Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación, espera por la convocatoria a extraoridnarias para tratar la eliminación de las PASO y la conformación de la Corte Suprema.
El Gobierno define sus prioridades parlamentarios en el arranque del año electoral.
La política no se toma vacaciones. Más allá de que el Congreso no esté funcionando en el marco de un llamado a sesiones extraordinarias desde el oficialismo, dejaron trascender que comenzarán a explorar la posibilidad de acuerdos puntuales para avanzar con los pliegos de los jueces de la Corte Suprema y la eliminación de las PASO.
Desde los bloques oficialistas dicen que el Gobierno no tiene apuro, pero el calendario corre. El 2025 está en marcha. Arranca, una vez más, con los senadores en la mira por el monto de sus dietas. Una urticaria permanente que queda expuesta en el medio de la interna entre Javier Milei y su vicepresidenta, Victoria Villarruel.
Los pliegos de Manuel García Mansilla y de Ariel Lijo esperan para ser tratados por el pleno. En realidad, solo el del juez federal cuenta con el despacho de Comisión. Al del Académico aún le faltan firmas. En cualquier caso, cuando lleguen al recinto, necesitarán los dos tercios de los votos para hacerse un lugar en el máximo tribunal.
La reforma política, que contempla entre otras cosas la eliminación de las PASO, necesita mayoría absoluta, o sea la mitad más uno del total de los senadores.
Así las cosas, con la expulsión de Edgardo Kueider de por medio, los números al oficialismo le dan en rojo. El año electoral no ayuda. En desdoblamiento del calendario electoral que empieza a hacerse carne a lo largo y a lo ancho del país, tampoco. La historia parlamentaria lo pone en blanco sobre negro, las campañas electorales se comen la productividad legislativa. En ese marco, la intención que sobrevuela los pasillos del Congreso implica comenzar a tratar ambos temas en febrero. Pero nada será posible sin un mínimo acuerdo con el kirchnerismo.
En los bloques del kirchnerismo solo hablan de “trabajo para intentar acuerdos parlamentarios” por los jueces de la Corte. Sin embargo, advierten que la postura frente al pliego de García Mansilla sigue siendo negativa. Pero no descartan absolutamente nada.
En tanto, de cara a la reforma política aseguran que “cambiar absolutamente todo lo que tiene que ver con el financiamiento de los partidos parece muy difícil, pero si hay consenso aún hay tiempo para eliminar las PASO”.
Según pudo saber El Observador el diálogo está marcha, pero los resultados son inciertos. El Gobierno está dispuesto a llevar adelante negociaciones durante todo el mes de enero, por lo menos en eso coinciden las principales los referentes parlamentarios de los distintos bloques.
La intención de instalar los temas, sobre todo lo que tiene que ver con lo electoral, en base al gasto que conlleva la realización de las PASO es una de las apuestas del oficialismo para forzar el tratamiento del tema. Sin embargo, por ahora, la agenda se mantiene ajena al proceso electoral.
En el comienzo del año electoral todas las opciones están sobre la mesa. Sin embargo, la desconfianza entre el Kirchnerismo y Javier Milei atenta contra la posibilidad de acuerdos. El razonamiento que hacen dentro del kirchnerismo tiene que ver con los antecedentes recientes de los acuerdos que el oficialismo construyó con sus aliados. Desde Unión por la Patria aseguran que la mayoría de los acuerdos con los dirigentes que le prestaron los votos para sostener los vetos o para avanzar con la ley bases no se cumplieron y que dentro de esa lógica confiar en un acuerdo político con La Libertad Avanza es complejo.
El razonamiento tiñe los idas y vueltas que tienen que ver con la composición de la Corte. Durante buena parte del año las negociaciones estaban avanzadas. En términos sencillos el acuerdo contemplaba el visto bueno a los pliegos enviados por el oficialismo a cambio de la ampliación del máximo tribunal. Sin embargo, la decisión del Gobierno de que primero se voten los pliegos y después se trate la ampliación dinamitó los puentes. Nadie quiso ceder.
En ese marco, el Gobierno hará un último y sino podría finalmente avanzar en la designación por decreto. Todo puede pasar.
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