El Gobierno argentino prohibió el traspaso de cárceles de presos que cambien de género
Por medio de un Decreto presidencial, se estableció que la administración penitenciaria asignará el lugar de alojamiento, reubicación o traslado de la persona privada de la libertad en función del sexo al momento del hecho por el cual se ordenó su detención.
El Gobierno nacional oficializó este jueves la prohibición de traspaso de cárceles de reclusos que cambien de género.
A través del Decreto 61/2025 y a fin de eliminar estadio "irrazonable" en el reconocimiento de un derecho, que "puede ser empleado para poner en peligro la vida de terceros", se estableció que la administración penitenciaria asignará el lugar de alojamiento, reubicación o traslado de la persona privada de la libertad en función del sexo al momento del hecho por el cual se ordenó su detención.
"La habilitación de un traslado de establecimiento sin que medie la realización de un análisis objetivo y profundo que permita tener en cuenta los posibles riesgos que la medida representa para los otros internos, no sólo desconoce el principio de razonabilidad de los actos estatales, sino que vulnera los derechos humanos de las personas alojadas en los establecimientos penitenciarios", sumó el texto en un apartado del Considerando.
¿Cómo se asignará el lugar de alojamiento, reubicación o traslado de un recluso en las cárceles de Argentina?
El Decreto 61/2025 firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros de Justicia y Seguridad, Mariano Cúneo Libarona y Patricia Bullrich, respectivamente, especificó que no podrá disponerse el alojamiento en un establecimiento penitenciario destinado a mujeres, de una persona que haya tramitado la rectificación registral de su sexo, cuando:
a) la privación de la libertad sea dispuesta por la comisión de un delito previsto en los Títulos I, III o V del Libro Segundo del CÓDIGO PENAL o por cualquier otro delito cuando hubiere sido cometido con violencia hacia una mujer; o
b) la evaluación técnica realizada por la autoridad administrativa penitenciaria determine que su alojamiento en un establecimiento penitenciario, signifique un riesgo para la seguridad, la integridad física, psíquica o moral o la vida de los demás internos del establecimiento penitenciario.
El Gobierno obliga a todos los presos a realizar tareas de limpieza y mantenimiento durante cinco horas diarias.
Además, el artículo 2° enfatizó que la autoridad competente para la dirección de los establecimientos penitenciarios deberá denegar cualquier solicitud de reubicación o de traslado dentro de la misma jurisdicción, a la persona que con posteridad al hecho por el cual se ordenó su detención inicie el procedimiento de rectificación registral del sexo, del nombre de pila y de la imagen previsto en la Ley N° 26.743.
Por su parte, los establecimientos penitenciarios deberán adoptar las medidas necesarias para resguardar la seguridad de las personas que se encuentren tramitando o que ya hubieren finalizado un procedimiento de rectificación registral del sexo, en los términos de la Ley N° 26.743.
"En ningún caso podrán adoptarse medidas que puedan representar un riesgo para la seguridad, la integridad física, psíquica o moral, o la vida de los demás internos del establecimiento penitenciario", sentenció el artículo 3°.
El Ejecutivo modificará la Ley de Identidad de Género para impedir cirugías y hormonización en menores y endurecer criterios para traslados de detenidos.
El presidente criticó el tratado internacional sobre cambio climático y cuestionó la agenda ambientalista. También habló sobre el Mercosur y Estados Unidos
El anuncio. Lo informó Federico Sturzenegger en su cuenta de X. El Decreto 1023/26 lleva su firma, junto a la del presidente Javier Milei y a la del jefe de Gabinete, Diego Santilli.
El alcance. Unos 20.000 empleados públicos de diferentes áreas de la administración son elegibles para participar, si así lo desean.
Restricciones. Para evitar una puerta giratoria quienes participen no pueden volver a la administración o deben devolver el dinero previamente.
Debate. El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces comienza abrirá el tercer proceso judicial por corrupción contra la expresidenta Cristina Kirchner, además de tener por primera vez en el banquillo de los acusados al diputado Máximo Kirchner.
Inicio. La primera audiencia está prevista para este viernes en la Sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, a la que ambos asistirán de manera virtual.
Lavado de dinero y asociación ilícita. La investigación se centra en un mecanismo que habría usado la firma hotelera e inmobiliaria para blanquear retornos provenientes de la obra pública.
Acusados y testigos. Las causas tienen 19 acusados, entre ellos Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa. En total, ambas causas reunían más de 300 testigos, pero las partes acordaron reducir la lista para darle celeridad al debate.
Indagatorias y bienes inhibidos. A pedido de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, el juez Ariel Lijo citó para el 29 de octubre a los hermanos Jonathan y Emanuel Kovalivker. En total convocó a 36 imputados, que declararán hasta el 26 de noviembre, y decretó la inhibición general de bienes de todos los involucrados para evitar que los activos se vuelvan inalcanzables para el Estado.
Una droguería que actuaba como “dueña” de la agencia. Según los fiscales, la Suizo Argentina recibía información anticipada, controlaba las compulsas, fijaba precios con sobreprecios y usaba a Génesis S.A. como firma interpuesta. También habría dado órdenes sobre a qué firmas pagar y a quién designar o despedir dentro de la ANDIS.
Más de $137.000 millones en compras. Entre mayo de 2024 y agosto de 2025, la droguería obtuvo órdenes de compra por esa cifra, que los fiscales atribuyen a competencias simuladas y valores arbitrarios. Lijo también amplió la indagatoria de tres ya procesados por asociación ilícita: Atchabahian, Calvete y Arnaudo.
La versión de la empresa. Suizo Argentina rechazó las imputaciones y los sobreprecios y cuestionó las pruebas incorporadas a la causa, que calificó como un relato armado con mensajes y audios de personas que, según la compañía, en algunos casos nunca tuvieron vínculo con ella. Sostuvo que la ANDIS era uno de más de 10.000 clientes y que el 95% de su facturación proviene del sector privado, y afirmó que “la inocencia es total”.
