Política

Persecución política en La Rioja a una exintendenta radical: Inés Brizuela y Doria exigirá un Jury

La ex intendenta de la ciudad de La Rioja relató cómo fue "detenida de forma ilegal y partidaria", y denunció lazos de la Justicia con el gobernador.

Victoria Urruspuru

La vicepresidenta de la UCR nacional y exintendenta de la capital riojana, Inés Brizuela y Doria, anticipó que avanzará con pedidos de Jury de enjuiciamiento contra dos fiscales luego de haber sido detenida mientras ejercía su profesión de abogada durante una asamblea en el Colegio de Farmacéuticos de La Rioja. También denunció una fuerte injerencia política sobre la Justicia provincial y apuntó contra el esquema de poder construido por el gobernador Ricardo Quintela.

El episodio ocurrió durante una sesión ordinaria del Colegio de Farmacéuticos, tras una denuncia por violencia de género efectuada por la presidenta de la entidad, Silvia Alejandra Brizuela Ledesma. En ese marco, Brizuela y Doria representaba legalmente al acusado, el vocal primero de la entidad, Jorge Osvaldo Bordón.

Según la reconstrucción realizada por la ex senadora nacional del radicalismo, la policía intervino tras una denuncia al 911 que advertía sobre el supuesto incumplimiento de una restricción perimetral por parte de Bordón. Esa medida preventiva no existía y, pese a las pruebas, se avanzó con el procedimiento policial.

"Lo escuché al fiscal González este lunes que dijo que quien llamó a la policía mintiendo, diciendo que se estaba violando una perimetral, fue la abogada de la señora presidenta del Colegio de Farmacéuticos", mencionó en una entrevista con El Observador. Se trata de la doctora Marcela Ortega, cercana al gobernador Quintela.

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Brizuela y Doria relató que, al presentarse en el lugar para defender a su cliente, también fue privada de su libertad por presuntamente entorpecer la investigación. El Fiscal de Instancia -de apellido González- justificó la actuación bajo una supuesta flagrancia, aunque negó que existieran causales para ello. La abogada había exhibido documentación judicial ante los agentes para demostrar que no había ninguna perimetral vigente, pero nada impidió su detención.

Tras recuperar la libertad horas más tardes, presentó un hábeas corpus ante la Cámara del Crimen de la capital provincial con el fin de liberar a su cliente. Según destacó, el tribunal resolvió a su favor y cuestionó el procedimiento.

Ante este episodio, desde el Colegio de Farmacéuticos de La Rioja se decidió remover a Silvia Brizuela. En el comunicado, además, se menciona: "Repudiar la detención ilegal del señor Bordón, vocal titular primero", así como también "la actuación arbitraria e ilegal de la abogada Marcela Ortega" contra la exintendenta.

Detención arbitraria y los lazos de la Justicia con la familia Quintela

"La Cámara del Crimen hace lugar al hábeas corpus, emite un fallo que es contundente y que dice que el proceso estuvo plagado de vicios, que hay hechos de notable gravedad, que aún en caso que se hubiera encuadrado en flagrancia no se respetaron las garantías mínimas del proceso de flagrancia y que no se dio intervención al juez", añadió la defensora.

El tribunal concluyó en que "la detención ha sido arbitraria e ilegítima". Con ese antecedente, Brizuela y Doria impulsará sanciones institucionales contra los responsables: pedirá un Jury de enjuiciamiento tanto contra el fiscal de instancia González como también el fiscal general Javier Vallejos.

Gobernador Ricardo Quintela, la abogada Ortega y la vice Teresita Madera.

Gobernador Ricardo Quintela, la abogada Ortega y la vice Teresita Madera.

En paralelo, la dirigente radical vinculó lo sucedido con una operación política que se inscribe en una estructura judicial subordinada al poder político provincial: "La cabeza del Poder Judicial está compuesta por la sobrina del gobernador; también por exministros de la función ejecutiva del actual gobernador, exdiputados y exconstituyentes. La Justicia suele actuar como brazo ejecutor del poder político”.

En 2022, se nombró a Ana Karina Becerra como presidenta del Tribunal Superior de Justicia. Ya se había sumado al máximo órgano judicial provincial en diciembre del 2021, desempeñándose como secretaria de Justicia del gobierno riojano.

Brizuela y Doria ya había denunciado situaciones similares durante su gestión como intendenta de la capital, entre 2019 y 2023. Según recordó, sufrió bloqueos institucionales, conflictos con trabajadores municipales y falta de respuestas judiciales ante distintas presentaciones.

En el plano personal, describió el impacto emocional del episodio reciente. "Estoy muy angustiada con este una sensación de impotencia tremenda, sentir en carne propia ese avasallamiento", expresó. No se descarta avanzar en reclamos por daños y perjuicios, y por falsa denuncia, mientras insiste en que lo ocurrido expuso un deterioro institucional profundo en la provincia gobernada por Quintela desde hace años.

El comunicado de la UCR: denuncian una persecución

El pasado viernes, el Comité Nacional de la UCR se manifestó en repudio al accionar de la policía y de la Justicia de La Rioja que "en forma arbitraria y recordando los días más oscuros de nuestro país, ayer detuvo a la vicepresidenta de nuestro partido, Inés Brizuela y Doria en el ejercicio de su profesión de abogada".

"Instamos al gobernador Ricardo Quintela a terminar con la persecución a los que piensan diferente al poder provincial y que cese con la utilización del poder judicial para beneficiar a sus amigos", sentencia el documento que lanzó el partido centenario.

Malvinas: el Gobierno evalúa sumar la pesca al régimen de sanciones

Reunión de la mesa política del Gobierno por la cuestión Malvinas, con la participación de los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores
Presidencia
  • Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
  • Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
  • Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
  • El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
  • Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.

Motosierra en la mira: la oposición desafía a Milei en Diputados por deudas y discapacidad

Mañana se espera sesión en Diputados.
Victoria Urruspuru / El Observador
  • Sesión con quórum justo. La oposición convocó a sesionar este miércoles para emplazar y dictaminar proyectos sobre endeudamiento familiar y discapacidad. Necesitan reunir 129 presentes y estiman alcanzar los 130 diputados.
  • Estrategia libertaria. El oficialismo abrió las comisiones solicitadas y se comprometió a apoyar las iniciativas, si no generan déficit fiscal; aunque no sería suficiente para frenar la sesión.
  • Rol clave de los gobernadores. Diputados de Tucumán y Catamarca dijeron que darán quórum, pero la incógnita pasa por los de Salta y Misiones, sumados a posturas ambiguas dentro de Provincias Unidas.
  • Mensaje político a Milei. El peronismo y sus aliados buscan demostrar fortaleza frente al Ejecutivo, pese a los intentos de La Libertad Avanza por destrabar el conflicto.
  • ¿Respuesta del Gobierno? No se descartan anuncios del Gobierno hoy, tras la mesa política, para intentar desarticular la convocatoria.