Tras casi dos años, el Gobierno autorizó aumentos salariales para altos funcionarios que alcanzarían el 99%

El Gobierno nacional oficializó un cambio en el esquema salarial de los altos funcionarios del Poder Ejecutivo al habilitar incrementos para ministros, secretarios, subsecretarios y cargos equivalentes, luego de casi dos años de congelamiento. La medida quedó establecida mediante el Decreto 931/2025, publicado en el Boletín Oficial, y excluyó expresamente al presidente Javier Milei y a la vicepresidenta Victoria Villarruel.

La norma dispuso que las autoridades superiores comenzarán a percibir los aumentos salariales que fueron acordados en las paritarias de la Administración Pública Nacional entre enero de 2024 y julio de 2025. Esos incrementos se aplicarán sin retroactividad y se trasladarán a partir del mes siguiente a la entrada en vigencia del decreto. El texto no precisó el porcentaje final de la suba, ya que dependerá del acumulado de los acuerdos paritarios vigentes pero, en un cálculo propio, se detalló que el acumulado de aumentos según las actas paritarias de ATE alcanza el 98.93%.

Subas condicionadas al equilibrio fiscal

Uno de los ejes centrales del decreto fue el condicionamiento de los aumentos al resultado de las cuentas públicas. El Poder Ejecutivo estableció que, si el Ministerio de Economía constata públicamente la existencia de un déficit fiscal financiero acumulado, las retribuciones de los altos funcionarios “quedarán automáticamente congeladas” y se suspenderá la aplicación de nuevos incrementos, incluso aquellos ya aprobados.

“La suspensión operará de pleno derecho, sin necesidad del dictado de un acto administrativo, y se mantendrá vigente hasta tanto se restablezca el resultado fiscal financiero superavitario”, señaló el texto oficial. Según el Gobierno, el objetivo es alinear la evolución de los salarios de la conducción política con la sostenibilidad fiscal.

En los considerandos, el decreto recordó que el congelamiento dispuesto a fines de 2023 respondió a un escenario de fuerte desequilibrio macroeconómico, con una inflación interanual del 211,4%, niveles elevados de pobreza e indigencia y déficit fiscal. En ese contexto, el Ejecutivo había argumentado que “la sociedad argentina está realizando un esfuerzo heroico” y que los funcionarios debían “dar el ejemplo”.

Cómo quedarían los sueldos de los funcionarios

• El presidente se mantiene en $4.066.018.
• La vicepresidenta continúa cobrando $3.764.820.
• Un ministro pasaría a ganar $7.129.663,14.
• Por su parte, un secretario alcanzaría los $6.530.296,91.
• Finalmente, un subsecretario llegaría a $5.931.135,51.

Argumentos oficiales y datos económicos

El Gobierno sostuvo que el cambio de esquema se apoya en los resultados obtenidos durante la gestión. Según el decreto, se acumularon 22 meses de superávit fiscal y se logró una reducción significativa de la inflación, que descendió al 31,3% interanual en octubre de 2025. Además, citó estimaciones oficiales que ubicaron la pobreza en el 27,5% en el tercer trimestre de 2025, frente al 52,9% registrado a fines de 2023.

El texto también destacó el ajuste en la estructura del Estado como parte del proceso de saneamiento fiscal. De acuerdo con los datos oficiales, se eliminaron ocho ministerios, 110 secretarías y subsecretarías y 409 direcciones, lo que totalizó 519 cargos jerárquicos suprimidos. A eso se sumó una reducción de alrededor de 60.000 empleados públicos, con un ahorro anual estimado en $3,49 billones.

Nuevo sistema de empleo público

El decreto instruyó además a la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública a diseñar e implementar un nuevo sistema de empleo público en el ámbito del Sector Público Nacional. Ese esquema deberá contemplar el ingreso por mérito, la evaluación periódica del desempeño, la movilidad basada en competencias y remuneraciones vinculadas a la responsabilidad y las funciones de cada cargo, con criterios de transparencia e igualdad de oportunidades.

Por último, la norma invitó al Poder Judicial, al Poder Legislativo, a las provincias, municipios y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adoptar mecanismos similares de congelamiento automático de salarios para sus autoridades en contextos de déficit fiscal. También derogó un artículo clave del Decreto 235/2024, que había fijado el congelamiento original de las remuneraciones de los altos funcionarios según los valores vigentes al 31 de diciembre de 2023.