El Gobierno dilata la aplicación de la Ley de Discapacidad y la oposición del Congreso amenaza.
Javier Milei postergará la aplicación de la norma de discapacidad hasta el tratamiento del Presupuesto 2026. Los motivos de esta estrategia.
La Ley de Emergencia en Discapacidad continúa siendo tema de debate, pese a que su veto ha caído. El Gobierno la promulgará, pero pretende dilatar su aplicación hasta que comience a debatirse el Presupuesto 2026 y que, en este contexto, se instrumente su financiamiento. La comisión de Discapacidad de Diputados amenaza con acudir a la Justicia si no cumple con la legislación.
Javier Milei había amenazado con judicializar la Ley 27.793, aunque esta vía parecía no tener futuro y se descartó. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, entonces explicó días atrás que la promulgarán, pero la oposición del Congreso deberá sacar un decreto para determinar su aplicación cuando se empiece a discutir el Presupuesto 2026. En este, de hecho, proponen un aumento de más del 5% en jubilaciones y discapacidad.
El bando libertario insiste en el impacto fiscal que tiene la Ley y toma el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Dice que la norma tendría un costo estimado de entre $2 y $4 billones por nuevas pensiones por discapacidad, $12.600 millones por incentivos a la contratación, $278.323 millones para compensar a prestadores, y $7.160 millones para actualizar asignaciones de Talleres Protegidos. En total, sería de entre un 0,28% y un 0,51% del PBI.
"Las partidas están especificadas en la ley, deben ponerla en marcha o desde la comisión judicializaremos. No queremos llegar a esa instancia, pero deben cumplir. Y tienen que dar respuesta a qué hicieron con la plata que no se destinó a la actualización de las prestaciones, que en todo el año viene siendo del 0,5% total", dijo a la prensa el diputado Daniel Arroyo, autor del proyecto, en el Anexo de la Cámara Baja.
Según indican los defensores de la ley, plantea evaluar la posibilidad de reasignar partidas que no estén vinculadas con la salud y el desarrollo integral de las personas. Y que se considere la utilización de aquellos ingresos que, al no estar previstos en el presupuesto aprobado para el ejercicio 2023 y que fue prorrogado en 2024, quedan bajo decisión del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, respecto de a qué destino asignarlos.
Se deben compensar las partidas presupuestarias y que la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) actualice el nomenclador; este determina el costo de las prestaciones de servicios a las personas con discapacidad. "La ley no tiene impacto presupuestario, sino que compensa la deuda que tiene el Estado con el área de discapacidad. El Estado giró los recursos que se usaban en discapacidad para otra cosa. ¿A qué áreas fueron? ¿A la SIDE?", añadió el legislador.
Apuntó entonces contra: el jefe de Gabinete, por ser el encargado de compensar dichas partidas; el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, ya que de su cartera se desprende la Andis; y al actual interventor de esta Agencia, Alejandro Vilches. "Ellos son los responsables de poner en marcha la ley, esperamos que esto empiece a ocurrir la semana que viene", manifestó Arroyo.
Sus palabras tuvieron lugar durante la reunión informativa de la comisión de Discapacidad, en la cual se puso en análisis el expediente de la diputada kirchnerista Victoria Tolosa Paz, por el cual se solicita al Poder Ejecutivo “la suspensión temporal de cualquier trámite de baja o restricción de las pensiones no contributivas por invalidez cuando el beneficiario posea un certificado único de discapacidad y/o un certificado médico oficial”.
A su vez, el izquierdista Alejandro Vilca puso en duda los mecanismos para efectuar las auditorías. Cabe destacar que el Gobierno denunció una red de corrupción (presuntamente gestada en gestiones del kirchnerismo) bajo la cual se otorgaban pensiones por invalidez laboral "falsas" a cambio de favores políticos. De ahí la masiva baja de estos beneficios: en total Nación canceló el pago de más de 110.000.
Entre los vetos y decretos que se quieren tratar en la sesión de Diputados de este miércoles, estarán también los pedidos de informes verbales a la secretaria presidencial, Karina Milei; al ministro Mario Lugones; y a Guillermo Francos; en el marco de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. Se trata de tres expedientes, que deben ser emplazados a la comisión de Asuntos Constitucionales por una mayoría simple.
También se buscará emplazar la reforma de la Agencia Nacional de Discapacidad, iniciativa impulsada por el diputado de Unión por la Patria Juan Marino.
Desde Casa Rosada busca blindar los vetos mientras la oposición confía en su fortaleza parlamentaria actual.
El entendimiento fue firmado por el secretario general de la entidad gremial, Armando Cavalieri, y representantes de las tres cámaras empresariales.
