El Gabinete libertario enviaría al Congreso esta semana la reforma electoral, de la ley de semillas y de la ley de salud mental.
También buscará avanzar esta semana en el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. Casa Rosada recupera las riendas en Congreso.
Con negociaciones abiertas y resistencias cruzadas, el Gobierno de Javier Milei se prepara para enviar al Congreso un paquete de reformas clave. Estas abarcarán desde un debate histórico del modelo productivo agropecuario, hasta las reglas del sistema electoral y el funcionamiento de la ley de salud mental.
La hoja de ruta incluye tres proyectos centrales: las reformas de la ley de semillas, del Código Electoral y de la ley de Salud Mental, iniciativas que exponen el rumbo del oficialismo. Todo apunta a la desregulación, fortalecimiento de la propiedad privada y revisión de marcos normativos que considera desactualizados.
No obstante, pese a los rumores de que habría sesión la próxima semana en el Senado para tratar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada -que sería dictaminado en la Cámara alta este miércoles-, esto quizás no ocurra. Diputados y senadores tienen previsto viajar a Estados Unidos: un grupo fue a Boston, bajo invitación de una ONG minera; y otro irá a Washington con motivo de las elecciones de allí.
La reforma electoral aparece como el terreno de mayor complejidad política. El oficialismo enviará una iniciativa cargada de modificaciones. En primer lugar, buscará avanzar con la eliminación de las PASO, al considerarlas un gasto ineficiente. Este punto genera fuerte rechazo de parte de sus aliados del PRO y la UCR debido a que ambos ven a las primarias como una herramienta necesaria para ordenar sus internas.
El paquete incluiría, además, la implementación de la Boleta Única de Papel para todas las elecciones (no sólo las legislativas) y modificaciones en el financiamiento de los partidos políticos. En este último ítem, la Casa Rosada propondría reducir el peso del financiamiento público y habilitar una mayor participación del sector privado, con el argumento de que el sistema actual facilita la proliferación de partidos que acceden a fondos estatales durante los años electorales.
Otro eje es el proyecto de “Ficha Limpia”, basado en la histórica iniciativa impulsada por la macrista Silvia Lospennato, aunque con movimientos paralelos como el de Gisela Scaglia, titular del bloque Provincias Unidas, que presentó su propia propuesta. En este punto, el PRO aparece como un actor decisivo para garantizar mayorías y marcar agenda nuevamente.
Otro frente sensible se abre en el agro. La reforma de la Ley de Semillas: el oficialismo la estaría terminando de pulir tras mantener reuniones recientes con entidades del sector. Apunta a modificar el esquema vigente, que hoy permite a los productores guardar parte de su cosecha para volver a sembrar sin pagar nuevamente.
La iniciativa propone avanzar hacia un sistema con mayor protección de la propiedad intelectual sobre la semilla, lo que en la práctica implicaría limitar el uso propio gratuito y reforzar el cobro de regalías.
Las empresas semilleras podrían capturar una mayor porción al cobrar por cada uso de sus desarrollos, mientras que los productores -en especial los medianos y chicos- enfrentarían un aumento de costos y una menor autonomía. El Gobierno, en tanto, se alinea con la lógica de incentivar la inversión en biotecnología bajo la premisa de que sin rentabilidad no hay innovación.
El tercer proyecto que el Ejecutivo planea girar al Congreso en estos días es la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental (N° 26.657), vigente desde 2010. Con un diagnóstico centrado en problemas de implementación y desigualdades territoriales, el Gobierno propone actualizar el marco normativo para mejorar la respuesta del sistema sanitario.
Entre los cambios, se incluye la habilitación de internaciones en hospitales generales para casos leves, la reserva de instituciones especializadas para cuadros graves y la incorporación de un criterio “situacional” para evaluar riesgos en internaciones involuntarias, que permita intervenir de manera preventiva y no solo ante peligros inminentes. También se establece la participación obligatoria de un médico psiquiatra en estas evaluaciones.
El trasfondo del proyecto es una realidad fragmentada: a más de 15 años de su reglamentación, solo 16 jurisdicciones adhirieron formalmente a la ley, mientras que la disponibilidad de servicios y camas de internación varía de manera significativa entre provincias.
En paralelo, el oficialismo busca avanzar en el Senado con el dictamen del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, una iniciativa ya enviada por el Ejecutivo que introduce modificaciones en normas sensibles como la Ley de Expropiaciones, la Ley de Tierras y la Ley de Manejo de Fuego. Este miércoles a las 15 será el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General para dictamina la iniciativa.
Forma parte del mismo hilo conductor que atraviesa el resto de las reformas: reforzar garantías sobre la propiedad privada y limitar la intervención estatal en su uso. La intención de la bancada oficialista es dejar el texto listo y llevarlo al recinto hacia fin de mes.
El calendario parlamentario, sin embargo, podría tener un freno en los próximos días. Diputados y senadores tienen previsto viajar a Estados Unidos por distintos motivos, lo que complicaría la realización de sesiones la semana próxima.
Por un lado, algunos legisladores nacionales de La Libertad Avanza participarán de actividades vinculadas a las elecciones estadounidenses e irán a Washington. Por otro, una comitiva integrada por diputados y senadores de LLA, el PRO, la UCR y el interbloque Unidos viajaron este domingo a Boston, invitada por la Red de Acción Política (RAP), una firma minera que busca asistir a una convención sobre Inteligencia Artificial en la Universidad de Harvard.
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