Otro foco de conflicto con el Gobierno: la oposición deberá conseguir los dos tercios para habilitar el tratamiento de los temas en la sesión de este jueves.
La oposición tratará de derogar los decretos del Gobierno que establecen el cierre y la transformación de organismos públicos.
Tras un miércoles duro en Diputados, el Gobierno se enfrenta a un jueves difícil en la Cámara alta. La oposición, con la mira puesta en proyectos de amplio consenso social, busca sancionar dos iniciativas que ya cuentan con el aval de Diputados: la declaración de emergencia pediátrica para el Hospital Garrahan y la ley de financiamiento para las universidades nacionales.
A esto suma la intención de anular varios decretos presidenciales que ya generaron controversia. Como es costumbre, el presidente Javier Milei ya anticipa su veto si el Congreso aprueba estas leyes.
La discusión que llevará los temas al recinto se dio el miércoles, en paralelo a la sesión que se desarrollaba en Diputados. La oposición se reunió con la vicepresidenta, Victoria Villarruel, y le pidió la convocatoria para este jueves. Algo inusual en el Senado, donde se espera religiosamente a que pasen siete días de emitido un despacho para llevarlo al recinto.
Los senadores de la oposición acusaron temas logísticos y de campaña. También hablaron de la gravedad de los temas, en especial del Garrahan. En ese marco, el deseo fue concedido. Sin embargo, al no haber transcurrido el tiempo reglamentario, la oposición necesitará los dos tercios de los presentes para habilitar el tratamiento de los temas.
El Hospital Garrahan estará una vez más en el centro de la escena. Afuera del Congreso habrá movilización de trabajadores que votaron un paro de 24 horas para poder acompañar la sesión. Adentro se dará el debate en el que la oposición lleva las de ganar.
El texto contempla el ingreso de fondos para insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial. Además, la propuesta reclama una recomposición salarial inmediata para todo el personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica, con criterios de equiparación y reconocimiento por funciones críticas. Establece, además, que esta recomposición no podrá ser inferior a la que el personal recibía en términos reales en noviembre de 2023.
Durante la jornada de este jueves, el Senado abordará también el financiamiento de las universidades públicas, otro foco de conflicto con el Gobierno. El proyecto de ley exige la actualización de los gastos de funcionamiento de las casas de estudio, con fecha retroactiva al 1º de enero de 2025, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC entre el 1º de mayo y el 31 de diciembre de 2024. También prevé subas bimestrales para el año en curso.
La iniciativa también fuerza al Ejecutivo a actualizar los salarios de docentes y no docentes universitarios entre el 1º de diciembre de 2023 y la sanción de la ley, en un porcentaje no menor al IPC del INDEC para el mismo período. El texto determina que todo incremento debe ser remunerativo y bonificable. La norma, además, impone la convocatoria obligatoria a negociación paritaria con una periodicidad trimestral, la cual asegura una actualización mensual que no resulte inferior a la inflación publicada por el INDEC, tanto para personal docente como no docente.
La confrontación parlamentaria alcanza también los decretos presidenciales. El Senado busca desactivar cuatro decretos de facultades delegadas y un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Estos decretos ya recibieron el rechazo de la Cámara de Diputados la semana pasada y, de prosperar la votación en el Senado, perderán su vigencia.
Entre los objetivos de la oposición figuran los decretos que disolvieron o modificaron organismos clave como Vialidad Nacional, el INTI, el INTA, el Banco Nacional de Datos Genéticos, y la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo. El DNU en discusión se vincula con la Marina Mercante y sus polémicos cambios sobre el derecho a huelga y la calificación de servicio esencial.
El Gobierno necesita reconquistar los votos de ese electorado volátil, menos polarizado y que esta geográficamente ubicado en las ciudades del interior. Es menos relevante electoralmente el conurbano bonaerense que los conurbanos de Córdoba capital y Rosario.
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