El Gobierno publicó la resolución 187/2025 con criterios de evaluación para pensiones por invalidez.
Los términos usados por el documento del organismo oficial se consideran en desuso y discriminadores, de acuerdo a los expertos
¿Qué dice la resolución 187/2025 y por qué generó tanta controversia?: La resolución 187/2025, publicada en el Boletín Oficial, establece criterios para determinar quiénes pueden acceder a pensiones por invalidez. En su Anexo I, el documento emplea una clasificación de discapacidad intelectual basada en el coeficiente intelectual (CI), utilizando términos en desuso y considerados ofensivos, como “idiota” (para un CI de 0-30), “imbécil” (30-50) y “débil mental” en distintos niveles.
El uso de estas expresiones causó indignación porque fueron descartadas hace décadas en el ámbito de la salud mental y la discapacidad. Actualmente, se emplea el término “discapacidad intelectual”, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM).
¿Qué dicen los especialistas sobre esta terminología?: Los expertos coinciden en que estas expresiones no solo están en desuso, sino que refuerzan estereotipos negativos. Eduardo Maidana, miembro del Foro Permanente de Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, calificó la resolución como “una barbaridad” y aseguró que “es una forma peyorativa y estigmatizante de referirse a una persona con discapacidad”.
Maidana también señaló que el uso de estas categorías es una regresión en el reconocimiento de derechos: “Las personas con discapacidad son sujetos de derecho, no ‘inválidos’ ni ‘retardados mentales’”.
Desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) explicaron que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), a la que Argentina adhiere desde 2006, establece que la discapacidad no debe medirse solo desde criterios médicos, sino considerando el contexto social y económico de la persona.
¿Cómo reaccionaron las organizaciones y la sociedad civil?: La publicación de la resolución desató una ola de críticas en redes sociales y desde distintas asociaciones. Julián Bollain, abogado y doctor en Estudios de Desarrollo, expresó en X: “El Gobierno de Milei ha decretado que la gente con discapacidad sea clasificada como ‘idiota’, ‘imbécil’ y ‘débil mental’. Es una barbaridad”.
Diversas organizaciones, entre ellas la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA), exigieron la “inmediata rectificación” de la normativa y el reemplazo de la terminología utilizada. En el mismo sentido, varias entidades presentaron un reclamo administrativo para que la resolución sea derogada.
¿Quién es responsable de la redacción de esta normativa?: El documento fue emitido por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), un organismo descentralizado que depende del Ministerio de Salud de la Nación. Sin embargo, hasta el momento, la ANDIS no respondió quién redactó el cuestionado anexo ni qué fundamentos técnicos justificaron la inclusión de estos términos.
El director del organismo, Diego Spagnuolo, se encuentra de vacaciones, y aunque el área reconoció haber recibido consultas sobre el tema, no brindó explicaciones oficiales.
Ante el fuerte rechazo, distintas organizaciones esperan una respuesta oficial del Gobierno y la modificación de la resolución. El reclamo administrativo ya fue presentado, pero aún no hay indicios de que la normativa vaya a ser revisada.
La falta de explicaciones por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad mantiene la polémica abierta, mientras que especialistas y asociaciones insisten en que el documento contradice los estándares internacionales sobre discapacidad y derechos humanos.
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