Luis Caputo, ministro de Economía, en la AmCham Summit
Reforma de la Ley de semillas: el Gobierno acelera un proyecto que genera dudas en un sector del agro
Durante el foro empresario de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, el debate por la eventual reforma de la ley de semillas se coló en las exposiciones de los invitados. El reclamo de los productores y la negociación del Gobierno.
En el AmCham Summit 2026, realizado en el Centro de Convenciones de Buenos Aires bajo el lema “Una Argentina federal en desarrollo”, el clima político y económico se coló en cada pasillo. Con fuerte presencia de funcionarios, empresarios y políticos, el evento funcionó como termómetro de la gestión del Gobierno y, sobre todo, como espacio para medir el pulso de una de las reformas más sensibles: la ley de semillas.
Legisladores nacionales de La Libertad Avanza que participaron del evento confían en que el proyecto tiene altas chances de aprobarse en el Congreso. El respaldo de aliados clave como la UCR y el PRO aparece como un factor decisivo para alcanzar la mayoría, aunque reconocen que el desafío no está solo en los números, sino en los consensos por fuera del Palacio Legislativo.
El principal foco de tensión está puesto en los productores agropecuarios. Desde hace años manifiestan resistencia a la reforma, lo que abre una nueva grieta dentro de un universo que fue, en buena medida, aliado del Gobierno. En ese contexto, simpatizantes del Poder Ejecutivo admiten que será necesario acompañar este avance legislativo con medidas económicas, como una eventual baja de retenciones e impuestos, para amortiguar el impacto.
Ley de semillas: la reforma de Milei y el aval de EE.UU.
El punto clave del acuerdo con Estados Unidos establece que la Argentina deberá enviar al Congreso antes de fines de 2027 la adhesión al Acta de 1991 de la UPOV. Se trata de un tratado internacional que refuerza los derechos de propiedad intelectual sobre nuevas variedades vegetales y exige normas más estrictas que su versión anterior, de 1978.
Dicho esquema, entre otros puntos, amplía la protección del obtentor incluso al producto de la cosecha, limita el uso propio de semillas por parte de los agricultores -que pasa a ser opcional y restringido- y establece el pago de regalías en casos de variedades derivadas. Estos aspectos concentran buena parte de las futuras discusiones, especialmente en torno al “doble pago” y al alcance de los derechos de los productores.
La Libertad Avanza busca tres victorias más en el Congreso.
Instagram / Patricia Bullrich
Mientras la industria semillera sostiene que el nuevo marco es clave para incentivar la inversión y el desarrollo tecnológico, desde el sector productivo advierten sobre un posible aumento de costos y una restricción de prácticas tradicionales. Estos aspectos se suman a la carga impositiva que ya tiene.
En estos días, hubo reuniones entre instituciones del agro y Gobierno, en las cuales los productores expresaron sus quejas. La letra chica del proyecto aún no se conoce y se espera que ingrese al cierre de la semana.
Fernando García Cozzi: "Estamos a favor de una mayor productividad"
Este debate por la competitividad del agro volvió a escena en el Summit. Fernando García Cozzi, presidente de Cargill, planteó en diálogo con El Observador que cualquier reducción impositiva debe ser sostenible en el tiempo. “Si me bajás los impuestos ahora y en un año y medio me los volvés a subir, no sirve”, señaló. Cuestionó así el esquema de retenciones por considerarlo “un impuesto muy regresivo” que se cobra antes de que haya ganancias, aunque valoró que el Gabinete de Javier Milei está trabajando para dar marcha en este sentido.
Remarcó además que el desarrollo del sector depende directamente del desempeño de los productores: “Estamos a favor de una mayor productividad. Nuestro negocio depende casi 100% de que al productor le vaya bien”. Según explicó, el camino para consolidar esta reforma puede darse tanto a través de una ley como de acuerdos entre privados.
Fernando García Cozzi, presidente de Cargill, en AmCham.
Prensa AmCham
Con ese telón de fondo, el oficialismo busca avanzar en una reforma que aparece alineada con compromisos internacionales y con el objetivo de atraer inversiones, pero que, al mismo tiempo, reabre una discusión histórica en la Argentina: cómo equilibrar innovación, propiedad intelectual y rentabilidad en el corazón del modelo agroexportador.
Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.
Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.
Nuevo centro comercial en Recoleta. Prevé abrir sus puertas en los próximos meses en el predio del ex Buenos Aires Design, contando con 30.000 metros cuadrados, 110 locales y 30 propuestas gastronómicas.
Llegada de etiquetas inéditas al país. Firmas internacionales como Stella McCartney, Off-White, Golden Goose, Palm Angels, Scotch & Soda, Dsquared2 y Mandarina Duck tendrán por primera vez locales en la Argentina.
Moda automotriz y un esperado regreso. Maserati estrenará un espacio exclusivo destinado a su línea de indumentaria y accesorios, mientras que la firma francesa de trajes de baño Vilebrequin volverá a operar en el país.
Impulso importador y capitales nacionales. La llegada de estas grandes marcas globales se da en el marco de la reciente apertura de importaciones, dentro de un proyecto financiado por el grupo argentino Hatzlaja.
Crecimiento de los programas de tarjetas basadas en stablecoins. Más de 160 programas de tarjetas vinculadas a stablecoins operan actualmente en la red de Visa, con un volumen de pagos que crece casi un 200% interanual.
Explosión en el volumen de liquidación. El volumen de liquidación de stablecoins de Visa superó recientemente una tasa anualizada de 20 mil millones de dólares, lo que representa un aumento de más de 15 veces con respecto al año anterior.
El mercado de préstamos on-chain y la apuesta de Visa por el crédito en cadena. El gigante de las tarjetas lanzó su nuevo enfoque de crédito on-chain, combinando los datos de liquidación de VisaNet con infraestructura de préstamos en blockchain.
Los números del crédito onchain. Desde 2020, se han enviado más de 694 mil millones de dólares en préstamos denominados en stablecoins a través de protocolos de préstamos en cadena.
