La Sala I de la Cámara de Casación revocó, por mayoría, el desdoblamiento que había dispuesto el Tribunal Oral Criminal Federal 5. El debate comenzará el viernes 23 de octubre para ambas causas, que seguirán unidas.
La Cámara de Casación resolvió que las causas Hotesur y Los Sauces se juzgaran en un único debate. La Sala I, con los votos de Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, hizo lugar a los recursos del Ministerio Público Fiscal y de la Unidad de Información Financiera (UIF), querellante en el expediente. El tercer camarista, Alejandro Slokar, votó en disidencia.
El 17 de septiembre, el Tribunal Oral Federal 5 había dispuesto por unanimidad el desdoblamiento de los debates. Por un lado, Los Sauces, con inicio el viernes 23 de octubre de 2026, y por el otro, Hotesur, que comenzaría recién el viernes 19 de marzo de 2027.
Para justificarlo, el tribunal sostuvo que las causas “conservan objetos procesales distintos”, aunque tengan un marco histórico común. Señaló que un juicio único obligaría a las defensas a escuchar testimonios ajenos a sus casos y que los jueces integran distintos tribunales orales y siguen participando en debates ya iniciados. Advirtió además que un debate conjunto “podría implicar un debate que se prolongue por más de dos años”.
La Fiscalía y la UIF cuestionaron la fundamentación y la falta de debate previo con las partes, y plantearon que separar los juicios fragmentaba su teoría del caso. La UIF denunció el “quebrantamiento de la comunidad de la prueba y la pérdida del abordaje integral de la prueba común del lavado de activos”. La Fiscalía señaló que el desdoblamiento generaba una “dilación indebida” al postergar casi cinco meses el inicio de Hotesur.
El juez Petrone consideró que el recurso era admisible, porque la decisión, por sus efectos, equivale a una sentencia definitiva, y luego sostuvo que el tribunal oral basó su decisión en “afirmaciones dogmáticas”. Recordó que la Sala I había resuelto en 2019 que la tramitación conjunta era la solución más conveniente y que el tribunal oral “no identifica la existencia de modificaciones posteriores” que expliquen por qué los mismos elementos que fundaron la conexidad conducen ahora a una solución distinta.
El camarista reconoció que el tribunal tiene facultades para dirigir el debate y disponer juicios separados, pero dijo que eso no lo exime de dar razones concretas para cambiar una modalidad “establecida hace más de siete años”. Agregó que la conexidad “responde a razones jurídicas vinculadas, en el caso, con las reglas que rigen el concurso de delitos, y no a una mera conveniencia instrumental”. Sobre los argumentos organizativos, escribió que “la complejidad del juicio no conduce, por sí sola, a la necesidad de dividirlo” y que esas dificultades deben resolverse con medidas concretas de organización.
También señaló que la instrucción suplementaria pendiente “no puede convertirse, por sí sola, en una causa automática de postergación sine die del debate”. Y observó que el tribunal omitió considerar que la separación producía un efecto equivalente al retardo que decía evitar, como lo muestra la diferencia de casi cinco meses entre ambas fechas de inicio.
Barroetaveña adhirió y agregó un argumento propio: para él, en la resolución “se confunden las facultades de organización del juicio por parte del tribunal con el fraccionamiento indebido que finalmente decidió”. Explicó que, si se hacen dos debates, “la consecuencia es el dictado de dos sentencias” y que la decisión, “lejos de ser meramente ordenatoria, es precisamente la realización de dos juicios”.
Slokar propuso declarar inadmisibles los recursos. Sostuvo que lo decidido por el tribunal oral son medidas ordenatorias del debate que, salvo arbitrariedad, resultan “exclusivas del órgano de juicio”, y que los apelantes no acreditaron esa arbitrariedad. Señaló que no concurrieron a la audiencia ante la Cámara y advirtió que revisar la decisión podría implicar una “exorbitancia competencial”. También recordó que la doctrina de la arbitrariedad no sirve para corregir decisiones que una parte considere equivocadas.
Por lo tanto, el juicio comenzará el viernes 23 de octubre en las causas Los Sauces y Hotesur. Será el tercer juicio oral y público para la expresidenta Cristina Kirchner y el primero para su hijo Máximo. Ambos solicitaron no estar presentes en las audiencias, pero el Tribunal Oral Criminal Federal 5 aún no se pronunció sobre ese planteo.
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