La FAA determinó que los aeropuertos argentinos no tenían una supervisión segura para las compañías aéreas que se ajustara a los parámetros fijados por la OACI.
EE.UU. reporta 82 fallas de seguridad aérea de la Argentina y el país podría bajar de categoría
El Gobierno de Javier Milei explicó que trabaja para evitar la baja en la reputación y anunció en ese sentido que habrá una revisión el mes próximo.
La interventora de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Julia Cordero, informó este miércoles que el país tuvo “82 hallazgos”, falencias en términos de seguridad aérea, durante la inspección de la autoridad estadounidense en abril pasado, algo que podría implicar que Argentina decaiga de categoría en materia de seguridad en los cielos.
Según informó el diario La Nación, la FAA, como se la denomina en inglés, la entidad gubernamental de los Estados Unidos responsable de la regulación de todos los aspectos de la aviación civil detectó "incumplimientos de normas internacionales”.
"Hubo una situación heredada desastrosa que se está regularizando. Es un deber y una tarea que estamos cumpliendo para que este proceso no sea paralizado por una baja de la categoría”, dijo el secretario de Transporte, Franco Mogetta, en el Aviation Day Argentina organizado por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI-LAC) en el hotel Hilton.
“Dentro de un mes vienen a ver si corregimos la situación y la realidad es que cuando llegamos al Gobierno no había nada hecho, nada escrito. Ahora, tenemos un plan de acción en conjunto con la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y avanzamos bastante. Tenemos todo lo que es procedimiento completo, pero después hay que producir la evidencia de que implementaste la acción y no sabemos si llegamos con los tiempos”, explicó Cordero.
Hay riesgo de que el país baje de la categoría 1 en que se encuentra a la 2, lo que ocasionaría, cuanto menos, un daño reputacional. “No se podrían incrementar vuelos con los Estados Unidos, pero los acuerdos bilaterales que se firmaron con distintos países no corren riesgo. Esto es producto de una degradación del organismo que viene de años. Nosotros no tenemos la culpa, pero asumimos la responsabilidad”, agregó la funcionaria.
“Esto viene de la gestión anterior. Cuando asumimos ya había observaciones presentadas y ahora, en el último mes, nos han hecho una presentación con los hallazgos que se encontraron de incumplimientos de normas internacionales”, indicó ayer el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, durante su paso por la Cámara de Diputados.
“Las observaciones están siendo analizadas y contestadas por el Gobierno, pero pueden significar una baja en la categoría del sistema nacional, con las consecuencias que eso va a implicar para toda la actividad aerocomercial en el futuro”, añadió Francos.
En junio de 2002, la FAA determinó que los aeropuertos argentinos no tenían una supervisión segura para las compañías aéreas que se ajustara a los parámetros fijados por la OACI. Por lo tanto, decidió llevar al país a la categoría 2. Eso implicó que ciertas empresas no pudieran entrar a los Estados Unidos, con excepción de las que ya habían entrado y tenían derecho adquirido.
La Argentina recién volvió a la categoría 1 en 2005, después de tres años. Esta categoría se otorga cuando el país evaluado cuenta con las regulaciones necesarias para sostener la certificación y supervisión operativa de las aerolíneas, en concordancia con estándares internacionales de máxima de seguridad, en cuanto a mantenimiento, adiestramiento de personal y de tripulaciones aeronáuticas, así como su estado psicofísico e idoneidad. También indica que las autoridades aeronáuticas realizan vigilancia permanente sobre las operaciones aéreas.
El vocero presidencial reveló que alcanzará a 108 trabajadores y que le retendrán entre 50 y 150 mil pesos de los salarios. "No entendemos por qué tanta barbarie", sentenció
Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.
Nuevo centro comercial en Recoleta. Prevé abrir sus puertas en los próximos meses en el predio del ex Buenos Aires Design, contando con 30.000 metros cuadrados, 110 locales y 30 propuestas gastronómicas.
Llegada de etiquetas inéditas al país. Firmas internacionales como Stella McCartney, Off-White, Golden Goose, Palm Angels, Scotch & Soda, Dsquared2 y Mandarina Duck tendrán por primera vez locales en la Argentina.
Moda automotriz y un esperado regreso. Maserati estrenará un espacio exclusivo destinado a su línea de indumentaria y accesorios, mientras que la firma francesa de trajes de baño Vilebrequin volverá a operar en el país.
Impulso importador y capitales nacionales. La llegada de estas grandes marcas globales se da en el marco de la reciente apertura de importaciones, dentro de un proyecto financiado por el grupo argentino Hatzlaja.