Jeremías Cantero, el número dos del Polo Obrero e implicado en la causa de Pollicita, en Villa Soldati en un comedor comunitario llamado "Los pibes de Soldati"
Los 28 dirigentes acusados podrán declarar sin riesgo de quedar detenidos, pero el juez Casanello les ha aplicado restricciones para evitar su fuga o que amenacen a los denunciantes
La Justicia federal decidió que los 28 líderes piqueteros acusados de extorsionar a los beneficiarios de programas sociales están prohibidos de abandonar el país y de acercarse a los comedores comunitarios y unidades de gestión. Esta medida busca prevenir que las víctimas sean amenazadas, y además, se les requiere entregar sus pasaportes.
El juez federal Sebastián Casanello, en línea con el criterio del fiscal Gerardo Pollicita, otorgó la eximición de prisión a los acusados, lo que significa que pueden presentarse a declarar sin el riesgo de ser detenidos. Sin embargo, esta eximición se concedió con restricciones, hasta el punto de que no pueden acercarse a las unidades de gestión que administran los programas, ni a los comedores.
Además, se les impuso la obligación de presentarse en los tribunales una vez al mes y entregar sus pasaportes, si los tienen. Estas medidas buscan evitar que los investigados huyan del país y que no pongan en peligro a los testigos que ya han declarado en el caso.
Los acusados, a quienes el fiscal solicitó la indagatoria y a quienes se les eximió de prisión, son Jeremías Cantero, Elizabeth Del Carmen Palma, Gianna Puppo, María Isolda Dotti, Iván Ezequiel Candotti, Gustavo Guillermo Vásquez, Carlos Fernández Kostiuk, Gloria Paraguay Estrada, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Ronald Vargas Rocabado, Elizabeth Galindo Mamani, Cinthya Delgado Vilches, Lesli Salirrosas Castillo, Damariz Erika Villafuerte, Blanca Beatriz Chuquimia Tarquino, Gloria Jaramillo Morales, Lucca Philippe Quispe Rashuaman, Yoao Ariel Escobar Rojas, María Cecilia Cowper, Mercedes Fossat, Manuel Alonso, Lorenzo “Toto” Martelli, Leticia Maribel Duarte Romero, Ada Mabel Vera Peralta, Nilsa Elena Torres, Rossmery Grande Arancibia y Nery Acha Daza.
Este caso se originó con más de 10.000 denuncias realizadas por presuntas víctimas de extorsiones de organizaciones piqueteras. Se logró ubicar a 45 de estas denunciantes en la ciudad de Buenos Aires a través de una línea telefónica habilitada por el Gobierno antes de la primera marcha piquetera contra Javier Milei, en diciembre pasado. De estas, unas siete aceptaron declarar ante la Justicia con reserva de su identidad. Cinco de estos siete testimonios son fundamentales para sostener la acusación.
Las denuncias señalan que los piqueteros castigaban a los beneficiarios de los programas si no asistían a las manifestaciones, retirándoles el programa, condicionaban el cobro a que cumplieran determinadas presencias en estas manifestaciones, o imponían “castigos” a los que se ausentaban sin justificación, como la quita de alimentos que entregaba el Estado. A estas amenazas y coacciones se sumó luego la posibilidad de que los acusados hubieran cometido un fraude al Estado al desviar fondos del Plan Potenciar Trabajo que estaban destinados a sus beneficiarios.
Precisamente este último argumento es el que convenció al juez Casanello de reconocer al Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, como querellante en el caso. Ser querellante permite al Gobierno acceder al expediente, no solo como denunciante, sino realizar propuestas de medidas de prueba y recurrir decisiones del juez, al igual que el fiscal.
El juez Casanello estableció el secreto del sumario sobre el caso desde el viernes pasado, cuando abrió una nueva línea de investigación económica y realizó un allanamiento para corroborar las sospechas sobre la utilización de cooperativas en el blanqueo y desvío de dinero.
El magistrado ha estado trabajando a puertas cerradas todo el fin de semana sobre esta pista y ahora está sumando nueva evidencia para consolidar la prueba. Aún quedan por recibir los informes sobre los teléfonos celulares incautados a los 28 piqueteros acusados y analizar sus mensajes y llamadas para consolidar la prueba antes de decidir si los llama a prestar declaración indagatoria.
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