Juan Pazo, titular de ARCA, criticó con dureza a Axel Kicillof y a su equipo por mantener controles provinciales a pesar del nuevo régimen nacional.
Juan Pazo, titular de ARCA, reprochó al gobernador bonaerense por rechazar el régimen nacional y amenazó con cortar información a las provincias que no adhieran
¿Qué dijo Juan Pazo sobre Axel Kicillof y la provincia de Buenos Aires?
El titular de ARCA, Juan Pazo, criticó con dureza a Axel Kicillof y a su equipo por mantener controles provinciales a pesar del nuevo régimen nacional para que los argentinos puedan gastar dólares “bajo el colchón”. Pazo calificó al gobernador de la Provincia de tener una “mentalidad soviética” y aseguró que no es algo nuevo, sino que desde la administración bonaerense habían impulsado un sistema de “exceso de información y regulación”.
“Por los tributos nacionales, ARCA no va a perseguir a nadie si adhiere al nuevo régimen. Esta concepción soviética de Kicillof y su equipo no me llama la atención, no es nada nuevo, ellos nos llevaron a este régimen de exceso de la información”, aseguró Pazo en La Red.
Además, advirtió que las provincias que no adhieran al plan perderán el acceso a datos fiscales importantes, lo que dificultará sus controles, pero aseguró que esto complicará solamente a Kicillof y no a los contribuyentes.
¿En qué consiste el plan nacional para el uso de dólares “bajo el colchón”?
El Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos permite que los contribuyentes gasten hasta 50 millones de pesos mensuales (unos 40.000 dólares) sin ser fiscalizados intensamente por el fisco. La iniciativa busca incentivar que esos ahorros “del colchón” se vuelquen a la economía formal, promoviendo la producción, la generación de empleo y el bienestar.
¿Cómo respondió la provincia de Buenos Aires a este plan?
ARBA, el organismo de control tributario bonaerense, anunció que no adherirá al régimen nacional y mantendrá sus propios controles sobre las compras y movimientos de dólares. Cristian Girard, director ejecutivo de ARBA, cuestionó la falta de modificaciones normativas concretas y aseguró que las medidas nacionales carecen de seguridad jurídica, calificándolas de “promesa electoral” y un “manotazo de ahogado” en un contexto económico complicado.
¿Cuál fue la reacción de otros gobernadores y la Casa Rosada?
La Casa Rosada convocó a 17 gobernadores a una reunión virtual para explicar el plan y promover adhesiones, pero varios mandatarios opositores no asistieron ni tienen previsto sumarse. Pazo calificó el encuentro como “muy positivo” y destacó la buena recepción técnica, afirmando que la mayoría de los gobernadores cercanos a su gente veían al plan como una forma de activar sus economías provinciales.
¿Qué riesgos o consecuencias señaló ARCA para las provincias que no adhieran?
ARCA informó que las provincias que no se sumen al régimen nacional perderán el acceso a la información sobre facturación, consumos y variaciones patrimoniales que manejan sobre las personas y las empresas. Esto afectará la capacidad de los distritos para controlar tributos y fiscalizar operaciones que superen los umbrales establecidos.
¿Cómo se enmarca este conflicto en el contexto político actual?
La disputa refleja las tensiones entre el Gobierno nacional liderado por Javier Milei, que impulsa una apertura para liberar los ahorros en dólares, y las provincias gobernadas por la oposición, como Buenos Aires, que prefieren mantener regulaciones estrictas y controles fiscales. Kicillof, en particular, se mantiene firme en no sumarse al plan y cobrar impuestos provinciales sobre esos fondos, desafiando la iniciativa nacional.
El Gobierno nacional continuará promoviendo la adhesión de las provincias al nuevo régimen de uso de dólares “bajo el colchón”, aprovechando la convocatoria y diálogo técnico con gobernadores aliados.
Sin embargo, la provincia de Buenos Aires y otros distritos mantendrán sus controles tributarios independientes y rechazaron sumarse, lo que podría derivar en un esquema fragmentado de fiscalización.
ARCA ya anunció que limitará el acceso a información clave para quienes no adhieran, lo que podría profundizar tensiones federales en materia tributaria y de control económico.
La disputa marca un pulso político entre la estrategia económica liberal del Ejecutivo nacional y la posición más regulatoria y fiscalizadora de algunos gobiernos provinciales, especialmente el bonaerense, que busca preservar su autonomía fiscal y recaudatoria.
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