Promulgaron las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario pero postergaron su aplicación
No obstante, el Gobierno advirtió que su ejecución depende de la asignación de fondos
Este martes, el Gobierno de Argentina promulgó las leyes 27.795 y 27.796, conocidas como la ley de financiamiento universitario y la ley de emergencia pediátrica, respectivamente. Ambas normas fueron aprobadas por el Congreso el pasado 2 de octubre, tras el rechazo a los vetos impuestos por el presidente Javier Milei. No obstante, su ejecución quedará suspendida hasta que el Congreso determine las fuentes de recursos necesarias para su cumplimiento.
La promulgación se formalizó a través de los decretos 759/2025 y 760/2025, publicados en el Boletín Oficial. Sin embargo, el Ejecutivo subrayó que no se podrá aplicar ninguna de estas leyes sin una definición clara sobre cómo se financiarán los costos involucrados, tal como ocurrió con otras leyes previamente.
El financiamiento universitario: una prioridad con restricciones
La ley 27.795 establece un esquema para garantizar el financiamiento de las universidades públicas, con una especial atención a la recomposición salarial de los trabajadores docentes y no docentes. También se destinarán recursos para becas estudiantiles, investigación y tecnología, con un enfoque en mejorar la formación académica. Según las estimaciones oficiales, la implementación total de la ley demandaría aproximadamente $1,07 billones para el año 2025, y se prevé que en 2026 este monto se eleve a más de $2 billones.
El Gobierno considera inviable llevar a cabo la ley sin definir previamente los recursos disponibles. La Procuración del Tesoro subrayó que cualquier intento de aplicarla sin las partidas específicas sería incompatible con la Ley 24.629 sobre ejecución del gasto público y podría generar responsabilidad para los funcionarios encargados de su implementación.
Este escenario generó malestar en el ámbito académico, llevando a la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) a convocar a un paro de 48 horas que inicia hoy. La medida se enmarca en la protesta por la demora en la sanción de la ley de financiamiento universitario, que será seguida por una jornada de protesta el miércoles 22 de octubre.
Emergencia pediátrica: el desafío del Garrahan y los hospitales infantiles
Por otro lado, mediante el Decreto 760/2025, el Gobierno promulgó la ley 27.796, que declara la emergencia sanitaria en salud pediátrica y en las residencias nacionales de profesionales de la salud. Esta medida busca garantizar el acceso a servicios médicos para niños y niñas, mejorar los salarios del personal sanitario y fortalecer los hospitales pediátricos. Asimismo, se otorgan incentivos fiscales a los trabajadores de áreas críticas en salud.
El Hospital Garrahan fue designado como centro de referencia nacional en atención pediátrica de alta complejidad. El costo fiscal de la medida está estimado en $196.270 millones. Sin embargo, el Gobierno señaló que este monto resulta difícil de afrontar debido al déficit presupuestario de $102.400 millones que presenta el Ministerio de Salud.
De acuerdo con el Ejecutivo, la implementación de la ley de emergencia pediátrica no podrá llevarse a cabo hasta que el Congreso defina las fuentes de financiamiento e incluya las partidas necesarias en el Presupuesto Nacional 2026. Además, se cuestionó que la ley intente derogar resoluciones del Ministerio de Salud, lo que podría violar la división de poderes.
Las dos leyes fueron aprobadas con un amplio apoyo de la oposición, especialmente en el Senado, que volteó los vetos presidenciales. Sin embargo, el Gobierno decidió promulgar las normas para cumplir con el trámite formal, pero condicionó su ejecución a la disponibilidad de recursos en el presupuesto del próximo año.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, intentó restar gravedad a las tensiones políticas y económicas, asegurando que "Argentina atraviesa un momento complicado, pero está lejos de una situación terminal", en respuesta a declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien había mencionado que el país "lucha por su vida". El vocero defendió la postura del Gobierno de condicionar las leyes sociales y educativas a la definición de fuentes de financiamiento, argumentando que "no se puede gastar lo que no se tiene".
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- Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
- Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
- Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
- El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
- Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.
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