En el encuentro sostenido este jueves, las cuatro entidades que conforman la mesa de enlace reafirmaron su posición contraria al aumento de retenciones propuesto por el proyecto de Ley de Bases del Gobierno, ante el ministro de Economía, Luis Caputo. El funcionario, a su vez, se comprometió a que esta medida será de carácter transitorio, con el objetivo de estabilizar las cuentas públicas.
En la reunión estuvieron presentes el presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, y su homólogo de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani. Por parte de la Sociedad Rural Argentina (SRA), la secretaria Eloísa Frederking representó a la entidad, ya que el presidente Nicolás Pino y su vice, Marcos Pereda, participaban en la Exposición de Junín de Los Andes. Asimismo, Mario Raiteri, secretario de Coninagro, estuvo presente en representación de dicha entidad.
Tras la conclusión del encuentro, Castagnani aseguró que seguirán trabajando para evitar el incremento de las retenciones al 15% para productos como el trigo, el maíz y ciertas economías regionales, tal como lo propone el oficialismo.
"Por supuesto que aspiramos a ello, aunque no podemos garantizar su consecución. Además, solicitamos un cronograma para la eliminación total de este impuesto que consideramos arbitrario e injusto. En ese punto, no cederemos, ya que ese es el mandato que hemos recibido de nuestros productores", señaló.
Frente a las demandas, el titular de CRA indicó que Caputo mostró disposición al diálogo, aunque dejó en claro las limitaciones en su margen de maniobra.
Cabe destacar que durante la reunión, los representantes del sector agropecuario no presentaron una propuesta concreta respecto a la reducción de las alícuotas, ya que el tiempo era limitado dada la diversidad de rubros económicos presentes en el encuentro, que no estaba concebido como una sesión de trabajo.
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- Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
- Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
- Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
- El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
- Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.
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