El procedimiento fue llevado adelante por la Policía de la Ciudad junto con personal del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal, de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y de la Aduana
La Policía de la Ciudad, junto con el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal, la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y la Aduana, confiscaron más de 2.300 termos que podrían ser perjudiciales para la salud, los cuales se encontraban a la venta en locales del barrio de Balvanera.
Estos procedimientos se llevaron a cabo tras una investigación de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), dirigida por el Dr. Carlos Rolero Santurián y la Secretaría Única del Dr. Bomparola. La inspección abarcó varios comercios dedicados a la venta de productos importados, situados en Pasteur al 200 y 300, Larrea al 300, Bartolomé Mitre al 2200, Azcuénaga al 100 y 300, y Junín al 400.
La División Investigaciones Complejas de la Policía de la Ciudad, junto con la CIJ, la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFYC) y la AGC lideraron el operativo. En éste, se confiscaron 2.300 termos y mates metálicos valuados en aproximadamente 38 millones de pesos. Asimismo, se imputaron a once personas, propietarias de los locales, por infracción a los artículos 201 y 289 del Código Penal Nacional.
La incautación se efectuó luego de comprobar que los termos eran potencialmente tóxicos y nocivos para la salud, ya que no eran aptos para contener líquidos de consumo humano. Estos productos no estaban fabricados con acero 304, como lo exigen las normativas vigentes.
Además, durante los procedimientos se verificó que los termos no cumplían con el material autorizado por el Código Alimentario Argentino.
Por su parte, el personal de Aduana señaló que los artículos no tenían la documentación respaldatoria correspondiente ni el timbre fiscal necesario.
Frente a esta situación, el fiscal Carlos Rolero Santurián imputó a los responsables de los locales por la venta de productos tóxicos para la salud (artículos 201 y 289 del Código Penal), sin perjuicio de otros delitos que puedan surgir. También ordenó el secuestro de todos los termos en infracción y la clausura del comercio en la calle Pasteur, por no cumplir con las condiciones requeridas por los organismos públicos.
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