.
Se trata de incrementos del 1,5% para enero, 1,2% para febrero, 1,3% para marzo, 1,3% para abril y un 1,3% para mayo. Lo que suma el 6,6% para los primeros 5 meses de 2025.
Al mismo tiempo, y casi en un universo paralelo, los gremios que habían cerrado paritarias ajustados al techo impuesto por el Gobierno piden reabrir la discusión. La voz cantante en este tema la lleva Camioneros. Pero son por lo menos una decena de gremios los que ya intimaron a las Cámaras de cada sector a sentarse nuevamente a discutir salarios. El 3,7% de inflación del mes pasado dinamitó la frágil paz que había en el universo laboral.
Tras conocerse el índice de inflación del mes pasado, que marcó el pico más alto el último semestre, y los movimientos de precios que acompañaron la salida del cepo, los sindicatos reclaman revisar los acuerdos salariales.
La mejora de sueldos para los mercantiles adoptará el carácter de Suma No Remunerativa, tendrá impacto en adicionales como vacaciones, aguinaldo y presentismo.
Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.
Nuevo centro comercial en Recoleta. Prevé abrir sus puertas en los próximos meses en el predio del ex Buenos Aires Design, contando con 30.000 metros cuadrados, 110 locales y 30 propuestas gastronómicas.
Llegada de etiquetas inéditas al país. Firmas internacionales como Stella McCartney, Off-White, Golden Goose, Palm Angels, Scotch & Soda, Dsquared2 y Mandarina Duck tendrán por primera vez locales en la Argentina.
Moda automotriz y un esperado regreso. Maserati estrenará un espacio exclusivo destinado a su línea de indumentaria y accesorios, mientras que la firma francesa de trajes de baño Vilebrequin volverá a operar en el país.
Impulso importador y capitales nacionales. La llegada de estas grandes marcas globales se da en el marco de la reciente apertura de importaciones, dentro de un proyecto financiado por el grupo argentino Hatzlaja.