Promulgada la Ley de discapacidad, Javier Milei advirtió que no la podrá en marcha.
El presidente insiste en que la norma no especifica su financiamiento y le exige al Congreso que decrete cómo solventarla. La oposición contraataca.
Luego de que el Congreso lograra insistir con la Ley de Emergencia en Discapacidad, al Gobierno no le quedó de otra que promulgarla. Sin embargo, Javier Milei adelantó nuevamente que no pondrá en marcha la norma hasta que el Congreso no especifique las fuentes de financiamiento de la misma. Su decisión despertó el enojo del arco opositor, a tal punto que Javier Milei recibió una denuncia penal.
La ley plantea, ante la inminente crisis que sufre el sector, el financiamiento estatal para el pago de Pensiones No Contributivas por Discapacidad (PNC), que equivaldría al 70% del haber mínimo jubilatorio. También la actualización automática de aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, una compensación de emergencia por desfase inflacionario y la regularización de deudas fiscales y de seguridad social de los prestadores, entre otros aspectos.
Pero el Poder Ejecutivo apuesta a que el Presupuesto 2026 "ordene" todo lo que genera esta norma. Según el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la Ley 27.793 tendría un costo estimado de entre: $2 y $4 billones por nuevas pensiones por discapacidad, más $12.600 millones por incentivos a la contratación, unos $278.323 millones para compensar a prestadores, y $7.160 millones para actualizar asignaciones de Talleres Protegidos. En total, el impacto fiscal sería de entre un 0,28% y un 0,51% del PBI.
El presidente Milei estableció que la implementación de la emergencia quedará supeditada a la aprobación congressional del financiamiento correspondiente a través del Presupuesto 2026. Según establece el decreto oficial, "la medida permanecerá en suspenso hasta que el Congreso defina las fuentes de financiamiento y incorpore en el presupuesto nacional los recursos necesarios para cubrir los gastos que contempla".
El legislador porteño y candidato a diputado nacional por la Coalición Cívica, Hernán Reyes, disparó: "El Presidente hace valer el artículo 5 de la Ley 24.629 para no aplicar recursos a la Ley de Discapacidad, sancionada por el Congreso e insistida después de veto. Es una posición incoherente con el proceso institucional".
"El Congreso lo ratificó y marcó una prioridad que debe ser respetada por el Presidente. El presupuesto 2025 debió haberse sancionado y el Presidente lo dejó caer. Para el presupuesto 2026 no lo vamos a dejar hacerlo. Argentina necesita volver a la ley porque estas incoherencias nos está asfixiando", añadió.
El senador radical Martín Lousteau también apuntó contra Milei por su decisión: "El gobierno le vuelve a dar la espalda a las personas con discapacidad. Ahora dicen que no pueden implementar la Ley porque no tienen la plata. Pero es mentira, es una cuestión de prioridades. Hace dos años que no tenemos presupuesto y el Jefe de Gabinete asigna partidas a su criterio y discreción. ¿Probaron con no bajarle tantos impuestos a los más ricos de los ricos?".
A su turno, el diputado Maximiliano Ferraro se expresó en sintonía con ellos: "Con el Decreto 681/2025, el Presidente incurre en nulidad absoluta. Pretende inventar un procedimiento nuevo para la sanción y aplicación de las leyes, algo que la Constitución no permite. No es competencia del Poder Ejecutivo agregar pasos ni condicionar la vigencia de lo que ya aprobó el Congreso".
"La Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793) es clara: el Jefe de Gabinete, conforme a sus atribuciones legales, debe asignar y/o reasignar partidas presupuestarias para garantizar su cumplimiento. No puede excusarse: la ley lo obliga a priorizar y reorganizar el presupuesto para dar respuesta a las personas con discapacidad. Basta de excusas y de maniobras inconstitucionales. Cumplan la ley", añadió.
Fue Esteban Paulón, diputado izquierdista del bloque Encuentro Federal, quien efectuó una denuncia penal contra el presidente, así como también contra Guillermo Francos, Jefe de Gabinete; María Ibarzábal Murphy, secretaria Legal y Técnica de la Nación; y Walter Rubén González, Director del Registro Oficial.
Este lunes, el legislador nacional se presentó ante los Tribunales de Comodoro Py para ampliar la denuncia contra Milei y el resto de los funcionarios mencionados. La carátula del delito apunta a "abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público". La acción judicial la efectuó de la mano de su colega Mónica Fein.
El documento, al que accedió El Observador, especifica: "Este hecho, inédito en nuestra historia constitucional y parlamentaria, sólo tiene por objetivo obstruir la aplicación de la ley de marras, puesto que la misma establece en su artículo 19: 'Financiamiento. Facúltese al Jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las ampliaciones y modificaciones presupuestarias tendientes a asegurar el financiamiento de las medidas de protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad y de los prestadores a su favor dispuestas en la presente ley. Las reestructuraciones presupuestarias no podrán realizarse con la reducción de los créditos correspondientes a la finalidad 'Servicios Sociales'”.
Añade: "En este sentido, la propia ley autoriza al Jefe de Gabinete a realizar las ampliaciones y reasignaciones presupuestarias en el marco del Presupuesto Nacional vigente (Ley 27.701, presupuesto prorrogado para los ejercicios 2024 y 2025 según Art. 1 del Decreto 1131/24 del PEN). Incluso el propio Sr. Guillermo Francos en su proyecto de presupuesto para el año 2026 posee partidas para el área de discapacidad".
Los diputados Paulón y Fein aseguran que el Congreso insistió con la sanción de la ley bajo las facultades que la Constitución Nacional le otorga, por lo que "el único deber legal que deben realizar es implementar la ley de la forma más inmediata posible y no obstaculizar lo que otro poder del Estado ha votado".
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