El nuevo decreto del Gobierno regula los requisitos para acceder a pensiones por invalidez, luego de una auditoría que detectó inconsistencias en el sistema
El Gobierno nacional anunció este lunes modificaciones en los requisitos para acceder a pensiones no contributivas por invalidez, a través del Decreto 843/2024, publicado en el Boletín Oficial. La medida responde a los primeros resultados de una auditoría realizada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que reveló importantes irregularidades en las bases de datos de beneficiarios.
Según la auditoría, de las primeras 10.900 pensiones revisadas en la región metropolitana, que abarca más de 330.000 beneficios otorgados, la mayoría de los pensionados no residía en los domicilios declarados, y menos de la mitad cumplía con los requisitos establecidos para acceder a dicha prestación. Ante estos resultados, el Gobierno decidió implementar una serie de controles más estrictos para corregir estas irregularidades y evitar abusos en el sistema.
En las redes sociales, el ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, dio detalles sobre el impacto del sistema actual y los cambios que se avecinan. "El sistema le cuesta al Estado 3.400 millones de dólares por año, lo que equivale al 3,5% del presupuesto de 2025. El nuevo decreto vuelve a exigir lo obvio respecto de este gasto: que la pensión por invalidez requiera invalidez y que los beneficiarios no posean un vínculo laboral dado que la pensión fue creada para quienes no pueden trabajar", indicó Sturzenegger. Además, destacó que esta medida "da otro paso para construir un Estado más justo y austero".
El decreto establece nuevos procedimientos para detectar y corregir las irregularidades identificadas en el sistema, asegurando que quienes realmente necesitan el beneficio sean los únicos en recibirlo. Este ajuste en las reglas busca poner fin a lo que el Gobierno ha calificado como un abuso del sistema durante las administraciones anteriores.
La auditoría de la ANDIS no solo reveló inconsistencias en la residencia de los beneficiarios, sino también numerosos casos de incompatibilidades con los requisitos establecidos. Entre las irregularidades más notorias, se encontraron casos como el de un pensionado cuyo hijo afirmó que su padre se encontraba en Egipto "desde hacía meses", o el de una mujer que intentó hacerse pasar por su esposo fallecido, de lo cual no existía registro en los sistemas estatales.
Federico Sturzenegger subrayó en redes sociales que las irregularidades no son un fenómeno reciente y que el número de beneficiarios de pensiones no contributivas creció de manera exponencial durante los gobiernos kirchneristas. "Entre 1999 y 2003, las pensiones se mantuvieron en torno a 80.000 beneficiarios, pero entre 2004 y 2015 ese número creció un 1225%, hasta llegar a 1.060.000", explicó el funcionario. Sturzenegger también criticó que, con el regreso del kirchnerismo en 2019, el número de beneficiarios volvió a incrementarse hasta alcanzar 1.200.000, lo que representa el 2,6% de la población total y el 5,5% de la población económicamente activa.
Las autoridades encargadas de la auditoría estiman que el fraude detectado podría representar un desvío de fondos estatales de entre 1.200 y 2.000 millones de dólares al año. Por eso, las medidas adoptadas buscan corregir estos desvíos y garantizar que los recursos públicos lleguen a quienes realmente los necesitan.
Diego Spagnuolo, responsable de la ANDIS, confirmó que la auditoría se extenderá a la totalidad del padrón de beneficiarios de pensiones por invalidez, lo que implica la revisión de cada uno de los casos. "No podemos cometer el error de sacarle la pensión a quien le corresponde. Citaremos a todos y la evaluación será con criterio médico y socioeconómico. Habrá instancias de verificación", adelantó Spagnuolo.
El Decreto 843/2024 establece un conjunto de requisitos más estrictos para acceder a las pensiones no contributivas por invalidez. Estos cambios buscan asegurar que solo aquellos que realmente se encuentran incapacitados para trabajar puedan recibir el beneficio.
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a cargo de Diego Spagnuolo, realizó una auditoría interna sobre las pensiones por invalidez laboral. ¿Quién manejaba la quinta caja más grande del gobierno de Alberto Fernández?
Este proceso podría afectar a entre 120.000 y 160.000 pensionados, quienes perderían el acceso a estas ayudas en los próximos meses.
Nuevo centro comercial en Recoleta. Prevé abrir sus puertas en los próximos meses en el predio del ex Buenos Aires Design, contando con 30.000 metros cuadrados, 110 locales y 30 propuestas gastronómicas.
Llegada de etiquetas inéditas al país. Firmas internacionales como Stella McCartney, Off-White, Golden Goose, Palm Angels, Scotch & Soda, Dsquared2 y Mandarina Duck tendrán por primera vez locales en la Argentina.
Moda automotriz y un esperado regreso. Maserati estrenará un espacio exclusivo destinado a su línea de indumentaria y accesorios, mientras que la firma francesa de trajes de baño Vilebrequin volverá a operar en el país.
Impulso importador y capitales nacionales. La llegada de estas grandes marcas globales se da en el marco de la reciente apertura de importaciones, dentro de un proyecto financiado por el grupo argentino Hatzlaja.