Tucumán tiene a los legisladores "más costosos" del país, según Fundación Libertad.
Mantener las legislaturas provinciales cuesta $1,42 billones al año, con fuertes desigualdades: un legislador puede valer seis veces más que otro dependiendo su jurisdicción.
El funcionamiento de las legislaturas de cada provincia representa uno de los gastos más significativos dentro de los presupuestos subnacionales. De acuerdo a las cifras arrojadas recientemente por Fundación Libertad, de los 24 distritos, el importe total destinado a las cámaras legislativas hasta 2025 inclusive ascendió a $1.416.672 millones, es decir, cerca de $1,42 billones.
Si se tiene en cuenta que el total de diputados y senadores provinciales es de 1.199, el costo promedio por legislador alcanza los $1.182 millones anuales, lo que equivale a unos $98 millones por mes por banca. Sin embargo, ese promedio esconde profundas diferencias entre provincias.
El distrito con el mayor costo por legislador es Tucumán, donde cada representante insume $2.735 millones al año. Le siguen la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con $2.662 millones, y luego Chaco con $2.492 millones. En el otro extremo del ranking aparecen San Luis y Santiago del Estero, con gastos anuales por legislador de $174 millones y $138 millones, respectivamente.
Las brechas resultan llamativas incluso entre provincias con estructuras legislativas similares. Un legislador tucumano cuesta seis veces más que uno jujeño, pese a que ambas jurisdicciones cuentan con cantidades comparables de bancas. Un contraste similar se observa entre Catamarca y San Luis: el gasto por legislador en la primera casi sextuplica al de la segunda.
También se registran diferencias marcadas entre provincias vecinas o comparables en términos demográficos. En Chaco, el costo por legislador es de $2.492 millones anuales, mientras que en Misiones alcanza los $988 millones, lo que implica que mantener una banca chaqueña cuesta dos veces y media más. Otro caso significativo es el de Santa Fe, donde el gasto por legislador cuadruplica al de Córdoba.
El relevamiento vuelve a poner en el centro del debate el tamaño y la eficiencia del gasto político a nivel provincial, así como la falta de criterios homogéneos para definir los presupuestos legislativos en todo el país.
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