La primera jornada de protesta por el DNU estaba programada para el sábado 24 de mayo.
Dictaron la conciliación obligatoria y se levantó el paro de controladores aéreos previsto para el fin de semana
El sindicato ATEPSA levantó la medida de fuerza, pero insiste en el reclamo salarial y cuestiona el decreto que regula el derecho de huelga.
La Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) informó este viernes que se levantaron las medidas de fuerza anunciadas por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), luego de que se dictara la conciliación obligatoria. El paro, que estaba previsto para este fin de semana en reclamo de aumentos salariales, quedó suspendido.
En un comunicado, EANA aseguró que “las acciones pretendidas por el gremio no se llevarán a cabo y queda garantizado el normal funcionamiento del servicio esencial de navegación aérea en todos los aeropuertos de Argentina, todos los días y en todas las franjas horarias”.
ATEPSA había anunciado inicialmente paros parciales que afectarían despegues de aeronaves en vuelos internacionales el sábado 24 de mayo, de 13 a 17 horas, y en vuelos de cabotaje el domingo, de 19 a 22 horas. La medida respondía a una “propuesta salarial inaceptable” por parte de EANA, que según el sindicato liderado por Paola Barritta, ofreció un aumento del 0% y pretende cerrar la negociación paritaria 2024/25 luego de más de ocho meses sin actualizaciones salariales.
El plan de lucha incluía además paros parciales y por sectores para los días 27, 28, 30 y 31 de mayo, que afectarían progresivamente a toda la aviación.
Además del reclamo salarial, ATEPSA denunció despidos ilegales de controladores, técnicos y operadores SAR, el vaciamiento de áreas clave, la posible clausura del centro de formación profesional y la falta de respuestas de las autoridades.
Contexto legal y sindical
Hace 24 horas, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial el decreto 340, que reglamenta el derecho de huelga en los sectores de transporte, educación y salud. Esta normativa obliga a los sindicatos a garantizar un servicio mínimo de entre el 50% y el 75% durante las protestas. La norma, firmada por el presidente Javier Milei y sus ministros, retoma el espíritu del DNU 70, que fue suspendido judicialmente tras un amparo presentado por la CGT.
Gerardo Martínez, secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, rechazó el decreto 340 y calificó la medida como “una vulneración a los derechos fundamentales y a la libertad sindical”. Aseguró que el sindicalismo sigue apostando por “el diálogo consensuado con los actores sociales correspondientes” y denunció que “este Gobierno le teme al diálogo y aplica normativas unilaterales pro-patronales”.
Martínez indicó que la sentencia judicial que suspendió el artículo 97 del DNU 70 sigue vigente, por lo que el decreto 340 no tendría validez constitucional. Además, anunció que la CGT ya está trabajando en acciones legales para impugnar esta nueva normativa y prepara una presentación ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Gremios y sindicatos se pronunciaron en contra del decreto que amplía las actividades esenciales. Presión a la cúpula de la central obrera para una medida conjunta.
Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.
Sesión con quórum justo. La oposición convocó a sesionar este miércoles para emplazar y dictaminar proyectos sobre endeudamiento familiar y discapacidad. Necesitan reunir 129 presentes y estiman alcanzar los 130 diputados.
Estrategia libertaria. El oficialismo abrió las comisiones solicitadas y se comprometió a apoyar las iniciativas, si no generan déficit fiscal; aunque no sería suficiente para frenar la sesión.
Rol clave de los gobernadores. Diputados de Tucumán y Catamarca dijeron que darán quórum, pero la incógnita pasa por los de Salta y Misiones, sumados a posturas ambiguas dentro de Provincias Unidas.
Mensaje político a Milei. El peronismo y sus aliados buscan demostrar fortaleza frente al Ejecutivo, pese a los intentos de La Libertad Avanza por destrabar el conflicto.
¿Respuesta del Gobierno? No se descartan anuncios del Gobierno hoy, tras la mesa política, para intentar desarticular la convocatoria.
